El día martes pasado, el Gobierno informó que ofrecía la nacionalidad chilena a más de 300 opositores privados de su nacionalidad. Ofrecimiento que también han realizado Argentina, México y Colombia en América Latina.
La medida, coherente con la posición crítica que el Presidente Boric ha sostenido respecto de la crisis democrática que vive Nicaragua, fue aplaudida desde el Frente Amplio y Socialismo Democrático. No obstante, ha generado reacciones distintas en la vertiente comunista del oficialismo.
A pesar de que en declaración pública el Partido Comunista “lamenta la medida de destierro de 222 ciudadanos nicaragüenses mediante proceso administrativo”, puntualiza que lo hace “sin pretender con esta opinión, intervenir en los asuntos internos de ese país hermano”.
Por otra parte, evita un respaldo específico a la medida de ofrecer nacionalidad a los opositores expatriados, haciendo una formulación general que expresa que “Chile ha tenido históricamente, salvo durante la dictadura civil – militar, una reconocida política exterior de asilo a perseguidos políticos y esperamos esto se mantenga no dejando a algunos pueblos en desmedro de otros”.
A esta declaración oficial, se sumaron las declaraciones del Alcalde Daniel Jadue quien cuestionó la posición del Gobierno al decir “que era inadecuado que representantes de otros países tengan palabras y opiniones sobre problemas externos. Yo le recomendaría al gobierno que se preocupe de las problemáticas que hay en el país”.
Las respuestas no se dejaron esperar. El Gobierno, en palabras de la Ministra Tohá, señaló que el Alcalde “definitivamente tiene una visión muy distinta de lo que es el compromiso con los derechos humanos de un país. Chile tiene un compromiso con los derechos humanos y ciertamente va más allá de nuestras fronteras. Nos preocupan los derechos de los seres humanos en todo el mundo”.
También se pronunciaron los senadores Insulza y Elizalde desde el Partido socialista, quienes manifestaron su apoyo a la medida y criticaron las declaraciones de Jadue, señalando Elizalde que “No podemos aceptar ningún tipo de doble estándar”.
Por su parte, en declaración pública Plataforma Socialista del Frente Amplio aplaudió la decisión del Gobierno de otorgar la nacionalidad a los demócratas nicaragüenses, opositores a la dictadura de Ortega-Murillo, facilitando su necesaria protección internacional.
Si bien el tema de Nicaragua vuelve reflejar diferencias evidentes al interior de las fuerzas que apoyan al Gobierno, tal como ocurrió en el contexto de las elecciones del hermano país y de nuestra campaña presidencial (noviembre de 2021), es importante resaltar que en este caso existe consenso en reconocer el derecho a la nacionalidad de todos y todas, también que frente a la denegación de este derecho, el país debe estar siempre disponible a ofrecer su solidaridad y apoyo. La declaración del PC, más allá de interpretaciones sesgadas de algunos medios, reconoce ambos aspectos.
Otra cosa son las declaraciones del Alcalde Jadue, quien en un estilo disruptivo ya frecuente, pretende pautear al Gobierno en su política exterior para que renuncie a la defensa de los derechos humanos en todo lugar y frente a todo tipo de regímenes que los vulneren.
La cárcel, tortura y confiscación de bienes realizada por el régimen de Ortega y Murillo, que ahora se extiende en exilio y apatridia, nos trae el vivo recuerdo de las atrocidades comenzadas por Pinochet hace 50 años en nuestro país. El honor con que muchos de los sandinistas expatriados lo dieron todo en la revolución triunfante en 1979 no se borra con medidas administrativas injustas y arbitrarias.
Miguel Jara Gómez. Colaborador Equipo de El Maipo
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