Lima, 18 feb. Manifestantes opositores desafiaron prohibiciones municipales y marcharon por áreas del centro de la capital peruana, en el tercer mes de las protestas que demandan la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
Los marchistas, jóvenes en su mayoría, intentaron incluso llegar a la casa de la jefa de Estado, en el municipio limeño de Surquillo, pero fueron contenidos por un fuerte cordón policial.
Las movilizaciones fueron convocadas para converger desde los barrios del sur y del norte de la ciudad, respectivamente, en la plaza Dos de Mayo, en el centro de Lima, y en el centro del exclusivo distrito de Miraflores.
Tanto el alcalde provincial de Lima, Rafael López-Aliaga, como el distrital de Miraflores, Carlos Canales, ambos del partido de derecha extrema Renovación Popular, prohibieron las marchas en sus jurisdicciones, alegando la protección del patrimonio monumental en Lima y la integridad urbana en Miraflores.
Un fuerte despliegue de seguridad aguardó a los manifestantes, pero no pudo evitar que parte de ellos llegaran a los puntos de concentración.
Los del lado sur llegaron a la plaza Dos de Mayo, vetada para protestas y avanzaron pacíficamente por el centro de la ciudad, pero la Policía les lanzó gases lacrimógenos para dispersarlos.
En Miraflores, elementos del grupo neofascista “La Resistencia” intentaron perturbar y provocar a los manifestantes opositores, sin que se llegara al enfrentamiento.
Parte de los manifestantes marcharon después por las calles de Miraflores y llegaron al contiguo distrito de Surquillo, donde la columna de vecinos de la zona llamó a avanzar a la casa de la presidenta, aunque una fuerte barrera policial les cerró el paso.
Entretanto, en el interior hubo bloqueos de carreteras en 50 puntos de 15 provincias, según informe oficial, y marchas, concentraciones y paros en ocho provincias.
Las protestas continuaron, si bien con menor intensidad respecto a hace unas semanas, pese a que la presidenta Boluarte llamó en las primeras horas a cesar las manifestaciones y dialogar con el Gobierno sobre proyectos de desarrollo para las regiones, lo que implica dejar de lado las demandas exclusivamente políticas de los descontentos.
Además de la renuncia de la mandataria, los manifestantes exigen prontas elecciones generales adelantadas y un referendo sobre la convocatoria a una asamblea constituyente.
La mandataria hizo su reiterado llamado en la partida de una remesa de dinero en efectivo para el pago de sueldos, pensiones y bonos sociales, así como medicinas para los hospitales, a la región surandina de Puno, principal bastión de las protestas.
Los bloqueos viales, huelgas, marchas y otras acciones comenzaron tras la destitución parlamentaria y detención del presidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre.
Fuente: El Maipo/PL
