Mientras bloquean reformas de protección en el Congreso, restringen derechos a niños migrantes nacidos en el país en plena crisis de natalidad, y blindan en el Senado a defensores de abusadores de menores en sus propias filas, los sectores conservadores instrumentalizan el drama haitiano. Una radiografía de cómo la niñez se convirtió en el botín comunicacional de quienes siempre le han dado la espalda.
La reciente denuncia sobre el destino desconocido de más de 200 niños haitianos que ingresaron al país en circunstancias sospechosas ha tomado por asalto la agenda comunicacional en Chile. Desde la centroderecha hasta la extrema derecha, las declaraciones hiperventiladas de indignación se multiplican. Prometen perseguir con severidad a quienes «hicieron la vista gorda» y exigen de inmediato comisiones investigadoras express convocando incluso a los distintos Poderes del Estado a reuniones de emergencia. “Aquí gente tiene que ir a la cárcel” sentenciaba categórica en un matinal la excandidata presidencial Evelyn Matthei, hace pocas horas.
Sin embargo, detrás de esta repentina efervescencia por la protección de la niñez no hay un cambio de convicciones, sino un uso político calculado. La historia legislativa, judicial y las conductas internas de estos sectores demuestran que la defensa de las infancias vulneradas simplemente no está en su matriz ideológica.
Para sostener esta afirmación no se necesitan consignas, sino revisar los datos, los nombres y los votos. En primer lugar, la derecha ha sido el principal dique de contención para evitar que Chile supere su crisis estructural de protección infantil. Cuando el Comité de los Derechos del Niño de la ONU dictaminó en 2018 que el Estado chileno violó de forma masiva y sistemática los derechos de miles de niños bajo su tutela, la respuesta política del sector no fue desmantelar el modelo.
Por el contrario, durante la tramitación de la ley que creó el servicio Mejor Niñez, los parlamentarios del bloque oficialista de la época —representados por la UDI, Renovación Nacional y Evópoli— votaron para mantener inalterado el Artículo 41, que ampara la “subvención por voucher” regulada por la Ley 20.032.
Defendieron un sistema que – tal como denunció el exdiputado y hoy gobernador de La Araucanía, René Saffirio- mercantiliza la infancia y genera un incentivo económico perverso para mantener a los menores internados. En segundo lugar, el comportamiento parlamentario ante la Ley de Garantías de la Niñez (Ley 21.430) desnudó su verdadera doctrina. Diputados y senadores de Chile Vamos y el Partido Republicano no solo boicotearon su tramitación, sino que acudieron en bloque al Tribunal Constitucional (TC) para intentar derribar el concepto de “autonomía progresiva”.
El argumento esgrimido públicamente por sus voceros fue que la ley «pretendía quitarle la tuición de los hijos a los padres», subordinando la condición del niño como sujeto de derechos al control parental absoluto.
Paralelamente, en cada discusión presupuestaria, las bancadas de derecha han priorizado de manera insistente los recursos destinados al control del orden público, mientras condicionan y restringen los aumentos basales para programas de salud mental de alta complejidad de los menores bajo tutela estatal, prefiriendo volcar su agenda hacia la reducción de la edad de imputabilidad penal adolescente.
Esta hostilidad hacia la niñez adquiere un tinte de irracionalidad demográfica en la agenda migratoria del sector. Mientras el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) acaba de alertar que Chile enfrenta una crisis terminal de natalidad con un récord histórico de 0,99 hijos por mujer (muy lejos del 2,1 necesario para el reemplazo poblacional), la derecha y la extrema derecha dedican sus esfuerzos legislativos a promover la eliminación del ius soli (derecho a la nacionalidad por nacimiento) para los hijos de extranjeros en situación irregular. Su estrategia declarada es limitar al mínimo los derechos primarios de estos niños —como el acceso garantizado a la salud y educación temprana— bajo la cruel premisa de usarlos como “elemento disuasivo” para que sus familias decidan marcharse del país.
Para este sector, la pureza ideológica de su agenda de fronteras está por encima del recambio demográfico y de la dignidad humana de un recién nacido. El contraste más violento de esta doble vara se observa al mirar hacia las propias filas del sector. El caso de Javier Macaya ilustra de forma descarnada el nivel de tolerancia que la derecha tradicional tiene frente a la agresión contra menores de edad cuando el victimario pertenece a sus círculos de poder.
El Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando dictó un veredicto unánime condenando a su padre, el empresario vitivinícola Eduardo Macaya Zentilli, a una pena de seis años de presidio efectivo por cuatro delitos de abuso sexual infantil reiterado contra menores de 14 años, fallo ratificado en su totalidad por la Corte Suprema. Lejos de ponerse del lado de las víctimas —sus propias sobrinas—, el entonces senador y presidente de la UDI utilizó las pantallas de televisión para declarar: «Evidentemente, como hijo, estoy al lado de mi padre», cuestionando las pruebas de las menores. Aunque renunció a la presidencia del partido, la derecha lo mantiene en su escaño del Senado, donde incluso omitió inhabilitarse para emitir el voto decisivo que aprobó un proyecto de ley para excarcelar a delincuentes mayores de 70 años, medida que beneficia directamente a su progenitor.
Esta misma indolencia institucional es la que exhiben frente al pasado. Mientras hoy exigen castigar penalmente las omisiones del caso haitiano, ese mismo sector político ha mantenido un blindaje histórico frente a los más de 20 mil niños chilenos robados y adoptados ilegalmente en el extranjero durante la dictadura civil-militar.
En el Congreso Nacional, diputados de las bancadas de la UDI y RN dilataron las comisiones investigadoras de las adopciones ilegales, acusaron “aprovechamiento político” de la izquierda y votaron sistemáticamente para matizar los informes finales, con el objetivo explícito de exculpar al régimen de Pinochet y proteger el historial de corporaciones como CEMA Chile.
Para ellos, las 20 mil vidas rotas en dictadura fueron solo “delitos de civiles particulares”; pero 200 niños extranjeros en la actualidad sí justifican apuntar al aparato estatal.
¿Por qué este súbito interés por los niños haitianos? La respuesta es simple: porque este caso alimenta perfectamente su matriz discursiva de seguridad nacional, control de fronteras y criminalización migratoria. La infancia vulnerable les resulta útil solo cuando sirve como herramienta para golpear la gestión de sus adversarios políticos o para validar políticas de expulsión masiva.
El statu quo que la derecha defiende en el Congreso, sumado a la complicidad activa con agresores internos y el intento de precarizar a los hijos de inmigrantes a costa del propio futuro demográfico del país, demuestra que su preocupación no es el bienestar del niño, sino la rentabilidad política del relato.
Utilizar el drama de la trata infantil para hacer gárgaras morales, mientras se ha bloqueado activamente cada reforma real para proteger a los niños en Chile, es el retrato vivo del oportunismo. La niñez merece protección universal y dignidad, no ser el botín comunicacional de quienes siempre, por ideología o por privilegios de clase, le han dado la espalda.
*Constanza Shaub, periodista. equipo de elmaipo.cl
