Comenzó la discusión general del proyecto de ley que modifica la Ley de Migración y Extranjería, para tipificar el delito de ingreso irregular al territorio nacional en la Comisión de Seguridad de Diputados.
Nuevamente, los sectores políticos de la derecha enfrentan la incertidumbre y el delito entrando en la autopista de la historia en sentido contrario, queriendo volver al pasado, a las leyes de la dictadura al pretender restaurar como delito el ingreso irregular a Chile.
Vemos confundir migración con delincuencia que son cosas diferentes y opuestas en sus consecuencias. Por lo tanto pretender sacrificar a una (la migración) para combatir la otra (delincuencia) es una injusticia, un error forzado, que no corresponde a una necesidad del proceso, es algo que daña a la democracia, a la migración y está lejos de combatir el delito.
Corresponde recordar que esta vinculación falaz de migración y delincuencia (comporta por sus consecuencias sociales de incremento de la xenofobia y el racismo) constituye un incumplimiento del art.10 de la Convención sobre Trabajadores migrantes que señala: “Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
El Art. 13,d, de la Convención señala la necesidad de “Prevenir toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia”, el discurso resultante del debate legislativo y político en torno a este proyecto genera un clima favorable a la hostilidad hacia la migración.
La desprotección colectiva y abandono de las poblaciones migrantes y de las regiones de acogida se ha hecho patética y no se aborda adecuadamente. Las migraciones con pocos de sus derechos reconocidos, en franco retroceso legal, la población en general, sin políticas interculturales (a 30 años de crecimiento de la migración en el país), con el abandono histórico de los territorios en el norte (en salud, educación, vivienda, etc.) y además del abandono frente a la llegada de personas migrantes y las necesidades que eso crea.
Es sorprendente como se cree imaginariamente que expulsar y colocar leyes restrictivas puede colaborar a reducir el delito y disminuir la migración. Esta creencia tiene malos resultados y consecuencias autoritarias en el ejercicio del poder político.
Todos los estudios en torno a la eficacia de la detención preventiva, al endurecimiento de penas o a la generación de barreras a la migración no han mostrado resultados favorables, sino lo contrario.
La seguridad no se genera violando los derechos humanos de personas. La seguridad humana implica el respeto de los derechos humanos y fortalece la democracia, la legitima de la mejor manera.
El camino del populismo punitivo, no resuelve ningún problema de los que pretende ocuparse, peor aún, engaña a la población con supuestas “medidas infalibles de combate al delito” consistentes sólo en acrecentar las penas o culpar de sus causas a “factores externos” como las personas migrantes, como lo hacen sectores conservadores.
Nunca se puede olvidar que los Estados están comprometidos, de conformidad con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, a respetar y asegurar a todos los trabajadores migratorios y sus familiares que se hallen dentro de su territorio o sometidos a su jurisdicción los derechos previstos por la Convención, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición como puede ser su situación migratoria.
NI MÁS, NI MENOS DERECHOS, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN ¡ESA ES LA SOLUCIÓN!
Para El Maipo, Eduardo Cardoza, Coordinador del Movimiento de Acción Migrante en Chile, Red Nacional de Migrantes y Promigrantes de Chile.
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