El ministro Fernando Rabat instruyó una investigación interna para determinar cómo llegaron a la prensa los documentos que concedieron beneficios penitenciarios a 56 personas. La medida se conoce en medio de los cuestionamientos al Gobierno por las decisiones y la falta de entrega de los antecedentes.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos abrió un sumario interno para investigar la filtración de decretos que concedieron rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, en una controversia que continúa generando cuestionamientos políticos y demandas de transparencia.
La investigación fue instruida por el ministro Fernando Rabat y busca establecer cómo se difundieron los documentos, identificar el origen de las filtraciones y determinar eventuales responsabilidades administrativas.
La apertura del procedimiento fue confirmada por el subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, Gonzalo Arenas, quien explicó que la indagatoria apunta también a verificar si se cumplieron las medidas de resguardo de información sensible, especialmente aquella relacionada con las víctimas.
«Al ver que hay tanta información circulando en muchos medios, por supuesto que el ministro tenía que establecer algún sumario para ver si se estaban resguardando o no las medidas que corresponden a este tipo de delitos, sobre todo pensando en las víctimas», sostuvo Arenas.
Los 56 decretos que mantienen la polémica
La controversia se originó tras conocerse que el Ministerio de Justicia había firmado 56 decretos de rebaja de condena durante la actual administración, correspondientes a personas condenadas por delitos sexuales.
Según los antecedentes publicados por BioBioChile, 27 de esos decretos corresponden a casos de abuso sexual contra menores, mientras que los otros 29 se relacionan con distintos delitos sexuales contra menores.
Las decisiones generaron cuestionamientos desde sectores de oposición y también del oficialismo, particularmente por los criterios jurídicos utilizados para conceder los beneficios y por la situación de las víctimas.
En medio de las críticas, el Gobierno anunció el 23 de octubre la suspensión de la tramitación de nuevos decretos de rebaja de condena y comprometió modificaciones legales para restringir el acceso a estos beneficios en casos de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
Sin fecha para entregar los antecedentes
Otro de los puntos que mantiene abierto el conflicto es la falta de entrega de los decretos solicitados por parlamentarios y organismos vinculados a la protección de la niñez.
La oposición recurrió a la Contraloría General de la República para solicitar que se revise la actuación del Ministerio de Justicia y se determinen eventuales responsabilidades por la demora en responder los requerimientos de información.
Arenas confirmó que los documentos serán entregados resguardando los antecedentes reservados y la identidad de las víctimas. Sin embargo, el ministro Rabat señaló que todavía no existe un plazo definido para ponerlos a disposición.
La apertura del sumario busca esclarecer las circunstancias de la filtración, pero mantiene pendiente la discusión sobre los fundamentos de las rebajas de condena, los criterios aplicados por el ministerio y el acceso de las instituciones fiscalizadoras a los antecedentes.
El Maipo
