El Ejecutivo anunció que pondrá discusión inmediata a la iniciativa que busca derogar la Ley 19.856, vigente desde 2003. La decisión se produce tras la polémica por los beneficios otorgados a condenados por delitos sexuales contra menores y mientras la oposición cuestiona la gestión del Ministerio de Justicia.
El Gobierno del Presidente José Antonio Kast anunció que pondrá discusión inmediata al proyecto de ley que busca eliminar el sistema de rebaja de condenas establecido en la Ley 19.856, en medio de la crisis política generada por los beneficios penitenciarios concedidos durante la actual administración.
La decisión fue comunicada por el subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, Gonzalo Arenas, luego de un comité político encabezado por el Mandatario en La Moneda.
La iniciativa busca derogar completamente la normativa que permite reducir el tiempo de cumplimiento de las penas a personas condenadas que acrediten un comportamiento sobresaliente durante su permanencia en prisión.
El Ejecutivo respaldará una propuesta parlamentaria impulsada transversalmente por senadores de distintos sectores, entre ellos Andrés Longton, Arturo Squella, Pedro Araya y Karim Bianchi.
«Vamos a patrocinar un proyecto de ley para eliminar esa ley de rebaja de condenas, para que no solamente en casos de delitos sexuales se excluya ese beneficio, sino que en todo caso», señaló Arenas.
Del cuestionamiento por delitos sexuales a la eliminación de la ley
La discusión se intensificó después de conocerse los decretos que concedieron rebajas de condena a personas sentenciadas por distintos delitos, entre ellos abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
Los antecedentes provocaron cuestionamientos al ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la interpretación jurídica utilizada para otorgar los beneficios y por las consecuencias de esas decisiones.
Inicialmente, el Gobierno había anunciado medidas para impedir que personas condenadas por delitos sexuales contra menores accedieran a estas rebajas. Sin embargo, la nueva decisión amplía el alcance de la respuesta legislativa: ahora busca eliminar el beneficio para todas las personas condenadas, independientemente del delito.
La Ley 19.856 fue promulgada en 2003 y establece un sistema de reducción de condenas asociado a la conducta de las personas privadas de libertad. Su eventual derogación deberá ser discutida y aprobada por el Congreso antes de convertirse en ley.
Gobierno descarta cambios en el gabinete
Durante la misma vocería, Gonzalo Arenas descartó que el Ejecutivo esté preparando modificaciones en el gabinete ministerial, pese a los cuestionamientos que enfrenta Fernando Rabat.
«No hay cambios de gabinete actualmente en nuestro Gobierno, todos los ministros cuentan con la confianza del Presidente de la República», afirmó el subsecretario.
De esta manera, el Gobierno ratificó la continuidad del titular de Justicia, mientras enfrenta las críticas por los decretos de rebaja de condenas y las solicitudes de explicaciones sobre los criterios utilizados para concederlos.
La discusión inmediata busca acelerar el debate parlamentario, pero la derogación de la Ley 19.856 todavía no está aprobada. Mientras tanto, siguen pendientes las preguntas sobre los beneficios ya concedidos, sus fundamentos y las medidas para resguardar los derechos de las víctimas.
El Maipo
