Junto a los aires iberoamericanos que aún baten en la República Dominicana luego de la celebración de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno el 25 de marzo, quedaron las ideas de la necesidad de construir un mundo más justo, tal como lo señaló el presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel, quien durante su intervención en el cónclave expreso la necesidad de consolidar un mundo más justo, solidario y sostenible, que avance hacia el desarrollo y la prosperidad de los pueblos.
En este marco, la Declaración de Santo Domingo, aprobada en esta XXVIII Cumbre, plasma un sin número de aspectos de vital importancia sobre los cuales Ecuador, elegida secretaria pro tempore de la Conferencia Iberoamérica, debe trabajar con el resto de los países integrantes de esta comunidad.
Entre los 49 puntos recogidos en el documento destacan la necesidad de superar las brechas profundizadas por la pandemia de la Covid-19, y la implementación de acciones de mitigación y adaptación para combatir los efectos del cambio climático y la pérdida de la biodiversidad.
También sobresale la reafirmación de los países miembros del apoyo al multilateralismo, a la solidaridad, el diálogo y la cooperación internacional, consagrados en el acervo iberoamericano, a fin de promover los pilares fundamentales de las Naciones Unidas: paz y seguridad, desarrollo y derechos humanos.
Asimismo aboga por trabajar por la paz completa, justa y duradera en todo el mundo basada en los principios de la Carta de las Naciones Unidas, incluyendo los de igualdad soberana e integridad territorial de los Estados, que contribuirá, además, a poner fin a los efectos adversos de las guerras.
Sostiene que Iberoamérica requiere avanzar ordenada y decisivamente hacia una recuperación postCovid-19, orientada a la disminución de las desigualdades mediante una reestructuración inclusiva, justa y sin obstáculos para el desarrollo de las sociedades del área, impulsando los compromisos con la agenda global de desarrollo sostenible.
Rechaza la aplicación de medidas coercitivas unilaterales violatorias del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, que obstaculizan la capacidad de los Estados para hacer frente a sus necesidades y prioridades en materia de desarrollo.
Y expone el compromiso a favor de una migración segura, ordenada y regular, respetando plenamente los derechos humanos de los migrantes mediante la búsqueda conjunta de mecanismos que garanticen una adecuada gestión de estos flujos y procesos de regularización ágiles.
Fue declarado que es imprescindible contar con un sistema financiero internacional más justo, democrático, inclusivo y solidario, el cual amplíe y fortalezca el nivel de participación de los países en desarrollo en la toma de decisiones.
Esto, para que se les permita acceder, en condiciones favorables y transparentes, a los recursos financieros necesarios a fin de impulsar sus procesos de recuperación económica, mejorar las condiciones de endeudamiento externo y de construcción de sociedades más equitativas, prósperas, justas y sostenibles.
La declaración reitera la profunda preocupación por el progresivo deterioro de la situación de seguridad pública y humanitaria en Haití y se solidariza con el pueblo de ese país frente a esta estremecedora realidad.
Resalta los esfuerzos subregionales, regionales e internacionales de acompañamiento al proceso de diálogo entre el Gobierno, los distintos partidos políticos, instituciones y otros actores de la sociedad haitiana, con el objetivo de trazar una hoja de ruta que les permita salir de la compleja crisis.
Reconoce los ingentes esfuerzos desplegados por el Gobierno de la República Dominicana y otros países iberoamericanos para contribuir a una solución de la difícil situación humanitaria por la cual atraviesa Haití.
Fuente: El Maipo/PL
