El ministro del Trabajo, Tomás Rau, aseguró que la implementación de la normativa enfrenta problemas y que el Ejecutivo prepara ajustes para agilizar la tramitación de las denuncias. La propuesta busca ordenar los procedimientos y definir con mayor claridad cuándo deben intervenir las empresas y la Dirección del Trabajo.
El Gobierno prepara modificaciones al reglamento de la Ley Karin, a poco más de dos años de la entrada en vigencia de una normativa que estableció nuevas obligaciones para prevenir y abordar el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en los espacios de trabajo.
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, defendió los ajustes que actualmente analiza el Consejo Superior Laboral y reconoció que la implementación de la legislación enfrenta dificultades.
“Nosotros no queremos acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo”, sostuvo la autoridad, quien explicó que uno de los principales problemas está relacionado con la capacidad de respuesta de la Dirección del Trabajo (DT) frente al volumen de denuncias.
“Estamos llegando tarde con las respuestas”, afirmó Rau, planteando que el Ejecutivo busca mejorar el funcionamiento de la normativa mediante un nuevo reglamento.
Gobierno plantea ordenar las denuncias
El borrador presentado al Consejo Superior Laboral propone modificaciones al procedimiento mediante el cual se reciben y tramitan las denuncias.
Entre las medidas se contempla ordenar el ingreso de las presentaciones, reducir los tiempos de investigación y establecer criterios más claros para determinar cuándo corresponde que una empresa investigue internamente y cuándo debe intervenir la Dirección del Trabajo.
El Gobierno sostiene que actualmente llegan al mismo circuito administrativo denuncias que no necesariamente corresponden al ámbito de la Ley Karin, además de presentaciones incompletas y casos reiterados.
Según el Ejecutivo, esta situación aumenta la carga de trabajo de la DT y puede retrasar la respuesta frente a situaciones que requieren atención prioritaria.
Rau explicó que el objetivo de los cambios es precisamente mejorar esa capacidad de respuesta.
El desafío de no desproteger a quienes denuncian
La discusión sobre el nuevo reglamento ocurre mientras la Ley Karin continúa siendo una de las principales herramientas para enfrentar situaciones de violencia y acoso en los lugares de trabajo.
Por eso, cualquier modificación al sistema deberá equilibrar la necesidad de reducir los tiempos de respuesta con la obligación de garantizar que las personas que denuncian tengan acceso efectivo a investigación y protección.
El debate cobra especial importancia frente a la propuesta de establecer mayores filtros y criterios de admisibilidad para las presentaciones.
La idea de evitar la sobrecarga administrativa puede contribuir a agilizar los casos que efectivamente corresponden a la normativa, pero también plantea el desafío de que los mecanismos de filtro no terminen dificultando el acceso de trabajadores y trabajadoras a los procedimientos establecidos por la ley.
CPC cuestiona falta de filtros
Desde el empresariado también han respaldado la necesidad de introducir modificaciones al sistema.
La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, afirmó que existe una alta cantidad de denuncias que llegan a la Dirección del Trabajo.
La dirigente reconoció que muchas de ellas son legítimas, pero sostuvo que otras serían presentaciones que no prosperan y que actualmente no existiría un mecanismo suficiente para determinar su admisibilidad antes de iniciar el proceso.
Jiménez planteó que la congestión puede terminar perjudicando precisamente a quienes presentan denuncias que sí requieren investigación.
A su juicio, se debe garantizar que los casos legítimos tengan una vía de investigación y sanción, mientras se evita una carga administrativa innecesaria en aquellos que no configuren una infracción.
El reglamento aún debe pasar por Contraloría
Los cambios todavía no están vigentes.
El documento se encuentra en discusión en el Consejo Superior Laboral, instancia que reúne a representantes del mundo empresarial y de los trabajadores. Una vez finalizados los ajustes, el reglamento deberá ser enviado a la Contraloría General de la República para continuar con su tramitación.
Por ahora, el Gobierno sostiene que no busca modificar el objetivo central de la Ley Karin, sino mejorar su aplicación.
El desafío será determinar si los nuevos mecanismos permiten reducir los tiempos de espera sin levantar nuevas barreras para quienes recurren a la normativa frente a situaciones de acoso o violencia laboral.
La discusión, por tanto, no solo apunta a la eficiencia administrativa de la Dirección del Trabajo. También pone en juego cómo el Estado garantiza que una persona que denuncia una situación de violencia o acoso pueda obtener una respuesta oportuna y efectiva.
El Maipo
