Naciones Unidas (Prensa Latina) Las dudas sobre la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad aprobada para Haití advierten la necesidad de renovar los compromisos con el país azotado por la violencia, mientras el futuro de la iniciativa parece incierto.
Menos de tres meses después de la llegada de los primeros uniformados kenyanos, la prensa describe la situación como frustrante para los nacionales, quienes más sufren los efectos de la violencia de las pandillas.
La fuerza de paz aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones desde octubre de 2023 no tiene un destino sólido.
De acuerdo con lo dispuesto por el órgano más poderoso de las Naciones Unidas, el mandato debería renovarse tras doce meses, pero las demoras para el despliegue y la falta de financiamiento apuntan a un golpe de timón para ese proyecto.
Recientes declaraciones de representantes de Estados Unidos confirman su interés en un cambio de estructura que podría convertir a la Misión Multinacional en una fuerza de paz de la ONU.
De esta forma, las tropas no dependerían de donaciones o personal internacional, sino de los fondos fiduciarios del organismo y los denominados cascos azules.
Para el profesor de la Universidad de La Habana Antonio Romero, el establecimiento de una nueva misión no representa garantía alguna de que se pueda restablecer el orden reducir la criminalidad y la violencia.
“Tampoco significa que se puedan establecer condiciones mínimas institucionales necesarias para empezar a remontar la crisis estructural que enfrenta Haití”, dijo en entrevista con Prensa Latina.
El tema promete llegar a los debates de la venidera semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, aunque para los haitianos solo representa un sólido recordatorio de la deuda de la comunidad internacional con el país caribeño y el sombrío legado de las tropas extranjeras en el país.
UNA MISIÓN “SALVADORA”
La fuerza multinacional para Haití fue aprobada en octubre de 2023 como una misión ajena a las Naciones Unidas dispuesta a través de la disposición Capítulo VII de la Carta de la ONU, mediante la cual el Consejo de Seguridad autoriza el uso de la fuerza después de que se hayan agotado todas las demás medidas para mantener la paz y la seguridad internacionales.
El entonces canciller haitiano, Jean Victor Geneus, calificó la decisión como una expresión de solidaridad con una población en apuros.
Unas semanas antes, el exprimer ministro haitiano Ariel Henry solicitó a la Asamblea General a hacer frente a la crisis “estructural y multidimensional” que enfrentaba la nación.
El mecanismo tenía como propósito facilitar la entrega de ayuda humanitaria incluso en zonas de difícil acceso por la acción de las bandas y su financiamiento quedó establecido a través de contribuciones de las organizaciones regionales y Estados miembros.
Kenya se propuso liderar la fuerza con mil policías mientras que otras naciones como Bahamas, Jamaica, Benin, Chad, Bangladesh y Suriname también prometieron centenares de uniformados.
Pese al optimismo inicial, no fue hasta junio de este año que arribaron los primeros 400 gendarmes kenyanos, mientras que los caribeños pisaron territorio haitiano en el corriente septiembre.
Casi un año después, aún la ONU reclama el cumplimiento de las promesas de la comunidad internacional tanto logísticas como económicas.
“En lo que realmente deberíamos centrarnos ahora es en por qué esta fuerza sigue sin contar con fondos suficientes”, dijo en recientes declaraciones a la prensa Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general del organismo, António Guterres.
A juicio de las Naciones Unidas, en el actual contexto resulta fundamental que cualquier fuerza de mantenimiento de la paz cuente con el pleno apoyo de las autoridades locales y de los gobiernos que quieran apoyarla.
“Si se analiza en términos relativos, (la Misión Multinacional) no necesita tanto financiamiento en comparación con el dinero que circula por el mundo, por lo que debería estar completamente financiada”, recalcó.
CAUSAS ESENCIALES IGNORADAS
Para el presidente de la Cátedra del Caribe de la Universidad de la Habana, Antonio Romero, la inseguridad y la falta de la capacidad del estado haitiano para frenar la violencia demandan mucho más que la presencia de cualquier fuerza extranjera.
Si no se atienden los motivos esenciales que explican el estallido, ningún empeño tendrá éxito, aseveró el investigador.
Al dialogar sobre las causas del fracaso de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, el experto consideró como otro punto en contra la subestimación del alcance de las bandas que controlan cerca del 80 por ciento de Puerto Príncipe, así como otras zonas del sur.
En un criterio bastante cercano, el primer ministro haitiano, Garry Conille, advirtió que los retrasos en la tan prometida ayuda generan una palpable desilusión en la población.
“Necesitamos la ayuda… pero está llegando demasiado lentamente y los haitianos se están impacientando”, reconoció el jefe del Gobierno interino en una reciente entrevista de prensa.
HAITÍ DEMANDA COMPROMISOS EFECTIVOS
La fórmula promovida por Estados Unidos tampoco parece presentar la solución definitiva: el despliegue de una misión de Naciones Unidas tiene pocas oportunidades de recibir luz verde en el Consejo de Seguridad tras los reiterados fracasos de fuerzas extranjeras en la nación caribeña.
No obstante, los debates reviven la necesidad de cumplir los compromisos adoptados por la comunidad internacional durante décadas tras el azote de desastres naturales, epidemias o la violencia.
Para Romero, muchos de las promesas “pecan de un elemento central y base de los cuestionamientos a la capacidad de esa cooperación internacional para resolver los problemas esenciales de Haití”.
A su juicio, los compromisos no toman en cuenta las prioridades de actores relevantes de la sociedad haitiana, como los movimientos sociales, mientras que otros son recursos de cooperación atados, lo que obliga a comprar o intercambiar exclusivamente con el país donante.
En paralelo, la nación ha padecido una corrupción galopante con parte importante de los fondos, a lo que se suma una escasa monitorización de la efectividad de proyectos financiados por la cooperación.
Las misiones de paz o la presencia en sí de fuerzas extranjeras plantean un reto adicional para la legitimidad del actual gobierno de transición.
“Evidentemente esas no son las mejores opciones para el restablecimiento de las condiciones mínimas de sobrevivencia y desarrollo en Haití”, consideró Romero.
La comunidad internacional tiene una deuda histórica con Haití que debe saldarse sin injerencias, recalcó.
Por Elizabeth Borrego Rodríguez
Corresponsal jefe en ONU
Fuente: El Maipo/PL