La exministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert, defendió ante la Contraloría el oficio reservado que envió a la Policía de Investigaciones (PDI), pese a que posteriormente el organismo concluyó que actuó fuera de las atribuciones que le otorgaba la ley.
De acuerdo con antecedentes revelados por Radio Bío Bío, Steinert argumentó que su intervención buscaba evitar que el traslado de un equipo especializado de la PDI pusiera en riesgo una investigación de gran envergadura contra el crimen organizado transnacional.
En el documento enviado a la entonces contralora Dorothy Pérez, la exautoridad sostuvo que mantenerse al margen habría significado incumplir su deber como ministra.
“La omisión consciente frente a un riesgo evidente para los fines del Estado no es una muestra de imparcialidad, sino una transgresión directa a la probidad administrativa”, afirmó.
Temor por el caso “Clan Chen”
Steinert explicó que el requerimiento estaba vinculado a la investigación del denominado “Clan Chen”, una causa por lavado de activos, estafas complejas y crimen organizado transnacional, cuyo perjuicio económico estimó en cerca de 300 millones de dólares.
Según expuso, la remoción de detectives especializados se produjo cuando aún faltaba un día para la formalización de 39 imputados, situación que —a su juicio— podía afectar el éxito de una investigación que involucraba cooperación internacional y evidencia digital de alta complejidad.
La exministra calificó el traslado como un “desarraigo administrativo abrupto” de los investigadores que conocían en detalle el caso y sostuvo que abstenerse de intervenir habría sido una “negligencia incompatible” con sus obligaciones.
Incluso afirmó que “la delincuencia organizada y la mafia no permite distracciones” y defendió que su experiencia como exfiscal regional la facultaba para comprender la gravedad de la situación.
Contraloría descartó sus argumentos
Pese a esa defensa, la Contraloría concluyó que Steinert excedió las facultades que la ley entrega al Ministerio de Seguridad Pública al solicitar antecedentes vinculados a una investigación penal en curso.
El organismo determinó que ese tipo de requerimientos invade competencias exclusivas del Ministerio Público y estableció que el oficio reservado enviado a la PDI fue emitido fuera del marco legal, descartando la interpretación sostenida por la exsecretaria de Estado.
El Maipo
