(Washington) El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sancionó hoy a la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI) y a un abogado litigante principal, en la escalada de la administración de Donald Trump contra ese tribunal.
La medida recae sobre la presidenta de la CPI, la jueza japonesa Tomoko Akane, y el abogado litigante principal, Abdoulaye Seye, de Senegal.
Las nuevas sanciones forman parte de «nuestra misión inquebrantable de proteger a los estadounidenses” de lo que consideró Rubio es “esta farsa de tribunal».
«Estas personas -dijo este martes en una declaración- han participado directamente en los esfuerzos de la CPI para investigar, arrestar, detener o procesar a funcionarios cuyos gobiernos no han consentido la jurisdicción de la CPI».
La Administración Trump está preparada para adoptar medidas adicionales, de ser necesario, a fin de desmantelar sistemáticamente la CPI hasta que sea incapaz de amenazar la soberanía estadounidense, añadió el jefe de la diplomacia estadounidense.
Rubio prometió que desmantelaría la corte con sede en La Haya para lo cual se implementarían fuertes restricciones como prohibiciones de viaje, revocación de visas, más sanciones contra la CPI y organizaciones afiliadas, sin descartar la presión diplomática sobre otros países para que abandonen la CPI.
Recuerdan informes de prensa que varios funcionarios de la Corte están en las unilaterales listas de Washington luego de que esa institución emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa de Israel Yoav Gallant por el genocidio a los palestinos en Gaza.
También Estados Unidos ha expresado su rechazo a la CPI después de una investigación previa acerca de la conducta de las tropas del Pentágono en Afganistán.
En junio, tres jueces de la CPI presentaron una demanda en Nueva York contra la administración Trump, en la cual argumentaron sobre la ilegalidad de las sanciones impuestas a ellos.
Un mes después, dos grupos de defensa de los derechos humanos demandaron a la actual administración para bloquear las sanciones contra funcionarios de la CPI, alegando que dicha designación tenía un «efecto disuasorio» en su labor de documentar presuntos crímenes israelíes contra los palestinos.
Al propio tiempo, hay reportes de que cuatro grupos de derechos humanos demandaron la semana pasada al Gobierno de Trump al advertir que sus sanciones contra los funcionarios de la CPI interfieren de forma ilegal en su trabajo.
Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, el tratado que creó el tribunal y estableció su jurisdicción, y el cual integran otros 123 estados que sí lo han firmado y ratificado.
Fundada en 1945, la CPI es considerada como el principal organismo judicial con el que cuenta la ONU.
El Maipo/PL
