El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago impuso la medida cautelar a Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Michael Clark y Sergio Yáñez. La Fiscalía tendrá 120 días para continuar la investigación.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó este martes la prisión preventiva de Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Michael Clark y Sergio Yáñez, en el marco de la investigación por el denominado Caso Sartor.
La resolución se adoptó después de dos semanas de audiencias de formalización, en las que el Ministerio Público expuso los antecedentes que sustentan las imputaciones contra los ejecutivos y exdirectores vinculados al Grupo Sartor.
En esta etapa del proceso, el tribunal consideró acreditados distintos antecedentes relacionados con delitos como lavado de activos, fraude por omisión de una oferta pública de adquisición (OPA), estafa, administración desleal y apropiación indebida.
El juzgado consideró además la gravedad de los hechos investigados, las penas que podrían enfrentar los imputados y el riesgo que sus libertades representarían para la seguridad de la sociedad y el desarrollo de la investigación.
El tribunal fijó en 120 días el plazo de investigación, período durante el cual la Fiscalía continuará reuniendo antecedentes y realizando nuevas diligencias.
¿Qué se investiga en el Caso Sartor?
La investigación del Ministerio Público apunta a distintas operaciones vinculadas al Grupo Sartor y a eventuales perjuicios económicos para inversionistas.
Entre los delitos que el tribunal consideró acreditados provisionalmente se encuentra el lavado de activos, además del supuesto fraude relacionado con la omisión de una oferta pública de adquisición.
También se investigan distintos tipos de estafa, con un perjuicio económico atribuido que supera los $2.200 millones.
A esto se suman imputaciones por eventual administración desleal y apropiación indebida.
Sin embargo, el tribunal no consideró acreditado en esta etapa el delito de contrato simulado.
Otro de los imputados, Rodrigo Bustamante, quedó sujeto a una medida cautelar distinta: arresto domiciliario parcial.
Michael Clark y la controversia por Azul Azul
Uno de los aspectos que generó mayor discusión durante las audiencias fue la situación de Michael Clark y su relación con Azul Azul, sociedad controladora de Universidad de Chile.
La Fiscalía sostiene que la operación mediante la cual Clark adquirió cuotas de un fondo de inversión que controlaba el 63% de Azul Azul habría implicado una toma de control indirecta.
Según la tesis del Ministerio Público, esa operación habría obligado a realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA).
La defensa de Clark sostiene una interpretación diferente. Sus abogados plantearon que la operación correspondió a la adquisición de cuotas de un fondo que ya controlaba la sociedad y que, por lo tanto, no se configuraría una operación que exigiera realizar una OPA.
Durante las audiencias, la Fiscalía también presentó antecedentes que, según su tesis, demostrarían la influencia que Clark habría ejercido sobre determinadas decisiones de Azul Azul.
Fiscalía atribuye perjuicios a inversionistas
Otro de los puntos abordados durante la formalización fue el eventual daño económico provocado a inversionistas vinculados al Grupo Sartor.
Las defensas cuestionaron las imputaciones del Ministerio Público y plantearon antecedentes relacionados con las actuaciones de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
También hicieron referencia a un fallo de la Corte Suprema relacionado con la primera resolución de la CMF que revocó la autorización de Sartor AGF.
Desde la parte querellante, en cambio, se sostuvo que el perjuicio patrimonial se habría producido antes de las actuaciones de la CMF.
Fiscalía tendrá 120 días para continuar las diligencias
Con la prisión preventiva de cuatro de los imputados y el arresto domiciliario parcial de Bustamante, el tribunal dio un nuevo paso en la investigación.
Durante los próximos 120 días, el Ministerio Público deberá profundizar las diligencias y reunir nuevos antecedentes sobre las operaciones investigadas.
La investigación también deberá determinar la eventual responsabilidad penal que corresponde a cada uno de los imputados.
El Maipo
