Por Jorge C.A.
La compañía de energías fósiles Energy Transfer (ET) ha demandado a Greenpeace EE.UU. y le exige 300 millones de dólares en concepto de daños por “incitar” las protestas lideradas por indígenas sioux en Standing Rock (Dakota del Norte) contra la construcción del oleoducto Dakota Access de la petrolera. Kelcy Warren, fundador y CEO de Energy Transfer, es uno de los principales donantes del presidente Donald Trump.
Greenpeace Internacional pondrá a prueba la eficiencia de la Directiva anti-SLAPP (demandas estratégicas contra la participación pública, en sus siglas en inglés) de la Unión Europea presentando hoy una demanda ante un tribunal holandés contra la empresa estadounidense de oleoductos de combustibles fósiles Energy Transfer (ET).
Greenpeace Internacional busca reparación por todos los daños y costos que está sufriendo como resultado de las demandas consecutivas y sin fundamento de la compañía fósil, que exige cientos de millones de dólares contra las oficinas de Greenpeace Internacional y Greenpeace Estados Unidos.
“En un momento crucial de amenazas a la democracia, la ciencia y el activismo, con el negacionismo campando a sus anchas y Donald Trump empeñado en revertir los pasos dados hasta ahora en la defensa del planeta, Greenpeace EE UU tiene un papel fundamental, y las empresas de combustibles fósiles, que financian al nuevo presidente de EE.UU., lo saben. Petroleras como Energy Transfer están usando tácticas legales como arma para silenciar a cualquiera que luche por un futuro justo, verde y en paz: las Demandas Estratégicas contra la Participación Pública (SLAPP).
Energy Transfer quiere empujar a organizaciones como Greenpeace a la bancarrota y, en última instancia, silenciar la disidencia
Como todas las SLAPP, las demandas de Energy Transfer han sido un intento de enterrar a las organizaciones sociales y a los y las activistas en costas judiciales, empujarlos a la bancarrota y, en última instancia, silenciar la disidencia, suprimir la libertad de expresión y limitar el poder de la gente. Pero no se lo vamos a poner fácil: no nos van a callar“, ha declarado Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España.
“La demanda pendiente de 300 millones de dólares de Energy Transfer contra Greenpeace Internacional, simplemente por firmar una carta abierta junto con más de 500 personas, es una de las SLAPP más descaradas en todo el mundo. Esto lo convierte en un buen caso para poner a prueba la nueva Directiva anti-SLAPP de la UE. Si ganamos, se enviará un mensaje a los acosadores corporativos de que la era de la impunidad está llegando a su fin. Esto supondría un impulso para la sociedad civil en la UE y apuntaría a soluciones para aquellos que luchan contra el fenómeno SLAPP en otros lugares”, explica Daniel Simons, asesor jurídico principal de Greenpeace Internacional.
Desde 2017, las oficinas de Greenpeace Internacional y Greenpeace EE UU se han estado defendiendo de las descaradas demandas de Energy Transfer, presentadas a raíz de las protestas indígenas de 2016 contra su oleoducto Dakota Access, que la compañía afirma que fueron orquestadas por Greenpeace.
La primera demanda de Energy Transfer se presentó en un tribunal federal en virtud de la Ley RICO (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado), un estatuto federal estadounidense diseñado para procesar la actividad mafiosa.
El caso fue desestimado, y el juez declaró que las pruebas eran «muy insuficientes» para establecer una empresa RICO. La compañía presentó rápidamente un nuevo caso reciclando argumentos similares en un tribunal estatal de Dakota del Norte, ahora empaquetadas como demandas por difamación, conspiración y otros agravios.
El juicio con jurado está previsto que comience el 24 de febrero. Dakota del Norte carece de legislación anti-SLAPP, y los acusados de Greenpeace no recuperarían la totalidad de los costes tras una victoria, una cuestión que la demanda actual pretende abordar para Greenpeace Internacional.
En palabras de Emma Bergmans, miembro del Comité Directivo de CASE y asesora principal de políticas y defensa de Free Press Unlimited: “Este caso es un paso crucial en la lucha contra las SLAPP. Durante demasiado tiempo, las corporaciones poderosas han utilizado demandas abusivas para silenciar a los críticos y dejar sin recursos a las organizaciones de la sociedad civil. Al invocar la Directiva Anti-SLAPP de la UE, Greenpeace Internacional no solo se defiende a sí misma, sino que también sienta un precedente que podría proteger a activistas, periodistas y defensores de todo el mundo. Una victoria en este caso enviaría una poderosa señal: las SLAPP no quedarán impunes, y aquellos que utilicen el sistema legal como arma para reprimir la disidencia tendrán que rendir cuentas”.
Directiva anti-SLAPP de la UE
Con sede en los Países Bajos, Greenpeace Internacional cita la legislación neerlandesa sobre agravios y abuso de derechos, así como el capítulo V de la Directiva de la UE, adoptada en 2024, que protege a las organizaciones con sede en la UE contra las SLAPP fuera de la UE y les da derecho a indemnización.
La Directiva, junto con la legislación neerlandesa vigente, allana el camino para que GPI emprenda acciones legales contra tres entidades del grupo empresarial de Energy Transfer, concretamente Energy Transfer LP, Energy Transfer Operating LP y Dakota Access LLC, por los daños que ha sufrido y sigue sufriendo como consecuencia de las demandas SLAPP y acciones relacionadas en EE.UU.
Greenpeace Internacional envió a Energy Transfer un Aviso de Responsabilidad en julio de 2024, emplazándola a retirar su demanda en Dakota del Norte y pagar daños y perjuicios, o enfrentarse a acciones legales. Energy Transfer se negó a hacerlo.
La Directiva anti-SLAPP de la UE entra en vigor en medio del uso indebido generalizado de los sistemas legales por parte de la industria de los combustibles fósiles para atacar a los organismos de control medioambiental y a cualquier crítica, como parte de una tendencia más amplia de aumento de las SLAPP.
Un informe de la Coalición contra las SLAPP en Europa (CASE) documentó 1.049 demandas SLAPP en Europa en el período 2010-2023, con 166 demandas iniciadas en 2023.
Las grandes petroleras Shell, Total y ENI también han presentado SLAPP contra oficinas de Greenpeace en los últimos años, y los intentos de Shell y Total por silenciarlas han acabado en nada.
El Maipo/ECOticias
