Por Victoria H.M.
No ha podido más y una organización ecologista dejará de trabajar en El Salvador. En este sentido, la entidad denuncia que el espacio cívico y ambiental en el país se ha ido reduciendo drásticamente, afectando la posibilidad de operar con seguridad y de forma independiente. “No existen las condiciones para continuar nuestra labor sin poner en riesgo la integridad de las personas que colaboran con nosotros”.
La organización, fundada hace más de dos décadas, ha desarrollado numerosos proyectos orientados a la conservación de la biodiversidad, la gestión sostenible del agua y la educación ambiental, contribuyendo al desarrollo social y ecológico del país. Sin embargo, en los últimos años, la organización y su personal han enfrentado un entorno cada vez más hostil, marcado por la estigmatización, las amenazas y la vigilancia hacia quienes defienden el derecho a un medio ambiente sano.
Acciones de persecución que, lamentablemente, acaban con el trabajo de ecologistas en El Salvador
La Asociación Centro de Estudios Aplicados en Ecología y Sustentabilidad Ambiental (ECOS El Salvador) anunció el cierre de sus operaciones en el país centroamericano «ante el agravamiento de la escalada de persecución y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos y de la tierra», informó en un comunicado.
La Asociación, que también atribuye su cierre a «la puesta en marcha» de la Ley de Agentes Extranjeros, señaló que se constituyó el 4 de diciembre de 2017 con «el objetivo de fortalecer las capacidades comunales para la gobernabilidad, justicia, equidad y sustentabilidad ambiental mediante el diseño y ejecución de programas relacionados a los medios de vida, adaptación y resiliencia al cambio climático».
«Actualmente se observa un agravamiento de la escalada represiva en el país, expresado en un régimen de excepción permanente, militarización de todos los aspectos de la vida nacional, así como la persecución y criminalización de organizaciones y personas que acompañan y fortalecen a comunidades empobrecidas», expuso ECOS. Señaló que el caso de Alejandro Henríquez, un joven abogado y ambientalista detenido desde mayo pasado, «es una muestra fehaciente de los objetivos y alcances de la escalada represiva en el país».
Además, la Asociación apuntó que la vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) «es una herramienta para el control autoritario de organizaciones y personas, pues, abre la puerta a la imposición de sanciones discrecionales, establece un impuesto punitivo y es un marco para la vigilancia estatal, la censura y el castigo».
La LAEX grava con un impuesto del 30 % a la ayuda extranjera y contempla multas y sanciones penales.
ECOS de El Salvador se suma así a otras organizaciones que suspendieron actividades, decidieron cerrar o abandonar El Salvador ante la situación de «persecución» y «criminalización» del país. A finales de julio pasado, la relatora especial de Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Mary Lawlor, señaló que el clima para la defensa de los derechos en El Salvador está “deteriorado”.
La decisión refleja el difícil contexto que enfrentan los defensores ambientales en Centroamérica, donde la presión política y los conflictos socioecológicos siguen poniendo en riesgo tanto a las personas como a los territorios que buscan proteger. EFE
El Maipo/ECOticias
