La paradoja de la popularidad de Bukele
La aparente gran popularidad del Gobierno (régimen) de Nayib Bukele actúa como una sofisticada cortina de humo mediática. Bajo la máscara de efectividad, se oculta el desmantelamiento deliberado del Estado de Derecho y la profundización de una precariedad social que se intenta invisibilizar. La seguridad física, lograda mediante la suspensión permanente de garantías, es un espejismo que sacrifica la justicia social y el debido proceso en favor de una hegemonía unipersonal y se convierte en un tipo de guerra contra los pobres, paradójicamente avalada por ellos.
En El Salvador, luego de los gobiernos del Frente Farabundo para la Liberación Nacional (FMLN) entre el 2009 y 2019 y de contextos de crisis de seguridad originadas por la guerra civil y las acciones de las pandillas o maras, la ciudadanía transitó rápidamente de estos gobiernos progresistas a entregar carta blanca a un autoritarismo de nuevo cuño a cambio de una sensación de control estatal. El marketing del gobierno salvadoreño ha perfeccionado esta transición, enmascarando la represión a través de la estigmatización a toda crítica como apoyo a la delincuencia. La legitimidad ya no emana del cumplimiento de la ley y el alto apoyo popular se capitaliza políticamente para eliminar contrapesos.
Según los datos de la encuesta de CB Consultora Opinión Pública de abril de 2026, Nayib Bukele (El Salvador) lidera la popularidad en la región con un 70.1% de imagen positiva (frente al 71.8% de marzo), mientras que Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) tiene 48.4% de apoyo, y aspira a un histórico cuarto mandato en medio de una fuerte polarización (49.1% de rechazo) y Gustavo Petro (Colombia) cuenta con 38.2% de aprobación, en un escenario electoral con un posible segundo gobierno de corte progresista de Iván Cepeda, en un contexto de incremento de la violencia en este país en las últimas semanas.
Esta aprobación de Bukele se ha instrumentalizado para validar ataques a la tesis de ingobernabilidad de la izquierda en la región y para forzar cambios directos a la arquitectura constitucional a los fines de impedir el surgimiento de un nuevo gobierno salvadoreño de izquierda o progresista. Con base a este apoyo popular se hizo la ratificación de la reforma al artículo 248 de la Constitución en enero de 2025, la que facilitó la reforma de julio de 2025 que habilitó la reelección presidencial indefinida de Bukele.
La institucionalización del Estado de Excepción permanente
En la gobernanza de Bukele, el miedo ha pasado de ser una amenaza de las pandillas a una herramienta de control social estatal. El Estado de Excepción, prorrogado ininterrumpidamente durante 2025, ha dejado de ser una medida de emergencia para convertirse en la estructura misma de la vida pública. La justicia ha sido reemplazada por una lógica de guerra interna donde la presunción de inocencia es cosa del pasado y ha generado datos asustadores: más de 90.000 personas detenidas, cuotas diarias de arrestos por parte de la policía, que debe cumplir un mínimo de detenciones basadas en perfiles discriminatorios (uso de tatuajes, racialización, etc), tasa de encarcelamiento de 1650 personas por cada 100.000 habitantes (la más alta del mundo), más de 470 decesos documentados de personas bajo custodia del Estado, por causas relacionadas con tortura, palizas y negación de atención médica, desapariciones forzadas, como el caso de los 252 venezolanos trasladados ilegalmente al CECOT.
En este sentido, las reformas penales de 2025 representan un retroceso con respecto al sistema de justicia en toda la región, caso emblemático es la ley que permite juzgar a menores desde los 12 años como adultos, incluyendo la posibilidad de la cadena perpetua y la implementación de juicios masivos. Asimismo, se ha instaurado una reserva judicial indebida, ocultando procesos bajo un velo de opacidad que imposibilita el debido proceso, causando, por tanto, cárceles del horror, precariedad en las calles y el terror deliberado para silenciar cualquier disidencia.
Pobreza y desplazamiento bajo el Gobierno de Bukele
La narrativa de éxito del modelo Bukele se desmorona al confrontar la realidad económica de las clases populares. La seguridad física no se ha traducido en seguridad humana; por el contrario, el modelo ha impulsado una gentrificación autoritaria en varias ciudades salvadoreñas. El marketing impuesto ha priorizado la estética del orden y el turismo de lujo sobre la subsistencia mínima, según un informe del Banco Mundial de 2024 que, incluso ha pretendido matizar estas cifras bajo el paradigma de la seguridad:
Aumento de la pobreza al 9.6% en 2025, evidenciando que el punitivismo no resuelve las causas estructurales de la desigualdad.
Crisis educativa y abandono estatal con el cierre de 44 escuelas públicas y la deserción de 25.000 estudiantes, impulsada por la falta de infraestructura y el acoso de la seguridad estatal en zonas rurales.
Desalojos forzosos y limpieza social de 1400 comerciantes informales en San Salvador, bajo la bandera de megaproyectos turísticos y mineros.
La criminalización de la crítica y de sectores de la oposición salvadoreña
El gobierno Bukele ha identificado a las organizaciones de derechos humanos y a las voces críticas como enemigos internos, utilizando el sistema penal para desarticular la resistencia. La persecución se ha ensañado con figuras emblemáticas, algunas han debido exilarse, mientras que un importante número han sido judicializados: Ruth López (Cristosal), detenida bajo cargos arbitrarios; Fidel Zavala, portavoz de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos, detenido y recluido en la prisión de Mariona bajo alto riesgo de tortura; Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez, criminalizados por sus denuncias; Enrique Anaya, abogado constitucionalista víctima de una desaparición forzada temporal al ser trasladado entre centros sin registro oficial.
El caso de la Ley de Agentes Extranjeros, que impone un impuesto del 30% a las organizaciones sociales y otorga al ejecutivo la facultad discrecional de cancelar personerías jurídicas, constituye otro ejemplo de persecución, estableciendo que la defensa de los derechos humanos es hoy un acto de resistencia heroica en El Salvador.
La experiencia salvadoreña indica que para la derecha la inmensa popularidad mediática no toma en cuenta si se degrada sistemáticamente la dignidad humana, mientras las banderas sean la lucha por la seguridad, la libertad (en los términos de Javier Milei, en Argentina) y el orden, sin importar si esto es construido sobre persecución de la pobreza, la criminalización de la infancia y la eliminación de la disidencia de izquierda o progresista. Este modelo profundiza la desigualdad al castigar la economía de los más vulnerables. El “orden” de Bukele es una estructura excluyente que requiere una maquinaria mediática de censura y propaganda para evitar que el descontento se transforme en movilización. Este modelo, de autoritarismo pop – que sacrifica derechos humanos, políticos, sociales y económicos fundamentales – representa un peligro inminente para nuestros países: las ofertas electorales que buscan copiar a Bukele en Colombia o Brasil, en año electoral, cuentan con respaldos de diversos tipos por parte del denominado Escudo de las Américas.
*Cramen Navas Reyes, politóloga venezolana, con maestría en Ecología para el Desarrollo Humano (UNESR). Actualmente cursa un doctorado en Estudios de Nuestra América en la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG) en Venezuela. Investigadora del Instituto Tricontinental de Investigación Social.
El Maipo/Globetrotter
