Después de la exitosa aprobación de la mega reforma tributaria en el Parlamento, ahora el Gobierno se aprestaba a someterle la reforma laboral, en esto la doctrina Quiroz es clara: el crecimiento económico se consigue mediante el aumento la inversión privada y éste depende de la disminución de los impuestos, así como, de la rebaja de los costos laborales. La reforma tributaria implica una disminución en el recaudo fiscal de unos US$ 4.400 millones anuales, un 7% del total, lo que afectará principalmente a las prestaciones de los servicios sociales del estado a la población en salud, educación, previsión social, vivienda, etc. y, también, seguridad ciudadana. El Ministro Quiroz celebro su triunfo parlamentario por la aprobación de la reforma tributaria manifestando que ese momento era: “el fin del comienzo”; osease, hay muchas otras reformas pro capital por venir.
A no dudarlo, lo anterior junto con el alza de los combustibles a inicios del gobierno han sido determinantes en la vertiginosa caída del respaldo al Presidente Kast y su gestión, que a mediados de mes pasado llegó al 60% de desaprobación (Cadem). Esta situación de molestia social e inquietud política no hacen aconsejable entrar ahora, y por ahora, a someterle al parlamento la reforma laboral, cuya doctrina bien define el Ministro del Trabajo Tomas Rau, con este elocuente titular de prensa: “Es el alza en los costos laborales lo que está causando el desempleo” (La Segunda.10.8.2026), en referencia al salario mínimo, la semana de 40 horas, reforma de pensiones, la sala cuna, etc. Por lo que, las reformas laborales que se proponen tienen por principales los siguientes componentes: flexibilidad de la jornada laboral anual, instaurar el contrato por horas y la polifuncionalidad, restringir las indemnizaciones por años de servicio en casos de despidos injustificados, flexibilizar el control a los abusos laborales (ley Karin), entre otras medidas. Además, en el sector público el gobierno se propone revisar el Estatuto Administrativo que rige las relaciones laborales en ese sector.
Entonces, para alcanzar ese respiro necesario aparece oportuno hacer el espectacular lanzamiento presidencial de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) con reforma constitucional incluida, que ahora establecería expresamente que es deber del estado proteger la seguridad de las personas -cosa que aparentemente se había olvidado y de lo cual nadie se había percatado-; asimismo, a la Constitución se agregará un registro de organizaciones criminales y terroristas, constituyendo delito el solo hecho de pertenecer a ellas; finalmente la Constitución autorizará un nuevo estado de excepción a decretarse por el Presidente de la República ante graves alteraciones de la seguridad pública, que no es lo mismo que el orden público, lo cual molestó a la fuerzas armadas porque no fueron consultadas. El previsible y dispendioso debate legal y constitucional sobre esas reformas a la Constitución pondrá tiempo suficiente entre el mal visto recorte impositivo a los empresarios y el provocador recorte de los derechos de los trabajadores que se querrá imponer. Pero, a nuestro parecer el asunto es otro y más complejo.
Siguiendo un modelo sesentero, el broche dorado para completar el lanzamiento de la ACOT fue el gran espectáculo comunicacional del Plan Cancerbero, consistente en el traslado con gran despliegue en los medios teniendo el propio Presidente Kast como conductor de dicha comunicación, sobre el traslado de 687 reos desde Santiago a la nueva cárcel de La Laguna en Talca, entre los cuales hay 37 reos de alta peligrosidad de diversas organizaciones criminales, como los Pulpos, los Espartanos y el Clan de Aragua, según los titulares de la gran prensa fue una “cobertura estilo reality”. Como colofón en relación a las reformas que se vienen se denunciará cada vez que se pueda, que en general, las izquierdas no tienen voluntad de luchar contra la delincuencia y el crimen organizado.
Si bien, las izquierdas no mostraron ninguna capacidad de convocatoria y movilización ante “las rebajas de impuestos a los ricos”, incluidas las contribuciones municipales, es de suponerse que las y los trabajadores si lograrán convocatorias y movilizaciones por la defensa de sus derechos laborales, como la semana de 40 horas, la indemnización por despido injustificado, la sindicalización, la negociación colectiva y ramal, la sala cuna, etc. En este caso, aquí aflora el riesgo y la amenaza de un estallido social bis, entonces, las peculiaridades “antimotines” y “ contraterroristas” de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), muestra la voluntad de poder para tratar a la movilización social y política de riesgo con toda la capacidad de fuerza y violencia que se considere necesaria y de la cual el Estado dispone, a los cuatro estados de emergencia previstos, ahora se agrega estado de excepción ante graves alteraciones a la seguridad pública, según sea la situación que se plantee, esto por la sola convocatoria del Presidente de la República y hasta por 240 días, sin necesidad de prorroga por el Parlamento. Lo que aparece claro ahora es que la doctrina del General Iturriaga -este mando militar “no está en guerra con nadie”-, postulada en octubre del 2019, ha sido superada. La doctrina superior aquí y ahora es el Escudo de las Americas instaurado por el Presidente Trump, del cual el Presidente Kast es signatario in péctore, ahora, todo el que se movilice será considerado narcotraficante o terrorista.
El problema con manipular políticamente el espectáculo de la seguridad ciudadana en Chile es complejo, ya que el país cuenta en este asunto con la mejor situación de América Latina y una de las mejores del mundo, por eso luego del fiasco del alza de los combustibles por la torpe no aplicación del MEPCO (compensación a los usuarios por el alza brusca de los combustibles) que puso la amenaza de la inflación en todos los hogares, la delincuencia dejo de ser la mayor preocupación de los y las chilenas, siendo su lugar ocupado por el costo de la vida: cómo llegar a fin de mes.
La arrastrada presentación final de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) se manifiesta como un recurso penal de control social, que no tan solo usa las sanciones penales previstas, además, y es de destacarse, se propone usar la supresión de las ayudas y los derechos sociales como castigos penales adicionales, en tanto inhabilidades para los derechos de los condenados, tales como a la educación, la seguridad social y el acceso a la salud, lo que llevó a la protesta de la Ministra de Salud. Además, se propone penalizar los cortes parciales e interrupciones de las vías públicas y el Metro aunque no se emplee la violencia.
La ocupación de la cárcel de la Laguna en Talca con reclusos de alta peligrosidad, cuya construcción iniciada por el Gobierno del Presidente Piñera y completada por el Gobierno del Presidente Boric, llamada Operación Cancerbero, quiere mostrar una espectacular bukelización del sistema penitenciario en la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, aquí lo importante es el espectáculo ante la imposibilidad de poder mostrar resultados significativos.
No obstante, estas arremetidas securitarias del Gobierno este no contarían con el respaldo de la UDI y de importantes sectores de RN, por temer la instalación facilista de las reformas constitucionales que luego podría ser empleada por las izquierdas. Otro mensaje claro en contra de la provisión de droga fue el cierre de varios dispensarios de marihuana con fines medicinales y presuntamente desviados a los mercados ilícitos, organización conocida como “Imperio Amsterdam”, con 70 detenidos.
Para las izquierdas el problema de la seguridad ciudadana es que bien saben que la delincuencia, y el crimen que se deriva de su exacerbación, solo es posible de ser combatidos previniendo y disuadiendo esas conductas inaceptables, pero alternativas, a la frustración social, la marginalidad y, sobre todo, a la pobreza, por lo tanto, el delito se previene y disuade con políticas económicas y sociales, no con políticas penales. No obstante, dada la manera espectacular y terrible a como el asunto de la delincuencia y el crimen ha sido planteado, la realidad económica y social en la cual se sustenta no es ni atendible ni creíble
En los hechos, la amenaza del castigo penal tiene un efecto marginal ya que el 90% de las causas vistas por los juzgados de garantía no tienen imputados conocido, es decir, a ninguno de los presuntos autores se les puede procesar y condenar; además, el 60% de los hechos delictivos padecidos por la población no son denunciados. Esta imposibilidad de lograr una eficiencia y eficacia penal no es un problema nacional, es un asunto universal que acontece en todos los países del mundo.
Pese a esta imposibilidad de castigar a un sector significativo de los delincuentes y criminales, no se trata de suprimir el derecho y sistema penal, los delincuentes y criminales deben ser perseguidos, juzgados y sancionados, pero la seguridad ciudadana solo se logrará previniendo y disuadiendo esas conductas antisociales.
Sobre la Bukelización de la seguridad ciudadana es necesario advertir que las maras fueron la respuesta de los jóvenes salvadoreños emigrados y refugiados en USA, a causa de la guerra civil en su país en la década de los 80 del siglo pasado, discriminados y violentados por la institucionalidad local y por otras organizaciones sociales, fue una resistencia que derivó en violencia y delincuencia organizada, luego retornada a El Salvador e incluso re emigrada a otros países de América Latina.
La delincuencia juvenil tiene dos causas muy destacadas: ser joven es hoy muy caro y los jóvenes son los que más padecen la violencia. Para ser joven se requiere poseer un celular, que mínimo vale 100.000 pesos, y contar con el servicio de comunicación, que cuanto menos vale 20.000 pesos mensuales, ese gasto no lo pude sostener una familia pobre ni de bajos ingresos, además, hay otros gastos juveniles en vestuario, calzado, acicalamiento, alcohol, drogas y otros, todo lo cual impele a los jóvenes al pequeño delito y a ser reclutados por la delincuencia común y organizada para proveerse de recursos. Además, teniendo presente que el homicidio es la medición extrema de la violencia en una sociedad, en el país el grupo de los menores de 14 años padecen un 70% homicidios más que el conjunto de los otros grupos etarios mayores de 14 años, en proporción a sus respectivas poblaciones, la violencia de los jóvenes es una respuesta a la violencia descarnada que la sociedad les está aplicando a ellos.
Finalmente, el gran riesgo político es que en un mismo momento se junten y de manera combinada tanto la carencia económica y el malestar social, como la tendencia por el estado a justificar el empleo de la violencia para la resolución de los conflictos que plantea la delincuencia, lo cual también, puede justificar el empleo de la violencia por los actores del movimiento social para defender sus derechos.
Ibán de Rementería
Corporación Ciudadanía y Justicia
