La desaparición de la defensora mapuche Julia Chuñil en el sur de Chile pone en evidencia el costo humano de un modelo económico que avanza sobre cuerpos y territorios. América Latina sigue siendo la región más letal del mundo para quienes protegen la naturaleza.
Julia Chuñil salió de su casa el 8 de noviembre de 2024 con su perro y no regresó. Desde entonces, su nombre se ha vuelto eco, bandera, clamor. En las comunidades mapuche del sur de Chile, en marchas, foros y muros intervenidos, resuena una pregunta que incomoda al país entero: ¿Dónde está Julia Chuñil?
Presidenta de la Comunidad Indígena Putreguel, mujer mapuche, activista ambiental y defensora del bosque nativo en la comuna de Máfil, Julia se había convertido en una voz visible contra el avance forestal y el despojo territorial. Su desaparición forzada es una herida abierta que atraviesa a su familia y comunidad, y la conciencia ética de un país que sigue repitiendo, con otra retórica, viejos patrones de impunidad.
Hace unas semanas, una conversación telefónica filtrada a la prensa encendió la indignación nacional. En ella, el empresario Juan Carlos Morstadt, investigado en el caso, habría dicho con una naturalidad aterradora: ‘la quemaron’. Dos palabras que desnudan la violencia estructural que recorre los territorios del sur y que exponen la crudeza del extractivismo en Chile, donde el fuego arrasa los bosques y las vidas que se interponen a su destrucción.
Karina Riquelme, abogada de la familia Chuñil, ha señalado la lentitud del Ministerio Público y la falta de garantías para las comunidades que denuncian amenazas. No es la primera vez que ocurre, puesto que Chile acumula una larga lista de casos en los que la defensa de la tierra y el agua se convierte en una sentencia de muerte.
En 2016, la activista mapuche Macarena Valdés apareció muerta en su casa de Tranguil, Región de Los Ríos, tras oponerse a un proyecto hidroeléctrico. Su familia lleva años denunciando que su muerte fue un montaje, hasta el momento, ningún responsable ha sido condenado.
El caso de Julia Chuñil, como el de Macarena Valdés, revela una dimensión de la violencia extractivista, la convergencia entre el poder económico, el racismo estructural y la impunidad judicial. En ambos, se repite el mismo patrón de silencios, desprotección y criminalización. Defender el bosque, el agua o el territorio sigue siendo una amenaza para los intereses del capital y una condena silenciosa para quienes lo enfrentan desde los márgenes.
Sin embargo, la historia de Julia no es solo chilena., es latinoamericana. Desde México hasta Argentina, el continente se ha vuelto el más peligroso del mundo para quienes defienden la naturaleza. Según el informe de Global Witness (2023), más del 70% de los asesinatos de defensoras/es ambientales en 2023 ocurrieron en América Latina, la mayoría de ellos eran indígenas, campesinos o mujeres.
Los nombres se repiten como un rosario trágico de memoria y valentía. Berta Cáceres, asesinada en 2016 en Honduras por oponerse al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca; Nilce de Souza Magalhães, en Brasil, hallada sin vida tras denunciar irregularidades en una represa; Isidro Baldenegro, en México, defensor rarámuri asesinado por resistir la tala ilegal. Todas y todos, como Julia, fueron despojados de la vida por el mismo motivo, creyeron que proteger la tierra era un acto de justicia, no un crimen.
Esa convicción les hermanó, y también los convirtió en blancos, porque en América Latina, la defensa de la naturaleza se enfrenta a una maquinaria poderosa: corporaciones, gobiernos, fuerzas policiales y un modelo económico que concibe los territorios como recursos, no como espacios de vida.
En Chile, ese modelo tiene rostro forestal, en el sur, millones de hectáreas están cubiertas de pino, monocultivos que agotan el agua y empobrecen el suelo. Las comunidades mapuche han resistido por décadas este avance, denunciando la devastación ambiental y el despojo territorial. Julia Chuñil era una de esas voces, por eso, su desaparición debe entenderse en ese contexto de resistencia. No desapareció en la nada, la desaparecieron en un país donde la defensa de la tierra incomoda a los poderosos.
Frente a su caso, el Estado ha respondido con la burocracia del olvido, no hay resultados concretos, ni medidas efectivas de protección, puesto que el Ministerio Público parece moverse con una lentitud que se confunde con desinterés y desidia. Y cada día que pasa sin verdad ni justicia, la desesperanza se hace más profunda.
Pero hay algo que la desaparición de Julia revela con nitidez, el contraste entre el discurso verde del Estado y la realidad de los territorios. Chile se promociona internacionalmente como líder en sustentabilidad, transición energética y políticas climáticas, mientras sus defensoras ambientales son hostigadas, vigiladas y asesinadas. La incoherencia es evidente, no hay sustentabilidad posible cuando se destruye a quienes la encarnan, en ese sentido, la CEPAL (2024) señala que no hay transición ecológica posible si persisten las desigualdades estructurales y la violencia contra quienes defienden los bienes comunes.
Esa hipocresía política tiene consecuencias éticas graves, porque cada vez que el Estado calla ante un crimen de este tipo, legitima la violencia estructural que sostiene al modelo extractivo y cada vez que los medios reducen a conflicto lo que en realidad es persecución y racismo, se normaliza la idea de que la vida mapuche vale menos.
En Chile, los pueblos indígenas enfrentan despojo territorial; enfrentan también la deshumanización simbólica que lo hace posible (Catrileo, 2023), Julia Chuñil es una mujer, mapuche y defensora ambiental, tres condiciones que, en el contexto actual, bastan para volverse objetivo político, considerando que este sistema patriarcal produce víctimas e impunidad como paisaje cotidiano (Rita Segato, 2018).
Su desaparición es una tragedia personal y comunitaria y es un espejo, en él se refleja el país que decimos ser y el que realmente somos. Un país donde la democracia se disfraza de verde, pero el bosque sigue ardiendo, un país que celebra acuerdos climáticos, mientras criminaliza a quienes cuidan el agua, un país que firma convenios internacionales sobre derechos humanos, pero no los aplica cuando la víctima es indígena.
Frente a eso, la pregunta ¿Dónde está Julia Chuñil? deja de ser solo una demanda judicial. Se convierte en una pregunta moral y política.
¿Dónde está Julia?
¿Dónde está el Estado que debía protegerla?
¿Dónde está la justicia que prometió no repetir los horrores del pasado?
No hay respuesta que no sea incómoda, porque lo que se pone en evidencia no es solo una investigación, es la legitimidad ética del país que queremos ser.
Hoy, en cada marcha, en cada cartel, en cada grito que atraviesa nuestro territorio del sur, Julia está presente, en su nombre se articula la dignidad de un pueblo que se niega a ser borrado, su memoria es una semilla de conciencia.
Y mientras el poder siga creyendo que la vida humana y la tierra son recursos transables, seguiremos repitiendo su nombre como un acto de resistencia y de memoria, porque su causa y su ejemplo debe permanecer como un baluarte.
Dra. Sonia Brito Rodríguez, es Directora pregrado Departamento Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado.
El Maipo/Le Monde Diplomatique
Referencias
CEPAL (2024). Defensoras ambientales y derechos humanos en América Latina. Santiago de Chile.
Global Witness (2023). Standing Firm: The Land and Environmental Defenders of 2023. Londres.
Segato, R. (2018). Contra-pedagogías de la crueldad. Prometeo.
Catrileo, J. (2023). “Territorio, cuerpo y resistencia: las mujeres mapuche frente al extractivismo.” Revista Crítica Sur, 18(2), 34–52.
