(Lima) El dramático caso de una peruana deportada de Estados Unidos y separada de su hija de 6 años, congregó la atención mediática y confirmó la dureza de la política anti-migrantes del gobierno de Donald Trump.
Aida León reveló que las autoridades norteamericanas no aceptaron su pedido de reunirse con la niña y volver a Perú como parte del primer grupo de connacionales deportados el sábado último, cuando arribaron 34 de un estimado de 300 mil peruanos indocumentados.
Los funcionarios estadounidenses argumentaron, según la madre, que ella estaba sola cuando fue detenida y había sido arrestada individualmente, sin la hija.
Refirió que su familia reunió 700 dólares para pagar el viaje a Lima de la pequeña, pero el pasaje costaba más del doble, por lo que su familia pidió apoyo a la Cancillería, el cual fue condicionado a que cuente con un “certificado de pobreza”.
“¿Cómo le van a exigir un certificado de pobreza? Me parece algo ilógico”, comentó un familiar de León.
El excanciller Mihuel Rodríguez criticó a la Cancillería por exigir el citado certificado, al que calificó como “fascista” y añadió que es muy grave pedir ese documento a quien es indudablemente pobre.
Rodríguez pidió a la presidente Dina Boluarte que ordene la eliminación de ese requisito, teniendo en cuenta que los peruanos emigrados precarios son generalmente pobres.
El Maipo/PL
