(Bogotá) El progreso de la reforma agraria en Colombia enfrenta hoy varios obstáculos, según denunciaron recientemente funcionarios gubernamentales y el propio presidente, Gustavo Petro.
A juicio del mandatario, el Congreso y representantes de la rama judicial impiden que el campesinado y las comunidades étnicas reciban con rapidez la tierra, por lo cual también limitan el avance del cumplimiento del primer punto del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.
“No nos están ayudando los jueces en general, precisamente porque no están tomando decisiones sino guardando en el escritorio los procesos”, comentó el gobernante durante el desarrollo de una Sesión de la Comisión Intersectorial Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural que tuvo lugar en la Casa de Nariño.
Argumentó que las decisiones se ven postergadas por “colapso judicial, porque no priorizan este tema o por otras razones donde los despojadores actúan”.
Por otra parte, objetó que el Congreso aún no apruebe la Jurisdicción Agraria, una norma que facilitaría una mayor celeridad en la entrega de terrenos.
“La jurisdicción especial agraria sigue durmiendo el sueño de los justos; el proyecto de ley el Congreso no lo está aprobando, incumpliendo la declaración unilateral de Estado entregado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, planteó en torno a la ejecución Acuerdo de Paz.
Durante la actual administración los agricultores de diferentes partes de Colombia recibieron un total de 569 mil hectáreas, pero la meta del gobierno es llegar a un millón, lo que constituiría la tercera parte de los estipulado en el Pacto de 2016.
Por otra parte, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) denunció el aumento de hostigamientos y amenazas de grupos armados contra funcionarios en varios territorios donde se ejecutan procesos de recuperación, adquisición y formalización de predios en el marco de la reforma agraria.
En la región del Magdalena Medio, en el noroeste del país, se identificaron riesgos por esa causa en cinco fincas ubicadas en los municipios de Puerto Boyacá, La Dorada y Cimitarra.
En estos sitios, el Clan del Golfo, bajo la influencia de alias ‘Botalón’, estaría ejerciendo presiones para frenar la intervención del Estado en predios asociados históricamente a estructuras del narcotráfico y el paramilitarismo, según informó el director de la ANT, Felipe Harman.
De acuerdo con el funcionario, las amenazas no solo impiden la labor técnica y administrativa de la entidad, sino que perpetúan el despojo y no permiten que las tierras recuperadas por el Estado lleguen a quienes por derecho les pertenecen.
Añadió la ANT que situaciones de riesgo también se registran en municipios de Chocó, Antioquia y Córdoba, donde miembros el Clan del Golfo, Los Mellizos y otros grupos armados realizan amenazas directas contra topógrafos, evaluadores y funcionarios.
El Maipo/PL
