A partir del próximo 1 de julio, las tarifas eléctricas volverán a registrar un incremento en Chile. El ajuste promedio a nivel nacional será de 4,9%, aunque el impacto variará según la distribuidora y la ubicación geográfica de los usuarios, con aumentos que podrían alcanzar hasta un 16% en algunas comunas del sur del país.
En la Región Metropolitana, los clientes de Enel enfrentarían un alza cercana al 2,7%, mientras que en regiones del sur, donde operan empresas como Saesa, los reajustes serán considerablemente más elevados.
De acuerdo con Javier Piedra, director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos, esta nueva actualización tarifaria responde a una combinación de factores económicos nacionales e internacionales.
“Tiene que ver con variables como el tipo de cambio, el IPC de Estados Unidos y el precio de los combustibles”, explicó el especialista, quien agregó que también inciden los costos asociados a la infraestructura y transmisión de energía eléctrica.
Piedra señaló además que existen diferencias territoriales debido a que algunos cargos incluidos en las cuentas de electricidad se calculan de manera distinta según la zona del país, lo que explica por qué ciertos sectores enfrentarán alzas más pronunciadas que otros.
Uno de los casos más complejos es el de la Región de Los Lagos, donde se proyectan algunos de los incrementos más altos a nivel nacional, generando preocupación entre las familias en medio de la temporada invernal.
Gobierno anuncia medidas para amortiguar el impacto
Ante este nuevo reajuste, el Gobierno informó que ingresará un proyecto de ley destinado a mitigar el efecto de las alzas en los hogares y, al mismo tiempo, resolver compromisos financieros pendientes con las empresas eléctricas sin traspasar mayores costos a los consumidores.
Desde el Congreso, diversos parlamentarios han solicitado ampliar el alcance de las medidas de apoyo contempladas por el Ejecutivo.
El diputado Carlo Arqueros afirmó que “es necesario contar con un mecanismo de mitigación que proteja a las familias más vulnerables y, por supuesto, a la clase media frente a estos aumentos”.
En la misma línea, el diputado Bernardo Salinas valoró la iniciativa gubernamental, aunque planteó que los beneficios deben llegar a un universo más amplio de usuarios.
“Debe avanzar sin letras chicas y considerar no solo al 40% del Registro Social de Hogares, sino también hasta el 80%, incluyendo además a los arrendatarios”, sostuvo.
Con este nuevo ajuste tarifario, el debate sobre el costo de la energía vuelve a instalarse en la agenda pública, especialmente en pleno invierno, cuando el consumo eléctrico aumenta debido a las bajas temperaturas y las mayores necesidades de calefacción en los hogares.
El Maipo
