La COP29 llegó a su fin, como tantas otras, con un sabor amargo. Mientras los países en desarrollo pedían billones para salir de las crisis climáticas en las que los metieron las emisiones de los ricos, los ecologistas pedían trillones y los que deberían pagar los platos rotos solo ofrecieron 300 mil millones de dólares, un cifra absolutamente irrisoria. Latinoamérica se ve en el brete de tener que afrontar el cambio climático con ‘una mano delante y otra detrás’.
Final de la COP29: nada que celebrar
Dos días después del cierre oficial del encuentro, la edición 29 de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP29) concluyó con un acuerdo para el financiamiento climático desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo. El domingo 24 de noviembre, a la madrugada de Bakú, capital de Azerbaiyán, la Presidencia de la COP29 anunció que se estableció un objetivo de 300 mil millones de dólares anuales hasta el 2035.
Aunque el monto triplica la cifra acordada en 2009 y alcanzada por primera vez en 2022, está bastante lejos de lo que los países en desarrollo exigían para mitigar y adaptarse al cambio climático y adoptar energías limpias: 1.3 billones de dólares anuales.
“La propuesta de financiamiento no resuelve ni la crisis climática ni las necesidades de los países vulnerables”, dice Daniel Ortega, ex ministro de Ambiente de Ecuador. Reportes de expertos independientes y del Comité Permanente de Finanzas de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) están de acuerdo en que el financiamiento debe exceder un billón de dólares.
“Muchos decían que lo mejor era no tener nada, pero yo difiero”, afirma Sandra Guzmán, fundadora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), quien participó en las negociaciones como asesora de la delegación de Panamá y de la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC). La experta cree que, por un lado, traspasar esta decisión a la COP30 de Brasil “habría sido muy lamentable desde el punto de vista político”.
Por otro lado, la adopción de la nueva meta colectiva global cuantificada (NCQG, por sus siglas en inglés), donde se aprobaron los 300 mil millones de dólares, es una “señal” de que Latinoamérica contará con financiamiento para el cumplimiento de las contribuciones determinadas nacionales (NDC, por sus siglas en inglés), es decir, los compromisos que los países establecen para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático. Guzmán destaca que aunque no se llegó al monto deseado, se acordó crear una hoja de ruta para alcanzar los 1.3 billones anuales. Las propuestas y otros detalles “no se han decidido aún”, dice la especialista.
Para Marcelo Mena, ex Ministro de Ambiente de Chile, es importante evaluar el fracaso o el éxito de la COP sin ignorar la realidad geopolítica actual. Se refiere al escenario de Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden no tiene mayoría parlamentaria para aportar más al financiamiento y existe el riesgo de que, así como pasó en su periodo anterior, el electo presidente Donald Trump abandone de nuevo el Acuerdo de París. Mena cree que esa falta de financiamiento “le pone un peso mayor a los países que también han estado financiando la defensa de Ucrania”.
En la COP de las finanzas, como fue conocida la cita del 11 al 22 de noviembre de 2024 en Bakú, Azerbaiyán, también se llegaron a otros acuerdos importantes. Después de casi una década de trabajo, los países aprobaron los artículos 6.2 y 6.4 del Acuerdo de París, los últimos bloques para establecer cómo los mercados de carbono operarán bajo dicho acuerdo. El primero se refiere al comercio entre países y el segundo a la creación de estándares para un mercado de carbono centralizado bajo las Naciones Unidas.
Sin objetivos claros
Para el exministro Ortega, hubo una “falta de liderazgo” por parte de la Presidencia de la COP29. “Creo que es la primera vez que se marca la cancha de juego de esa manera tan poco alentadora”, opina y hace referencia al discurso de inauguración, en el que el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, habló del petróleo como “un recurso natural” que los “mercados necesitan”. “Fue una Presidencia complicada, poco creativa. Creo que no contaron con que iban a tener dificultades para generar sinergias entre las partes”, dice Guzmán.
Después de dos semanas de negociaciones, el viernes 22 de noviembre, que era el día del cierre de la Conferencia, no se había llegado a un texto que enmarque el acuerdo del NCQG. Peor aún, los países desarrollados no habían anunciado el monto que dirigirían hacia los países en desarrollo, según cuenta Guzmán. Recién el sábado 23 de noviembre plantearon la meta de 250 mil millones de dólares. “Eso desató una gran queja por parte de los países en desarrollo”, relata la experta. Finalmente, se logró subir el monto a los 300 mil millones de dólares.
Guzmán explica que para llegar a la meta se van a considerar los recursos públicos, pero también fondos privados, bilaterales y multilaterales. “Aquí como que se desdibuja un poco la responsabilidad de los países desarrollados de financiar sólo con recursos públicos la acción climática de los países en desarrollo. Se transfiere la responsabilidad también a los privados y eso no dejó muy satisfechos a varios”, dice.
Además, en el texto final del NCQG se invita a los países con capacidad de contribuir a hacerlo, entre esos, China. Sin embargo, en lugar de que el aporte sea para superar los 300 mil millones, se planteó que dichas contribuciones ayuden a alcanzar esa meta. “Ahí también hay un desdibuje de responsabilidades de los países desarrollados”, asevera Guzmán.
Otro tema que le preocupa a la experta es que, aunque en el texto se habla de que los fondos destinados a la reparación o contribución económica no generen deuda, no se refiere específicamente a los 300 mil millones de dólares.
Algo “lamentable”, indica, es que hubo tensión entre el G77 -en donde están los países en desarrollo- y el grupo de países menos desarrollados y las islas. Este último grupo abogó por que se le diera prioridad en acceso a fondos, además de incluir en el texto el reconocimiento a sus condiciones especiales. “Esto no era del todo adecuado para América Latina ni para África”, opina Guzmán. Entonces, las discusiones se centraron en adoptar un lenguaje que diera preferencias a las islas y a los países menos desarrollados, pero no en detrimento de las otras regiones, según cuenta la especialista.
Una vez que se aceptó el acuerdo, hubo aplausos en el plenario, pero después aparecieron las voces de protesta. La intervención de Chandni Raina, negociadora de India, fue una de las más severas. “Esto no abordará la enormidad del desafío que todos enfrentamos. Por lo tanto, nos oponemos a la adopción de este documento”, dijo.
Tareas y acuerdos que aquedan pendientes
En Bakú finalmente se llegaron a acuerdos sobre los mercados de carbono, cuyas reglas estaban pendientes desde la COP de París, realizada en 2015. “Mucha gente fue vilipendiando a los mercados de carbono, pero bien diseñados pueden lograr financiamiento hacia los países en vías de desarrollo de manera significativa. No es pagar por contaminar, es buscar maneras de traer financiamiento”, dice Marcelo Mena.
Daniel Ortega cree que el desarrollo del artículo 6.2 del Acuerdo de París representa “un avance” en las relaciones bilaterales entre países. El consenso al que se llegó plantea el marco con el que los países autorizarán el comercio de créditos de carbono y cómo operará el control de los registros del mercado.
En el texto se destaca la exigencia de transparencia de los proyectos para evitar inconsistencias y doble contabilidad, es decir, que tanto el país ofertante como el demandante registren un mismo logro climático como propio. Sin embargo, la organización europea sin fines de lucro Carbon Market Watch señala que el texto no incluye “repercusiones” para los países que no cumplan estos estándares.
Mientras tanto, el artículo 6.4 establece los estándares para un mercado de carbono centralizado, a diferencia de los mercados de carbono voluntarios, administrados por organizaciones privadas como Verra o Goldstandard. De acuerdo con un comunicado del 24 de noviembre de las Naciones Unidas, los países en desarrollo se beneficiarán del financiamiento que reciban a través de este mecanismo. “Particularmente, es una buena noticia para los países menos desarrollados, que recibirán apoyo en desarrollo de capacidades para afianzarse en el mercado”, se lee en el texto.
La COP29 se caracterizó por una falta de “claridad”, según dice Ortega. Esto se reflejó en que quedaron tareas pendientes y hubo resultados que no fueron satisfactorios. Por ejemplo, no se alcanzaron acuerdos en el Programa de Trabajo de Mitigación, que busca elevar las metas de mitigación al cambio climático; en el Balance Mundial (GST, por sus siglas en inglés), es decir, la evaluación del progreso global en acción climática; ni en el fondo de pérdidas y daños, dirigido a asistir a los países que sufren desastres asociados al cambio climático. Los debates se trasladarán a la reunión interseccional en Bonn, Alemania, que se realizará a mediados de 2025, y a la COP30 en Brasil.
La siguiente Conferencia de las Partes del Clima se realizará en la Amazonía brasileña, en la ciudad de Belém. Aunque se trazó la ruta Bakú-Belém, Ortega asegura que aquí también “falta liderazgo”. Recuerda que cuando México asumió la presidencia de la COP16, en 2010, se preparó dos años antes y estableció una agenda de trabajo con los países de la región. “Y si queremos al menos tener una solución concreta para la Amazonía, ya deberíamos estar en esas conversaciones”, dice. “Pero no pierdo las esperanzas, quedan 12 meses por delante y espero que Brasil y todo su aparataje diplomático se hagan sentir”, añade.
Mena, por su parte, cree que Brasil va a volcar el tono de las COP. Después de tres ediciones realizadas en países con alta dependencia de los combustibles fósiles -Egipto, Emiratos Árabes y Azerbaiyán- la cumbre climática llegará a un país con una “ambición climática más consolidada”.
Otra COP se terminó y varios consensos quedaron pendientes, por lo que se trasladarán a una reunión interseccional o a la COP30 de Brasil. Entre ellos están el Programa de Trabajo de Mitigación, el Balance Mundial, la evaluación del progreso global en acción climática y el fondo de pérdidas y daños. ¿Cuánto más debemos esperar para que las medidas que se tomen cambien algo?
Ana Cristina Alvarado – Mongabay
El Maipo/Ecoticias
