Chile enfrenta un problema estructural del que se habla poco, pero que erosiona silenciosamente su economía, sus instituciones y su soberanía: el contrabando. No se trata del narcotráfico —cuya visibilidad y dramatismo acaparan titulares—, sino de una red difusa y persistente de ilícitos económicos que atraviesan fronteras, rubros y clases sociales, y que amenaza con transformarse en un nuevo “impuesto” al desarrollo nacional.
Según la Encuesta Nacional de Consumo de Tabaco y Comercio Ilícito 2024, más de la mitad de los cigarrillos consumidos en el país —un 51,5 %— proviene del contrabando. En el Gran Santiago la cifra supera el 56 %, y en el norte alcanza un alarmante 64 %. Casi todos esos productos ingresan desde Paraguay, en un circuito continental de comercio ilegal que utiliza las mismas rutas logísticas y redes de corrupción que otras economías ilícitas. Solo en la Región Metropolitana, las incautaciones aumentaron un 46 % en el último año, reflejando la dimensión del fenómeno.
El contrabando no se limita al tabaco. En 2024, Aduanas detectó US$ 4 millones en efectivo ingresados o retirados sin declarar, en 99 casos formalmente registrados. La cifra puede parecer modesta, pero representa apenas la fracción visible de un flujo financiero mucho mayor, difícil de rastrear y que suele estar asociado al lavado de dinero o la evasión tributaria.
En los mares y ríos, la situación no es mejor. El contrabando pesquero y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) están devastando ecosistemas y comunidades artesanales. En la última temporada, Sernapesca y Carabineros incautaron más de 14 toneladas de recursos marinos solo en La Araucanía, incluyendo merluza austral y cholgas. En 2020 las incautaciones nacionales de pesca ilegal aumentaron un 93,8 % respecto de 2019, alcanzando más de 2.000 toneladas. Cerca del 60 % de las pesquerías chilenas están sobreexplotadas o agotadas, y gran parte de ello se explica por la depredación sin control y por la compraventa de cuotas que vacía de sentido al régimen artesanal.
Pero el caso más grave y menos visible ocurre bajo tierra. Diversos estudios y denuncias públicas han documentado la existencia de un “contrabando legalizado” de minerales. La propia Aduana, mediante resoluciones exentas de 2018 y 2019, redujo el número de elementos que deben fiscalizarse en los concentrados de cobre y molibdeno, dejando fuera una amplia gama de metales preciosos —platino, paladio, rodio, renio, entre otros— que simplemente no se declaran al exportarse. Se estima que esta subfacturación podría representar pérdidas superiores a US$ 119 mil millones en las últimas décadas. En la práctica, Chile exporta riqueza mineral sin siquiera saberlo, mientras los beneficios fiscales se diluyen en balances opacos y triangulaciones tributarias.
Este mosaico de ilícitos revela un patrón común: el debilitamiento del Estado fiscalizador. Aduanas, Sernapesca y las policías operan con recursos limitados frente a un mercado ilícito en expansión. Mientras el país destina miles de millones al control del narcotráfico, el contrabando erosiona los cimientos económicos por la puerta trasera: reduce la recaudación fiscal, deforma los mercados, fomenta la competencia desleal y financia redes criminales que luego se infiltran en otras actividades.
El contrabando no es solo un delito económico: es un problema político y ético. Minar la capacidad del Estado para recaudar y controlar lo que entra y sale de su territorio equivale a socavar su soberanía. Cada cajetilla de cigarrillos sin impuesto, cada tonelada de pesca ilegal o cada gramo de metal no declarado es un recordatorio de que Chile está perdiendo el control de su frontera económica.
Se requiere una respuesta integral: modernizar Aduanas con tecnología de escaneo y trazabilidad digital, endurecer penas y sanciones, exigir transparencia total en las exportaciones mineras, y reforzar la fiscalización marítima con enfoque ecológico. Pero, sobre todo, hay que asumir que el contrabando no es un problema de “baja intensidad”: es una amenaza estratégica que compromete el futuro fiscal, ambiental y productivo del país.
Chile no puede seguir tolerando esta economía paralela que se alimenta del silencio. El contrabando es, hoy, el rostro invisible de la pérdida de soberanía económica.
Por Álvaro Ramis, Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC), colaborador de El Maipo.
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