La instancia legislativa respaldó por unanimidad la idea de legislar el proyecto que fortalece las capacidades fiscalizadoras y sancionatorias del organismo contralor. La iniciativa también modifica normas sobre responsabilidad administrativa en el sector público.
La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados dio luz verde, con trece votos a favor, al proyecto que busca ampliar las facultades fiscalizadoras y disciplinarias de la Contraloría General de la República, junto con modificar las normas de responsabilidad administrativa.
La iniciativa, que surge de la fusión de dos mociones parlamentarias y un mensaje del Ejecutivo, propone transformar el rol de la Contraloría, otorgándole capacidad para aplicar sanciones directamente, en lugar de solo proponer medidas disciplinarias como ocurre actualmente, informo la sala de prensa de la Cámara Baja.
Cambios estructurales al sistema fiscalizador
Entre las principales modificaciones destaca que la renuncia de un funcionario público no extinguirá su responsabilidad administrativa. Además, se establecen sanciones para las autoridades que no ejecuten las medidas disciplinarias dictadas por la Contraloría.
El proyecto también contempla que el organismo pueda acceder a información bancaria de las instituciones fiscalizadas, un punto que generó debate entre los expertos convocados a la comisión.
Preocupaciones técnicas y jurídicas
Durante la sesión, los académicos Joaquín Palma y Juan Carlos Flores expresaron inquietudes sobre los alcances de la reforma. Palma advirtió que los cambios otorgarían a la Contraloría una función cuasi jurisdiccional en materia disciplinaria, lo que podría generar tensiones con las garantías del debido proceso y los estándares interamericanos de derechos humanos.
Por su parte, Flores cuestionó qué ocurriría si el país tuviera un mal contralor y alertó sobre posibles conflictos con la ley de datos personales que entrará en vigencia en diciembre de 2026. También planteó la interrogante sobre quién controlará la potestad disciplinaria de la Contraloría, sugiriendo que podría ser un tribunal ordinario o laboral.
Déficit de recursos y contrapesos institucionales
Los diputados Claudia Mix y Cosme Mellado consultaron sobre los mecanismos de control del propio organismo fiscalizador y el déficit de personal para atender denuncias, especialmente a nivel local.
Desde el Ejecutivo, Valeria Lubbert, asesora para la integridad pública del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, defendió la iniciativa señalando que la Constitución faculta al legislador para definir las atribuciones de la Contraloría. Aclaró que las sanciones directas se aplicarían exclusivamente a personas que ya cesaron en sus cargos y que el proyecto considera recursos para aumentar la dotación de personal y desarrollar herramientas tecnológicas de seguimiento.
La comisión fijó como plazo para presentar indicaciones el 30 de diciembre, reconociendo la complejidad técnica de la materia. El debate continuará sobre el texto propuesto por el Gobierno, que busca modernizar las normas de responsabilidad y probidad en el sector público.
El Maipo
