(Quito) Mujeres ecuatorianas enfrentan hoy brechas para acceder al aborto legal por violación, según un informe de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Divulgado en el contexto del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, el estudio del Observatorio de Violencias Basadas en Género y Sexualidades de Flacso advierte que, más de cuatro años después de la entrada en vigor de las normas que regulan este procedimiento, los registros y la atención sanitaria siguen siendo insuficientes.
La investigación señala que el sistema de salud presenta tres problemas principales: la casi desaparición de los registros del sector privado, una atención concentrada en determinadas zonas del país y un aumento de la objeción de conciencia entre el personal sanitario.
Antes de 2022, tanto hospitales públicos como privados reportaban al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) los casos de aborto médico, pero desde la entrada en vigor del nuevo marco legal, el sector privado prácticamente dejó de aparecer en esos datos.
El Ministerio de Salud Pública, por su parte, recopila las solicitudes de interrupción voluntaria del embarazo por violación, aunque sus registros tampoco permiten saber con claridad cuántos pedidos terminan en un procedimiento, cuánto demora la atención o cuántos casos son desistidos o rechazados.
Además, el problema está relacionado con el lugar de residencia de las pacientes, ya que nueve de cada diez mujeres que accedieron a un aborto médico entre 2022 y 2024 tuvieron que trasladarse desde zonas rurales hasta establecimientos ubicados en áreas urbanas.
Tales barreras pueden traducirse para las pacientes en mayores gastos y tiempos de traslado, especialmente para quienes viven en zonas rurales, así como en una mayor dificultad para acceder al procedimiento dentro del límite legal de 12 semanas de gestación.
En Ecuador, el aborto está permitido cuando existe riesgo para la vida o la salud de la mujer y cuando el embarazo es producto de una violación.
Unas 200 personas se movilizaron en Quito este domingo para reclamar la despenalización del aborto de manera general y defender el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
Las organizaciones participantes también cuestionaron las dificultades que persisten para acceder a ese procedimiento dentro del sistema sanitario y llamaron a preservar las conquistas alcanzadas por los movimientos feministas y sociales.
El Maipo/PL
