La propuesta establece que enviar estos desechos fuera del país será una medida excepcional y requerirá autorización del Ministerio del Medio Ambiente. Para ello, los exportadores deberán demostrar que Chile no cuenta con instalaciones o servicios adecuados para su tratamiento y que existe una finalidad de reciclaje o recuperación en el país receptor.
El Senado despachó a la Cámara de Diputadas y Diputados un proyecto que busca restringir la exportación de residuos peligrosos, estableciendo mayores exigencias para permitir que estos materiales sean enviados fuera del territorio nacional.
La iniciativa modifica la Ley 20.920, que regula la gestión de residuos y la responsabilidad extendida del productor, y plantea que la exportación de desechos peligrosos tenga un carácter estrictamente excepcional.
El proyecto corresponde al boletín 15.627-12, fue impulsado por el senador Esteban Velásquez y pasó a segundo trámite constitucional luego de que la Sala del Senado aprobara su contenido en particular.
Exportar sería una excepción
La propuesta establece que el Ministerio del Medio Ambiente solo podrá autorizar la salida de residuos peligrosos cuando se cumplan simultáneamente dos condiciones.
La primera exige demostrar que en Chile no existen capacidades técnicas, servicios o lugares adecuados para eliminar o valorizar esos residuos de manera ambientalmente racional y eficiente.
La segunda establece que los desechos deben ser requeridos como materia prima para procesos de reciclaje o recuperación en el país que los recibe.
De esta forma, el proyecto busca que la exportación no sea utilizada como una vía habitual para gestionar este tipo de residuos, sino como una alternativa ante situaciones específicas en las que no exista capacidad suficiente dentro del país.
Mayores exigencias para exportadores
El texto también incorpora obligaciones destinadas a acreditar que realmente no existe una alternativa disponible en Chile.
Los gestores autorizados deberán informar cada seis meses al Ministerio del Medio Ambiente sobre la capacidad técnica con la que cuentan para gestionar estos residuos.
A su vez, quienes pretendan exportarlos tendrán que presentar una declaración jurada y antecedentes técnicos que permitan demostrar la falta de capacidad nacional para su eliminación o valorización.
El proyecto también contempla que puedan realizarse exportaciones en el marco de acuerdos entre Chile y otros Estados, siempre que esas operaciones sean compatibles con los objetivos del Convenio de Basilea.
El Convenio de Basilea como marco
La iniciativa busca adecuar la legislación chilena a los compromisos adquiridos mediante el Convenio de Basilea, tratado internacional que regula los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación.
Chile ratificó este convenio en 1992. El Ministerio del Medio Ambiente señala que su objetivo general es que los movimientos internacionales de estos residuos se realicen bajo condiciones que protejan tanto la salud humana como el medioambiente.
Actualmente, el Ministerio del Medio Ambiente es la autoridad competente en Chile para evaluar los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos, incluidos los procesos de exportación, tránsito e importación.
El objetivo: fortalecer la gestión dentro del país
Durante la discusión parlamentaria, distintos senadores destacaron que la modificación podría contribuir a fortalecer la capacidad nacional de reciclaje y valorización de residuos.
El senador Sebastián Keitel señaló que la medida puede favorecer el desarrollo de una industria nacional de reciclaje, mientras que Ricardo Celis puso el énfasis en reducir al mínimo el traslado internacional de desechos peligrosos.
El autor de la moción, Esteban Velásquez, sostuvo por su parte que el proyecto incorpora el principio de progresividad y no regresión en materia ambiental, y valoró las modificaciones realizadas durante su tramitación.
Ahora el proyecto pasa a la Cámara
Con la aprobación del Senado, la iniciativa continúa su recorrido legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Allí deberá ser revisada antes de que pueda seguir avanzando hacia una eventual aprobación definitiva. Por ahora, las nuevas exigencias todavía forman parte de un proyecto y no modifican la normativa vigente.
La discusión legislativa tendrá como uno de sus puntos centrales definir hasta dónde debe llegar la capacidad de Chile para tratar y valorizar sus propios residuos peligrosos y en qué circunstancias resulta justificado recurrir a instalaciones ubicadas en otros países.
El Maipo
