(Brasilia) Brasil se prepara para enfrentar mañana la imposición de un arancel del 50 por ciento por Estados Unidos sobre sus exportaciones, una medida que llevó al Gobierno a activar un plan urgencia.
El comercio bilateral entre ambos países ingresa este viernes en una fase crítica y marca un punto de inflexión en las relaciones diplomáticas.
Ante la inminente entrada en vigor de esta sanción, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva acelera la formulación de una iniciativa de contingencia para mitigar el impacto económico.
Pese a que Brasil manifiesta reiteradamente su disposición al diálogo, Washington se ha mantenido inflexible.
Fuentes del Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo en esta capital, confirmaron que Lula recibirá en las próximas horas propuestas concretas de su equipo económico.
Se incluyen líneas de crédito para sectores exportadores clave y estímulos fiscales dirigidos a mitigar la pérdida de competitividad internacional.
Mientras tanto, una delegación de ocho senadores brasileños concluyó una misión en Washington con la esperanza de revertir la decisión, pero no lograron avances significativos.
El Congreso estadounidense, actualmente en receso anticipado, dejó el asunto en manos de la Casa Blanca, que sigue endureciendo su postura comercial.
La controversia escaló más allá de lo económico y el presidente Donald Trump condicionó cualquier diálogo a que el Gobierno brasileño intervenga en el proceso judicial contra el exmandatario Jair Bolsonaro, acusado de golpista.
Tajantemente, la administración de Lula rechazó esta exigencia, calificándola de violación a la autonomía de los poderes democráticos.
Para más leña al fuego, un decreto del Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusa al juez Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema y relator en el proceso contra Bolsonaro, de violaciones de derechos humanos y persecución de ciudadanos norteamericanos.
Ante tal hecho, Lula declaró en un comunicado que considera inaceptable la injerencia de Trump en el Poder Judicial brasileño.
Expresó su solidaridad con De Moraes, objeto de sanciones impuestas por el país norteño en virtud de la llamada Ley Magnitsky que castiga a quienes hayan cometido o estén vinculados a violaciones de los derechos humanos o corrupción en el mundo.
Para Lula, la motivación política detrás de las medidas contra el gigante sudamericano socava la soberanía nacional y la relación histórica entre ambos países.
«Uno de los pilares de la democracia y el respeto a los derechos humanos en Brasil es la independencia del Poder Judicial, y cualquier intento de debilitarlo constituye una amenaza para el propio régimen democrático. La justicia no se negocia», subrayó.
El Maipo/PL
