Por Osvaldo Cardosa
(Brasilia) La primera sala del Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió aceptar la denuncia de la Fiscalía General contra el exmandatario Jair Bolsonaro y siete aliados cercanos, acusados de intentar un golpe de Estado tras la derrota en las elecciones de 2022.
Tal determinación del 26 de marzo abre la puerta a un juicio penal por delitos como organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y daño calificado por violencia y grave amenaza.
El juez relator del caso, Alexandre de Moraes, presentó pruebas contundentes que respaldan la acusación y fue secundado por unanimidad por los otros cuatro magistrados de la sala: Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia Antunes y Cristiano Zanin.
La Fiscalía General sostiene que Bolsonaro lideró un grupo que conspiró para desconocer el resultado electoral y perpetuarse en el poder, valiéndose de la estructura del Estado y la influencia de sectores militares.
Según la querella, el exgobernante tenía pleno conocimiento del plan titulado Daga Verde y Amarilla, diseñado en diciembre de 2022, que incluso contemplaba el asesinato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, su vicepresidente Geraldo Alckmin y el propio Alexandre de Moraes.
Entre las evidencias clave se encuentra la denominada Minuta del Golpe, un documento que planteaba decretar el Estado de Sitio a través del Tribunal Superior Electoral.
La comprometida anotación fue hallada en la residencia del exministro de Justicia Anderson Torres y en el teléfono del teniente coronel Mauro Cid, exayudante de Bolsonaro.
El ponente estuvo de acuerdo con los argumentos presentados por el Ministerio Público Federal para concluir que los acusados formaron el grupo principal de la trama golpista para impedir el tercer mandato de Lula.
Según la acusación, fueron responsables de las principales decisiones y «acciones de impacto social».
Desde 2021, el exmandatario utilizó redes sociales y su llamado «gabinete del odio» para difundir noticias falsas sobre el sistema electoral y desprestigiar a las instituciones democráticas.
Incluso ordenó a su entonces ministro de Defensa, Paulo Sergio Nogueira, elaborar un informe para cuestionar la seguridad de las urnas electrónicas y promover sospechas de fraude.
También se le vincula con un intento de presión a oficiales del Ejército para respaldar la algarada golpista.
No hay más dudas de que el denunciado conocía, manejaba y discutió sobre el proyecto del golpe, señaló De Moraes.
Apuntó que, «si se analizó y quiso, si se analizó y no quiso, esto será (verificado) en el juicio de culpabilidad. No hay duda de que él (Bolsonaro) tenía conocimiento de la Minuta del golpe que fue aprehendida», subrayó.
Luego de la sonada decisión del STF, el exjefe del Ejecutivo (2019-2022) ofreció una conferencia de prensa y negó las acusaciones, alegando falta de pruebas y destacando su colaboración con el proceso de transición gubernamental.
Sin embargo, el caso avanza y su futuro político parece cada vez más incierto.
El juicio aún no tiene fecha, pues dependerá de la fase de instrucción y las diligencias que se realicen.
Si es declarado culpable, el excapitán del Ejército enfrentará una condena que podría superar los 40 años de prisión.
Bolsonaro, apodado el Trump de los trópicos por su afinidad con el presidente estadounidense, Donald Trump, fue inhabilitado hasta 2030 por abuso de poder y difusión de información falsa sobre el sistema electivo.
Su intento de regresar a la arena política en 2026 se ve cada vez más comprometido, mientras su destino podría estar marcado por la cárcel y el ocaso definitivo de su carrera política.
El Maipo/PL
