El primer proceso por robo de bebés en dictadura avanza hoy en Chile, donde la justicia acordó solicitar a Israel la extradición de una exjueza acusada de vender niños a familias extranjeras.
Se trata de Ivonne Gutiérrez, antigua titular del Juzgado de Menores de la comuna de San Fernando, quien está vinculada a hechos ilícitos cometidos en 1982 y 1983, en tiempos del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).
Gutiérrez es procesada aquí por los delitos de asociación ilícita, sustracción de los infantes Alex y Andrea y prevaricación dolosa.
Esta semana y en fallo unánime la Segunda Sala de la Corte Suprema declaró procedente pedir a Tel Aviv la extradición, según lo estipulado en el convenio europeo sobre el tema al cual se adhirieron tanto Chile como Israel.
“Dada la naturaleza de los ilícitos que se imputan a la requerida, estamos en presencia de hechos imprescriptibles”, señaló el tribunal.
La antigua jueza era pareja del abogado Alberto Bronfman, quien poseía una oficina jurídica en la calle San Antonio, del centro de Santiago, y también había allí una guardería donde los bebés robados a madres de San Fernando, Santa Cruz y otras comunas eran mostrados a parejas foráneas.
Los trámites de inscripción se hacían cerca del Palacio de La Moneda, sede de la presidencia, y el precio de la adopción era de unos 50 mil dólares.
De acuerdo con las investigaciones, en la ciudad de San Fernando existía una red integrada por abogados, sacerdotes de la Iglesia católica, miembros de organizaciones sociales, funcionarios de salud y la citada jueza para vender a niños cuyas madres eran de escasos recursos.
Según datos publicados aquí, se estima en más de 20 mil los menores chilenos adoptados de manera irregular que se quedaron en el territorio nacional o fueron enviados al extranjero, sobre todo a Europa, durante el régimen de Pinochet.
Un estudio realizado por la Fundación Hijos y Madres del Silencio (HMS), dedicada a apoyar a las familias afectadas, reveló procedimientos sistemáticos como la declaración falsa de muerte al nacer, la manipulación de documentos, la participación de redes de intermediarios y hasta el uso de amenazas.
En cuanto al perfil de las víctimas, la mayoría eran mujeres jóvenes, pobres e indígenas.
“Nosotros hemos logrado más de 350 encuentros de hijos que viven en el extranjero o acá en Chile, con sus padres biológicos”, declaró recientemente a Prensa Latina Marisol Rodríguez, presidenta de la fundación creada hace más de una década.
