En un hecho que ha generado falsas expectativas entre los habitantes de las provincias de Melipilla y Talagante, se informó hace unos días atrás, que la implementación del tan esperado “perímetro de exclusión” se ha postergado hasta fines de diciembre de este año. Esta medida tiene como objetivo primordial mejorar la calidad y frecuencia del transporte público rural en la región.
Son cerca de 287 mil habitantes de estas comunas continúan a la espera de mejoras en el transporte público. Para lograr este cometido, las empresas deberán cumplir con parámetros de calidad, frecuencia y tarifa.
Este acuerdo busca garantizar un servicio de transporte más eficiente, sino también promover una relación más transparente entre las empresas y el Ministerio de Transporte y telecomunicaciones (MTT).
La implementación otorgará a siete empresas -Bupesa, Tasacoop, Líder, Islaval, Ruta Bus 78, Autobuses Melipilla-Santiago y Transber- el derecho de operar de manera exclusiva en las mencionadas comunas. Sin embargo, esta exclusividad está sujeta al cumplimiento de parámetros técnicos, como el número de autobuses en circulación, la calidad del servicio brindado, la frecuencia de las rutas, información de las tarifas aplicadas, mejoras en tecnología como GPS y una aplicación para conocer los buses disponibles y tiempos de espera.
Uno de los aspectos clave en esta nueva medida es la regulación de las tarifas del transporte público. Este acuerdo permitirá que cualquier modificación en los precios de los pasajes no solo sea informada a los usuarios, sino también discutida con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Este enfoque busca abordar una problemática que ha perdurado durante años y que finalmente encuentra una solución concreta. El MTT se ha comprometido a destinar un subsidio anual de aproximadamente, más de 4600 millones de pesos para respaldar estas mejoras, aunque hasta ahora, la inversión concreta de esta suma aún no es visible.
La anticipación en torno a la implementación del “perímetro de exclusión” en las provincias de Melipilla y Talagante ha dado un giro inesperado, dejando un sentimiento de molestia entre los usuarios del servicio de transporte. Inicialmente programada para agosto, esta medida de mejora en la calidad y frecuencia del transporte público ahora se retrasará hasta diciembre de 2023, un cambio que ha causado descontento entre la comunidad. Las autoridades habían garantizado la puesta en marcha en una fecha anterior, lo que hace que la demora actual sea motivo de frustración entre aquellos que anhelan mejoras tangibles en su experiencia de viaje diario.
Junto con el inicio de la implementación en diciembre, se introducirá una medida clave para garantizar la efectividad de los cambios: la incorporación de sistemas de GPS y seguimiento en los autobuses. Este enfoque brindará una supervisión más rigurosa del cumplimiento de los contratos entre las empresas y las autoridades, sino que también ofrecerá información en tiempo real a los usuarios. Aunque la espera se ha prolongado, las medidas adicionales demuestran, esperemos que las autoridades estén comprometidas en tomar acciones concretas para mejorar la situación, aunque la paciencia de los usuarios sea puesta a prueba en el camino.
Sin embargo, la postergación de la implementación del “perímetro de exclusión” en las provincias de Melipilla y Talagante no ha sido recibida con brazos abiertos por parte de las organizaciones comunales de usuarios del transporte. Estas representan directamente a los habitantes que dependen diariamente de los servicios de autobús, expresando su molestia ante la decisión, que dilata la anhelada mejora en la calidad del servicio de pasajeros. Las expectativas de una transformación positiva se ven empañadas por esta demora, y las voces de los usuarios se hacen eco exigiendo una pronta y efectiva implementación de las mejoras prometidas.
Una de las claves de la postergada implementación del “perímetro de exclusión” en Melipilla y Talagante radica en el compromiso asumido por las empresas encargadas de los servicios de transporte. Aunque este acuerdo ha despertado esperanzas de mejoras, existe un elemento de incertidumbre que inquieta a la comunidad. Las empresas se han comprometido a ciertas obligaciones que, en caso de no cumplirse, llevarían consigo sanciones económicas. No obstante, hasta el momento, los detalles precisos de estas sanciones permanecen en la penumbra, generando inquietudes y dejando a los usuarios en un estado de desconocimiento.
Por Francisco Caamaño Rojas. Ingeniero en Administración de Empresas, Ambientalista y ex Convencionalista.
Nota: El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial El Maipo.
