El Gobierno de Chile presentó los nuevos lineamientos para la promoción de una inmigración regulada. En diálogo con Sputnik, el especialista Yesid Castaño sostiene la importancia de proteger al migrante y solucionar las vulnerabilidades que les depara el sistema a esta población.
El pasado 6 de julio, el Gobierno de Chile presentó su Política Nacional de Migración y Extranjería, que establece los lineamientos para promover una “migración ordenada, segura y regular”.
La nueva política busca dar respuestas a la crisis migratoria y el desborde en el proceso de recepción de población migrante y el control de pasos fronterizos, lo que llevó a la militarización de la frontera norte del país.
De acuerdo con estadísticas del Ministerio del Interior y el Servicio Jesuita Migrante — fundación de ayuda a migrantes, asociada a la Iglesia católica—, alrededor de 1,5 millones de migrantes viven en Chile. De ellos, la mitad ingresó entre 2017 y 2021 y unos 150.000 inmigrantes lo hicieron por pasos no habilitados.
En conversación con Sputnik, el abogado colombiano Yesid Castaño, residente en Chile y especialista en derecho migratorio, reclama la “necesidad de contar con información fidedigna” y no “parcializada” sobre los alcances de la nueva Política Nacional de Migración y Extranjería.
Castaño afirma que desde que se presentó la nueva política migratoria chilena, han aflorado las contradicciones entre las instituciones que deben velar por el proceso migratorio, específicamente entre el Ministerio del Interior y el Servicio Nacional de Migraciones.
“La ministra del Interior, Carolina Tohá, dice que se va a poder regularizar la situación de algunas personas, los que no tengan antecedentes penales y tengan arraigos familiares dentro de Chile”, sostiene el abogado. Mientras que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, “niega esa afirmación y dice que eso no va a ser una regularización migratoria”.
Castaño llama la atención sobre las declaraciones del director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer Correa, quien “dijo públicamente que corregía ese anuncio de la ministra y que eso no iba a ser así, sino un empadronamiento biométrico en función de los crímenes asociados a migrantes que van en escalada”.
“Lo que busca puntualmente el Gobierno es identificar biométricamente, con huellas dactilares y demás, a las personas en situación irregular para poder hacer un proceso de seguimiento de cada delito en los que puedan estar involucrados y así mismo colocar penas ejemplares por reincidencia de delitos”, subrayó.
Datos irregulares, datos perdidos
En 2017, durante el segundo mandato de Sebastián Piñera (2018-2022) se llevó a cabo un proceso de regularización de migrantes, aunque de acuerdo con el experto nunca existió real claridad respecto a cuantas personas lograron normalizar su situación.
“En aquella ocasión el ministro del Interior dijo que se habían regularizado a 300.000 personas y eso es falso. Fueron alrededor de 140.000 personas regularizadas”, comentó Castaño.
Posteriormente, el flujo de personas dispuestas a ingresar a territorio chileno, incluso desde pasos fronterizos no habilitados, se multiplicó y generó lo que se ha denominado como una gran crisis migratoria, en un país sin antecedentes históricos de grandes oleadas de inmigración.
Castaño recordó que, en 2021, mediante un hackeo al sistema informático, se eliminaron todos los datos sobre ciudadanos extranjeros en el país que recopiló el Servicio Nacional de Migraciones desde 1993 hasta el 2021. “Y esos datos no tenían respaldo”, subrayó.
“Es un gran problema con muchos extranjeros, cuyos datos fueron eliminados del sistema. Hay personas que llevan tres o cuatro años esperando la respuesta de una residencia definitiva, incluyendo niños, niñas y adolescentes que están siendo perjudicados al no poder postular a universidades. Es un tema crítico”, lamentó.
Hacia una regularización
“Esta nueva política que se está lanzando con empadronamiento biométrico, lo que busca es identificar a los extranjeros irregulares y eventualmente todo apunta que se buscará la regularización de esas personas”, destacó Castaño.
El abogado precisó que la actual ley 21.325 de Migración y Extranjería “entra en contradicción con la nueva política migratoria”, ya que “esas personas que están siendo empadronadas tienen que ser expulsadas” porque la norma legal así lo establece para los migrantes irregulares.
“El tema es que no existe el presupuesto para expulsar a esa cantidad de personas. Sale mucho más económico para el Estado de Chile regularizar a quienes no tengan antecedentes o no estén cometiendo delitos”, detalló.
De acuerdo con el especialista es posible alcanzar una regularización migratoria en el futuro. “El punto es que no hay certezas de cuándo va a ser. Eso pone a las personas en una situación de vulnerabilidad porque estarán irregulares todo este tiempo, no pueden acceder a cuentas bancarias para desarrollar actividades remuneradas lícitas en el país”, indicó.
“Lo importante es ver cómo el migrante puede protegerse por la vía judicial, que es el único mecanismo que tenemos para protegernos, y buscar solucionar las vulnerabilidades que tiene el sistema. Hay gente que lleva 10 años y no puede acceder a una residencia definitiva, algo tan básico”, concluyó.
Fuente:El Maipo/SPUTNIK
