Seis partidos opositores anunciaron que estudiarán los antecedentes jurídicos para presentar un libelo contra el ministro de Justicia. Mientras el Partido de la Gente evaluará su posición el lunes, el Partido Nacional Libertario descartó respaldar la iniciativa.
La controversia por las rebajas de condenas concedidas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad abrió un nuevo flanco político para el Gobierno de José Antonio Kast. Seis partidos de oposición anunciaron que prepararán los antecedentes para evaluar una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.
La decisión fue comunicada el viernes 23 de octubre por las bancadas del Frente Amplio, Partido Socialista, Partido Comunista, Partido por la Democracia, Partido Liberal y Democracia Cristiana. Las colectividades también exigieron al Presidente Kast que remueva al secretario de Estado.
PDG definirá su posición el lunes
Uno de los puntos clave para el futuro de la iniciativa será la postura del Partido de la Gente (PDG), que cuenta con 14 diputados. La bancada señaló que está analizando los antecedentes para determinar si los hechos permiten sustentar una acusación constitucional.
La colectividad tiene previsto reunirse el lunes para resolver sus próximos pasos. Su decisión podría incidir en las conversaciones de la oposición, que busca sumar apoyos fuera de sus filas.
En contraste, el Partido Nacional Libertario descartó por ahora respaldar el libelo. La diputada y subjefa de bancada, Paulina Muñoz, cuestionó la actuación del Ministerio de Justicia, pero sostuvo que una sesión especial o una interpelación serían herramientas adecuadas para exigir explicaciones.
Desde Demócratas, en tanto, la diputada Joanna Pérez calificó las rebajas como un error del Gobierno, aunque llamó a actuar con cautela frente a una eventual acusación.
Oficialismo defiende la actuación del ministro
Desde el oficialismo han cuestionado que Rabat pueda ser acusado constitucionalmente por aplicar criterios que, según sus defensores, responden a decisiones judiciales.
El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, calificó de “absurdo” impulsar una acusación contra un ministro por cumplir la ley. En la misma línea, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sostuvo que el mecanismo no debería fundarse en el cumplimiento de una obligación legal.
La controversia se originó tras conocerse que 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores recibieron rebajas de condena durante la actual administración. De acuerdo con los antecedentes publicados, 27 casos correspondían a condenas por abuso sexual y 29 a sentencias por violación.
Frente a los cuestionamientos, el Gobierno anunció la suspensión de la tramitación de nuevos decretos y el impulso de cambios legales para restringir estos beneficios en casos de delitos sexuales contra menores.
Oposición anunciará una definición el 28 de octubre
Las bancadas opositoras acordaron dar a conocer una postura común el miércoles 28 de octubre, en el Congreso Nacional. Para esa jornada también buscan realizar una sesión especial en la Cámara de Diputadas y Diputados, con el objetivo de que Rabat explique los criterios utilizados por su cartera.
Hasta el momento, la acusación constitucional se encuentra en etapa de preparación y evaluación. Su presentación dependerá de los antecedentes jurídicos y de los acuerdos que alcancen las distintas bancadas.
El Maipo
