Gloria Ana Chevesich sostuvo que fue el ministro Fernando Rabat quien dictó los decretos para reducir las penas de 56 condenados por abuso sexual y violación contra menores. La magistrada precisó que los casos no llegaron a los tribunales para ser revisados individualmente.
La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, se refirió a la polémica por las 56 rebajas de condena concedidas por el Gobierno a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y apuntó a la responsabilidad administrativa del Ministerio de Justicia.
“Fue el ministro de Justicia quien ha dictado decretos conforme a las facultades legales que tiene”, señaló la magistrada, al ser consultada por las decisiones adoptadas durante la administración del Presidente José Antonio Kast.
Chevesich explicó que los tribunales no pueden pronunciarse sobre casos específicos si estos no llegan a su conocimiento mediante las vías judiciales correspondientes.
“Si no se recurre de amparo respecto de aquella decisión, es imposible que los tribunales, las cortes de apelaciones, la Corte Suprema, puedan emitir un pronunciamiento sobre la materia”, indicó.
La presidenta del máximo tribunal agregó que cada caso debe analizarse de manera particular y evitó emitir una opinión general sobre las decisiones judiciales que el Gobierno invoca para justificar las rebajas.
Gobierno defiende aplicación de la ley
Las declaraciones de Chevesich se producen después de que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, defendiera la entrega de estos beneficios y afirmara que el Ejecutivo aplicó criterios establecidos por la Corte Suprema.
Los antecedentes difundidos por Interferencia y recogidos por otros medios indican que, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, el Ministerio de Justicia dictó 56 decretos de reducción de condena: 27 por abuso sexual y 29 por violación de menores.
El Gobierno sostiene que las decisiones se ajustan a la legislación vigente y a la interpretación judicial sobre la aplicación temporal de las restricciones incorporadas en 2022 a la Ley N.º 19.856, que regula la reducción de condenas por comportamiento sobresaliente.
Esa modificación excluyó del beneficio a autores de determinados delitos sexuales contra menores. Sin embargo, el Ministerio argumenta que la prohibición no puede aplicarse retroactivamente a hechos cometidos antes de su entrada en vigencia, conforme a criterios que atribuye a fallos de la Corte Suprema.
La controversia se centra, por tanto, no solo en la interpretación de la norma, sino también en cómo el Ministerio evaluó y resolvió las solicitudes sin que los 56 casos llegaran previamente a revisión judicial.
Oposición anuncia acciones fiscalizadoras
Las rebajas han generado cuestionamientos desde distintos sectores políticos y organizaciones vinculadas a la protección de la infancia. Parlamentarios del Partido Comunista anunciaron que reunirán firmas para impulsar una interpelación al ministro Rabat.
La Defensoría de la Niñez, encabezada por Anuar Quesille, también anunció que solicitará antecedentes al Ministerio para aclarar el criterio aplicado y las medidas adoptadas para resguardar los derechos de las víctimas.
Desde el Ejecutivo, el subsecretario y vocero Gonzalo Arenas defendió el procedimiento y sostuvo que la autoridad debe conceder el beneficio cuando se cumplen los requisitos legales.
La discusión permanece abierta respecto de los fundamentos concretos de las decisiones y de la forma en que se verificaron los requisitos en cada caso. Mientras el Gobierno defiende la legalidad de las rebajas, las críticas apuntan a la necesidad de transparentar los criterios utilizados y aclarar las responsabilidades en una medida que afecta condenas por delitos de especial gravedad.
