Los antecedentes amplían la polémica que enfrenta el ministro de Justicia, Fernando Rabat, tras las 56 reducciones de penas a condenados por delitos sexuales contra menores. Dos decretos favorecieron a reclusos de Punta Peuco sentenciados por secuestro calificado y tortura, mientras aún faltan antecedentes sobre los criterios aplicados.
La controversia por las rebajas de condena concedidas durante el Gobierno de José Antonio Kast sumó nuevos antecedentes. El Ministerio de Justicia también dictó decretos que beneficiaron a internos de Punta Peuco, condenados por delitos de secuestro calificado y tortura.
La información, publicada por BioBioChile a partir de antecedentes oficiales, amplía el cuestionamiento sobre los beneficios penitenciarios tramitados por la cartera encabezada por Fernando Rabat.
Según un oficio de la Subsecretaría de Justicia, se registraron tres decretos de reducción de condena por estos delitos desde el inicio de la actual administración, el 11 de marzo de 2026. Dos corresponden a internos del Centro de Detención Preventiva de Tiltil, conocido como Punta Peuco: uno condenado por secuestro calificado y otro por tortura.
El tercer decreto también favoreció a una persona condenada por secuestro calificado, aunque el documento no especifica dónde cumple su condena.
Los antecedentes disponibles no identifican a las personas beneficiadas ni detallan cuánto tiempo se redujo en cada caso. Tampoco permiten establecer, por sí solos, si hubo irregularidades en la concesión de los beneficios.
Nuevos antecedentes en medio de la polémica
Los decretos se conocen después de que se revelara que el Ministerio de Justicia concedió 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026.
De ese total, 27 correspondieron a condenas por abuso sexual de menores y 29 por violación. El Gobierno defendió esas decisiones argumentando que debía aplicar la legislación vigente y la interpretación de la Corte Suprema sobre la prohibición de conceder este beneficio por hechos anteriores a febrero de 2022.
La explicación oficial ha sido cuestionada por parlamentarios y organizaciones vinculadas a la protección de la infancia, que han solicitado aclarar cómo se verificaron los requisitos y qué antecedentes respaldaron las decisiones.
La aparición de los decretos relacionados con Punta Peuco amplía las preguntas sobre la aplicación de las reducciones de condena por comportamiento sobresaliente y los criterios utilizados por el Ministerio para resolver las solicitudes.
Rebajas de condena no equivalen a indultos
La reducción de condena y el indulto son mecanismos jurídicos diferentes. La primera permite descontar tiempo de una pena cuando se cumplen las condiciones establecidas en la legislación; el segundo responde a otra figura legal y no debe confundirse con estos decretos.
La Ley N.º 19.856 regula la reducción de condenas asociada al comportamiento sobresaliente de las personas privadas de libertad. El procedimiento contempla la evaluación de antecedentes y el cumplimiento de requisitos legales.
En el caso de los internos de Punta Peuco, la información conocida hasta ahora no permite determinar las razones específicas que fundamentaron cada resolución ni el tiempo descontado. Por ello, todavía se requiere conocer los expedientes y los criterios aplicados por la autoridad.
La controversia también tiene una dimensión política, dado que el Presidente José Antonio Kast se ha referido anteriormente a la posibilidad de revisar situaciones de condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Sin embargo, los decretos de reducción de condena conocidos ahora no constituyen por sí mismos indultos presidenciales.
Justicia enfrenta nuevas preguntas
Los nuevos antecedentes aumentan la presión sobre el Ministerio de Justicia para explicar el alcance de los beneficios otorgados durante la actual administración.
Entre las preguntas pendientes están quiénes recibieron las reducciones, cuánto tiempo se descontó de sus penas y qué informes respaldaron cada decisión. La documentación difundida hasta ahora no entrega todos esos detalles.
Mientras el Gobierno defiende la aplicación de la normativa, las solicitudes de información y las acciones de fiscalización buscan esclarecer los fundamentos de los decretos y determinar si los procedimientos se ajustaron a la ley.
La polémica, inicialmente centrada en las rebajas concedidas a condenados por delitos sexuales contra menores, incorpora ahora casos de personas recluidas en Punta Peuco y abre un nuevo frente de cuestionamientos sobre la gestión de los beneficios penitenciarios.
El Maipo
