El martes, en Nueva York, el presidente Kast se sentó en la mesa del Escudo de las Américas que armó Donald Trump al margen de la Asamblea General de la ONU. Trump aprovechó la pasada para celebrar el giro a la derecha del continente, y Kast y Milei salieron en la foto como socios de una cruzada contra los cárteles. Acá la noticia pasó colada, casi sin preguntas, aunque la más básica sigue sin respuesta: en virtud de qué acto, y con qué autorización, el país quedó metido en esta coalición.
El Escudo no tiene tratado. Descansa en una proclama que Trump firmó en marzo, en Doral, y en declaraciones de los presidentes que se fueron sumando, sin ningún procedimiento público de adhesión. Su orientación, en cambio, está clarita. Durante décadas la cooperación hemisférica en seguridad se apoyó en inteligencia compartida, formación policial y coordinación entre fiscalías. El Escudo corre ese eje hacia las fuerzas armadas, partiendo de la premisa de que el crimen organizado es lo mismo que el terrorismo.
La coalición tampoco se ha quedado en lo operativo. En mayo sacó una declaración de respaldo al gobierno boliviano frente a las protestas y bloqueos, y Chile la firmó junto a otros doce países. Una instancia que opina sobre los conflictos sociales internos de sus miembros está haciendo política, y con un sesgo que se nota a la legua: México y Brasil quedaron fuera, y Colombia entró recién en junio, cuando cambió de gobierno. Si el requisito para entrar fuera la gravedad del narcotráfico, la lista de miembros sería harto distinta.
El que busque en estos papeles una cláusula de cesión de soberanía se va a quedar con las ganas. La autonomía se pierde de a poco, por goteo: si la inteligencia llega desde el Comando Sur, si la plata depende de Washington y si los estándares operativos se fijan afuera, las prioridades de seguridad terminan decidiéndose en otra parte. En abril, el propio Centro de Estudios de la Academia de Guerra alertó sobre la pérdida del monopolio de la fuerza, el debilitamiento de los tribunales locales y la entrega del control de datos. No lo dijo ningún colectivo antimilitarista.
Después viene China. El Escudo se vende también como una manera de frenar a potencias de fuera del continente, y en el caso chileno esa potencia es la que nos compra el cobre y nuestro principal socio comercial. Washington pide cuadrarse en esa pelea sin ofrecer inversiones ni compromisos de desarrollo que se le parezcan. Perú ya conoció la letra chica cuando Marco Rubio calificó el puerto de Chancay de amenaza a la soberanía peruana. Una vez que la agenda de seguridad empieza a decidir qué inversiones son bienvenidas, la política comercial pasa a depender de una estrategia que se cocinó en otro lado.
Desde 1990, gobiernos de muy distinto color sostuvieron una política exterior basada en el multilateralismo y en tener muchos socios. Se le pueden hacer harto reparos, pero respondía a un criterio claro: a un país chico y abierto al comercio no le conviene depender de un solo centro de poder. El Escudo tira ese criterio por la borda sin que nadie lo haya discutido.
Sus defensores dicen que un Estado que no controla su territorio frente al crimen transnacional ya perdió soberanía en los hechos, y que la cooperación con Estados Unidos le permitiría recuperarla. Desde el realismo periférico hasta se podría justificar ceder autonomía si a cambio llegan beneficios concretos. Pero nadie ha explicado todavía cuáles serían esos beneficios, y ningún documento público los detalla. Además, la experiencia latinoamericana con la guerra militarizada contra el narco, con México como caso más estudiado, ha dejado más violencia y bandas más fragmentadas.
Está también el problema institucional, que debería preocupar a parlamentarios de todas las bancadas en Valparaíso. El artículo 54 de la Constitución exige que el Congreso apruebe los tratados antes de ratificarlos, y una proclama permite saltarse ese trámite. Si el Escudo se traduce en ejercicios conjuntos, en militares extranjeros en suelo chileno o en intercambio de inteligencia, esos compromisos tendrían que pasar por el Congreso, y la entrada de tropas quedaría sujeta a la Ley 19.067. Mientras eso no pase, el alcance de la adhesión chilena depende solo de la voluntad del presidente de turno, que puede estirarlo cuando quiera.
Desde las municipalidades la cosa se ve distinta. Cuando la seguridad se plantea como una guerra contra un enemigo de afuera, las poblaciones donde opera el crimen organizado empiezan a tratarse como zona de operaciones, y sus vecinos, como sospechosos. En las comunas se sabe qué baja la violencia: prevención situacional, recuperar plazas y canchas, programas para cabros jóvenes, trabajo con las juntas de vecinos y seguirle la pista a la plata del narco. Para eso se necesitan recursos municipales y policías que trabajen codo a codo con la comunidad, justo lo que el ajuste fiscal del gobierno está recortando.
Lo que está en juego es quién define qué cuenta como amenaza en Chile. En democracia esa definición debería salir de las comunidades afectadas y de sus representantes, y el Congreso tiene con qué reclamar esa facultad: oficiar a Cancillería y a Defensa, y exigir que cualquier compromiso operativo se tramite como tratado. Eso debería ocurrir antes de la próxima foto en Nueva York.
Para El Maipo Álvaro Ramis Olivo, colaborador de El Maipo. Presidente del Centro de Estudios Territorio y Comunidad.
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