Una fiscalización detectó que 13 funcionarios llevan más de cuatro años bajo suspensión preventiva, mientras los diez casos más prolongados significaron un desembolso de $671 millones en remuneraciones. La Contraloría asumirá la tramitación de los 30 sumarios con mayores demoras.
La Contraloría General de la República detectó 485 funcionarios de la Administración Central que permanecieron suspendidos preventivamente en el marco de sumarios administrativos entre 2020 y marzo de 2026.
La fiscalización puso el foco en el tiempo que algunos procedimientos llevan abiertos. De acuerdo con el organismo, 13 funcionarios acumulan más de cuatro años suspendidos, mientras otros 17 llevan entre tres y cuatro años. En total, son 30 casos que superan los tres años bajo esta medida.
La suspensión preventiva permite apartar temporalmente a un funcionario mientras se desarrolla una investigación administrativa. Durante ese período, y como regla general, la persona continúa percibiendo sus remuneraciones.
En los diez casos con las suspensiones más prolongadas, los pagos realizados por el Estado alcanzaron $671 millones, según los antecedentes difundidos a partir de la fiscalización.
Los casos que llevan más tiempo abiertos
Entre los casos detectados, el de mayor duración corresponde a un funcionario del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), cuya suspensión se extendió por aproximadamente cuatro años y siete meses.
Le siguen un caso perteneciente al SLEP Santiago Centro, con cuatro años y seis meses, y otro del SLEP Atacama, que alcanzó cuatro años y dos meses.
La Contraloría plantea que, cuando una investigación administrativa se prolonga, la autoridad responsable debe revisar su estado, adoptar medidas para acelerar el procedimiento y evaluar eventuales responsabilidades asociadas a las demoras.
Contraloría asumirá 30 sumarios
Frente a los resultados de la fiscalización, la Contraloría resolvió asumir directamente la tramitación de los 30 sumarios en que las suspensiones superan los tres años.
Los procedimientos dejarán de ser tramitados por los organismos donde se originaron y pasarán a manos del órgano contralor, con el objetivo de avanzar en su resolución y determinar si existen eventuales responsabilidades por las demoras.
Además, los servicios que actualmente mantienen funcionarios suspendidos por más de un año tendrán 15 días hábiles para informar si el sumario terminó, explicar de manera fundada por qué debe mantenerse la suspensión o detallar las medidas adoptadas para acelerar su conclusión.
La instrucción también contempla que se inicien procedimientos disciplinarios destinados a establecer eventuales responsabilidades por las demoras detectadas.
Actividades remuneradas y viajes durante las suspensiones
La revisión también encontró otros antecedentes relacionados con funcionarios que permanecían suspendidos.
Según el reporte, 22 funcionarios registraban otras actividades remuneradas durante el período de suspensión, información obtenida a partir de antecedentes del Servicio de Impuestos Internos.
La fiscalización identificó además casos de funcionarios suspendidos que viajaron fuera del país o asistieron a casinos de juego durante el período analizado.
Entre las situaciones particulares consignadas aparecen dos funcionarios que se encontraban cumpliendo prisión preventiva mientras permanecían suspendidos y un caso en que el propio fiscal que había decretado una suspensión se encontraba bajo esa medida.
A esto se suman 20 funcionarios cuyos sumarios estaban a cargo de fiscales que ya no trabajan en los respectivos servicios, una situación que también será considerada dentro de las acciones derivadas de la fiscalización.
Nuevas medidas para controlar las suspensiones
Como parte de las medidas adoptadas, la Contraloría emitió el Instructivo N°29, fechado el 16 de septiembre de 2026, destinado a reforzar el control sobre las suspensiones preventivas.
El organismo recordó que esta medida no implica, por regla general, la pérdida de remuneraciones y que debe mantenerse mientras resulte necesaria para resguardar el desarrollo de la investigación.
La instrucción también pone énfasis en los plazos de los procedimientos y en la obligación de los fiscales de revisar periódicamente si existen razones para mantener vigente una suspensión.
La Contraloría estableció además que las resoluciones que decreten o pongan término a una suspensión preventiva deberán ser informadas en el Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD), plataforma que permite realizar seguimiento y trazabilidad de las medidas adoptadas por los organismos públicos.
La fiscalización no incluyó inicialmente a las municipalidades, aunque la Contraloría anunció que también realizará revisiones sobre procedimientos desarrollados en ese ámbito.
El Maipo
