(Santo Domingo) El arroz dominicano enfrenta hoy una encrucijada entre las exigencias comerciales de Estados Unidos y la defensa de la producción nacional, en una disputa que toca el bolsillo de los consumidores y la seguridad alimentaria del país.
La controversia tiene como telón de fondo el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta), cuyo calendario de desgravación estableció la eliminación de los aranceles al arroz estadounidense desde enero de 2025.
Sin embargo, el Gobierno de Luis Abinader instituyó mediante el Decreto 693-24 un régimen que contempla un contingente de 23 mil 300 toneladas métricas de arroz de la nación norteña con arancel cero, mientras mantiene gravámenes para las cantidades que excedan esa cuota.
Washington considera que esas disposiciones restringen el acceso al mercado dominicano previsto en el acuerdo comercial y reclama su supresión, mientras las autoridades locales sostienen que el grano constituye un componente estratégico de la seguridad alimentaria.
El conflicto coloca a la República Dominicana ante el desafío de conciliar compromisos internacionales de apertura comercial con la protección de un sector que, según datos oficiales, ha incrementado de manera considerable su rendimiento en los últimos años.
El Ministerio de Agricultura informó que la cosecha alcanzó en 2025 unos 14,78 millones de quintales, mientras el Banco Central registró un alza de 5,2 por ciento de la oferta durante ese año. Las autoridades destacan, además, que el país genera cantidades suficientes para cubrir su consumo interno.
El decreto 693-24 que regula el acceso del cereal estadounidense al mercado local considera el grano un producto sensible y vincula su resguardo con la seguridad alimentaria.
Para los agricultores, una apertura plena plantea riesgos para miles de personas cuya actividad depende del cultivo.
La Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz) advirtió sobre los efectos que, a su juicio, tendría una mayor entrada del grano importado sobre la producción local.
La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, aunque también alerta sobre las consecuencias de una apertura sin medidas de respaldo, introduce otro elemento en el debate: la necesidad de elevar la competitividad.
Su presidente, Tito Hernández, señaló que durante los años transcurridos desde la entrada en vigor del DR-Cafta debieron profundizarse las inversiones en riego, investigación, mecanización, variedades, financiamiento y reducción de costos.
La discusión, por tanto, no se limita al porcentaje de un arancel. Detrás de ella aparece una interrogante más amplia: cómo preparar una actividad agrícola considerada estratégica para competir en un mercado progresivamente abierto sin comprometer la capacidad nacional de obtener un alimento esencial.
Desde el sector empresarial, la perspectiva también apunta hacia la negociación. El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Celso Marranzini, plantea que el diálogo con Washington debe contemplar el conjunto de la relación comercial y procurar mejores condiciones para las exportaciones dominicanas.
El Gobierno de Luis Abinader reconoce que el cereal constituye uno de los asuntos principales de las conversaciones con Estados Unidos.
El debate adquiere una dimensión adicional cuando se observa desde el punto de vista del consumidor.
Una mayor competencia mediante importaciones puede contribuir a ampliar la oferta y ejercer presión sobre los precios, pero los cultivadores sostienen que una dependencia creciente del mercado externo también puede aumentar la vulnerabilidad del país ante variaciones internacionales de montos, costos de transporte o interrupciones del suministro.
No existe, sin embargo, una relación automática entre preservación arancelaria y precios bajos, ni entre apertura comercial y desaparición de la producción nacional. El resultado dependerá de factores como los costos internos, la eficiencia, las condiciones de importación y las medidas que adopte el Estado para acompañar al sector, según especialistas.
La controversia llega además en un momento en que la seguridad alimentaria mantiene relevancia en la agenda dominicana. Aunque el país ha logrado reducir la prevalencia de la subalimentación a niveles inferiores al umbral utilizado por la FAO para identificar el hambre crónica, persisten sectores de la población en situación de inseguridad alimentaria.
El Maipo/PL
