El médico Manfredo Jurgensen Caesar, condenado en Chile por graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar (1973-1990), aguarda hoy su extradición desde Argentina, donde fue detenido.
El imputado formó parte de un equipo médico al servicio de la extinta Central Nacional de Informaciones (CNI), cuyo propósito era mantener con vida a los prisioneros sometidos a tortura en las cárceles clandestinas del régimen.
Si bien se desconoce el número exacto de las víctimas que pasaron por sus manos, en enero reciente un tribunal lo condenó a ocho años de prisión por la muerte en 1979 del profesor Federico Álvarez, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Álvarez fue detenido cuando distribuía propaganda contra la dictadura y entregado a la CNI, la policía secreta de Augusto Pinochet, donde fue sometido a torturas durante cinco días, bajo la supervisión de los médicos.
En estado agonizante fue llevado a un tribunal militar con un certificado emitido por Jurgensen y sus colegas, donde afirmaban que el detenido gozaba de buena salud.
La corte decidió enviarlo a un hospital en esta capital y allí falleció al día siguiente. La autopsia reveló que presentaba quemaduras en distintos lugares del cuerpo, severos golpes, fracturas costillares y contusión pulmonar.
Finalizada la dictadura, el galeno siguió haciendo una vida normal, fue médico personal del expresidente Sebastián Piñera y, aunque no hizo actividades políticas, un hermano suyo, Harry Jurgensen, fue gobernador de la sureña Región de los Lagos.
Además es tío del diputado Harry Jurgensen Rundshagen, quien es miembro como independiente de la bancada del Partido Republicano.
Cuando por fin fue llevado a juicio junto a otros represores, siguió en libertad a pesar de la gravedad de sus delitos y eso le permitió darse a la fuga tras pronunciarse la sentencia.
Su detención ocurrió el fin de semana en el Aeropuerto Internacional Ezeiza, de Argentina, momentos antes de abordar un vuelo con rumbo a Alemania.
Las autoridades judiciales chilenas adelantan en estos momentos los trámites de extradición del médico torturador, quien deberá guardar prisión mientras dure el proceso.
El abogado Francisco Bustos, del Estudio Caucoto Abogados, querellantes en el caso, señaló que es un avance en la lucha contra la impunidad en el caso del crimen del profesor Álvarez, por el cual aún está prófugo el exagente de la CNI, Jorge Vargas.
Fuente: El Maipo/PL
