El fascismo histórico fue una máquina de futuro. Prometía un hombre nuevo y un imperio de mil años, y esa promesa lo obligaba, porque quien ofrece un destino tiene que mostrarlo tarde o temprano. De ahí venía buena parte de su vulnerabilidad. Se lo podía combatir exhibiendo el fraude.
La derecha radical que hoy gobierna en varios países dejó de prometer. Su horizonte es un supremacismo de la supervivencia que da por descontado el cataclismo y se concentra en quedar del lado correcto del muro cuando llegue. Los multimillonarios de la tecnología compran islas y refugios en Nueva Zelanda. Los gobiernos que los acompañan convierten a sus países en fortalezas. Lo que se administra es el reparto de las plazas del arca.
Sería cómodo leer esto como una noticia del norte. Chile no llega tarde a esa lógica, llegó primero. La Constitución de 1980 y sus leyes orgánicas montaron el primer sistema completo de salvación privada del continente, donde cada quien compra su vejez, su salud, la educación de sus hijos y después su seguridad. Para adherir no hacía falta creer en el fin del mundo. Bastaba con desconfiar del vecino y tener ingreso suficiente. Cuarenta y cinco años más tarde, el condominio cerrado con guardia, cámara y reja eléctrica funciona como la versión doméstica del búnker de Silicon Valley, menos espectacular y mucho más extendida.
Lo que el gobierno de José Antonio Kast agrega es la teología. El vocabulario oficial no describe problemas, describe una batalla final: la invasión, la guerra, el país que se perdió. Todo lenguaje de emergencia autoriza medidas de emergencia, y ahí está su rendimiento político. El proyecto de reforma constitucional que crea un estado de excepción de seguridad pública no está pensado para una crisis puntual, sino para dejar la excepción permanentemente disponible, con umbrales bajos de activación y controles debilitados. La fortaleza deja de mirar hacia afuera y se cierra sobre la propia población.
Al mismo tiempo se desmonta la capacidad del Estado para responder a cualquier catástrofe futura. La megarreforma tributaria despachada en agosto abre una brecha de US$13.078 millones entre 2027 y 2030 según cifras de la propia Dipres, frente a los US$6.190 millones que habría sin ella. El Consejo Fiscal Autónomo advirtió sobre efectos que se extienden hasta 2031 y una deuda pública cercana al 45% del PIB. El Decreto 333 recortó el presupuesto de salud en un país donde la lista de espera es la principal experiencia que la mayoría tiene del Estado. Recortar la salud pública mientras se tramita un estado de excepción permanente ordena prioridades con bastante transparencia: menos capacidad de cuidar y más capacidad de contener.
El apocalipsis chileno tampoco es una hipótesis futurista. En Petorca ya ocurrió, por decisiones administrativas y no por designio divino: un Código de Aguas que convirtió el agua en título privado, una megasequía de más de una década, comunidades abastecidas por camión aljibe mientras la palta se exporta. Quintero y Puchuncaví llevan generaciones funcionando como zona de sacrificio autorizada. Los centros de datos que se instalan hoy en la periferia de Santiago repiten la operación con el argumento de siempre, y el consumo de agua queda como detalle técnico a resolver más adelante.
Falta una pieza. Quien va a custodiar el muro necesita saber de antemano que no será juzgado, y por eso la insistencia en los indultos a uniformados y en las leyes que reparten de manera desigual la carga de la prueba tiene menos de gesto simbólico que de requisito operativo. La Ley Naín-Retamal y el destino judicial del caso de Gustavo Gatica muestran hacia dónde se inclina la balanza cuando el conflicto llega a tribunales.
La respuesta habitual de la oposición ha sido la denuncia moral, y no alcanza. Quien apuesta contra el futuro tiene una debilidad concreta, y es que no puede administrarlo. Un proyecto político que organiza la salvación de unos pocos queda inhabilitado para las tareas que a la gente le importan, que son largas y verificables. La sala cuna, el agua potable rural, el consultorio, el liceo público que funciona. Nada de eso rinde en clave épica y todo eso se evalúa en tres años, en la comuna, con nombre y apellido.
La izquierda con raíces territoriales tiene ahí una ventaja que no ha sabido nombrar. Es la única familia política que necesita que el futuro exista, porque su programa entero está escrito en tiempo futuro. Esa necesidad opera como condición de su competencia técnica.
Un país que se prepara para el fin no invierte en salas cuna. El criterio sirve para leer cualquier presupuesto sin necesidad de adjetivos. Y contra la política del búnker el optimismo no basta; ayuda más recordar que los búnkeres son pequeños, que el país es grande y que la inmensa mayoría de los chilenos no fue invitada.
Para El Maipo Álvaro Ramis Olivo, colaborador de El Maipo. Presidente del Centro de Estudios Territorio y Comunidad.
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