Chile y Francia parecen contar historias distintas. En uno, la revuelta de 2019 desembocó seis años después en la victoria de una derecha radical; en el otro, esa misma derecha avanza mientras la izquierda se divide sobre lo que todavía significa transformar un país. Sin embargo, detrás de esas diferencias aparece una pregunta común: ¿qué ocurre cuando las fuerzas nacidas para cambiar el orden existente terminan administrándolo?
Estos tres artículos recorren tres momentos de una misma crisis. El primero parte de Chile y de la distancia abierta entre las esperanzas de octubre de 2019 y la derrota de 2025. El segundo examina lo que ocurre cuando, en vez de interrogar esa distancia, una izquierda comienza a explicar su fracaso por los electores que dejaron de seguirla. El tercero aborda la cuestión que queda cuando el vínculo se ha roto: cómo reconstruir una fuerza capaz de transformar la cólera en proyecto, la demanda de protección en política y la esperanza en una posibilidad de gobierno.
Primer artículo
No eran treinta pesos
En 2019, Chile salió a la calle por las pensiones, la salud, el agua y una vida que parecía cada vez más difícil de gobernar. Seis años después, José Antonio Kast era elegido presidente de la República. Entre ambas fechas gobernó una izquierda que consiguió reformas, pero no la transformación que había prometido. Tal vez allí, y no en una súbita conversión conservadora del país, haya que buscar una de las claves de diciembre de 2025.
Treinta años
El 6 de octubre de 2019, el pasaje del metro de Santiago subió treinta pesos en horario punta. Los estudiantes secundarios comenzaron a saltar los torniquetes; el 18 de octubre ardieron estaciones; una semana después, más de un millón de personas ocupaban Plaza Italia, convertida por la multitud en Plaza Dignidad. La frase quedó inscrita en la memoria política chilena: no son 30 pesos, son 30 años. Era exacta porque los treinta pesos habían dejado de importar. Lo que había estallado era otra cosa: treinta años convertidos, de pronto, en una cuenta pendiente.
El 14 de diciembre de 2025, en ese mismo país, José Antonio Kast fue elegido presidente de la República con el 58,17 % de los votos válidamente emitidos. Entre Plaza Dignidad y aquella elección habían transcurrido seis años, dos procesos constitucionales fallidos y un gobierno encabezado por una generación política que, en buena medida, debía su llegada al poder al ciclo abierto en octubre de 2019. La pregunta es inevitable: ¿cómo pudo ocurrir?
La explicación más tranquilizadora para la izquierda consiste en afirmar que Chile giró a la derecha. El miedo, la inmigración, el crimen, el cansancio del desorden habrían hecho el resto. Todo eso cuenta, desde luego. Pero no basta, porque obliga a aceptar una conclusión bastante más improbable: que millones de chilenos que en 2019 reclamaban pensiones dignas, salud, salarios, vivienda y protección frente a los abusos del mercado dejaron de quererlas seis años después.
Tal vez ocurrió algo más sencillo y, para la izquierda, bastante más incómodo: no dejaron de querer que esas cosas cambiaran; dejaron de creer que quienes habían prometido cambiarlas pudieran hacerlo.
No hace falta recordar a un chileno lo que significaban las AFP en octubre de 2019, ni las listas de espera, las deudas universitarias, los bajos salarios o el precio de la vivienda. Tampoco hace falta explicar Petorca: el agua convertida en derecho negociable, los camiones aljibe junto a las plantaciones de paltos y las zonas de sacrificio de Quintero y Puchuncaví pertenecían al mismo paisaje político.
El error consiste precisamente en separar esos problemas: pensiones, por un lado, agua, por otro, salud, en otra parte; territorio, salarios, vivienda y contaminación convertidos en expedientes diferentes. Octubre hizo exactamente lo contrario: los reunió. Detrás de reivindicaciones aparentemente dispersas apareció una pregunta común: ¿qué debe garantizar una sociedad y qué puede entregar al mercado?
Ésa fue una de las dimensiones más profundas de 2019. No se reclamaba solamente mejorar determinadas prestaciones. Se discutía la frontera entre lo público y lo privado, entre los derechos y las mercancías, entre aquello que una sociedad decide garantizar colectivamente y aquello que abandona a la capacidad individual de pagar. Por eso la consigna de los treinta años fue tan poderosa: no denunciaba una medida. Denunciaba un orden.
Lo que se entregó
Sería intelectualmente deshonesto afirmar que el gobierno de Gabriel Boric no hizo nada. Hizo reformas significativas. La reforma previsional de 2025 modificó profundamente el sistema, introduciendo una nueva cotización del empleador, reforzando los mecanismos solidarios y mejorando las pensiones. Después de más de una década de intentos frustrados, no es poco.
Tampoco fracasó completamente la agenda tributaria. El gobierno consiguió aprobar medidas destinadas a combatir la evasión y la elusión y a generar recursos adicionales para financiar políticas públicas. Precisamente porque hubo reformas, la pregunta interesante no es si Boric gobernó. La pregunta es qué consiguió cambiar.
Las AFP sobrevivieron. La reforma del impuesto a la renta destinada a aumentar la progresividad del sistema terminó postergada. Y el orden económico que el programa de 2021 pretendía transformar resultó, al término del mandato, bastante más reconocible de lo que sus partidarios habían imaginado cuatro años antes.
Aquí aparece una distinción que recorrerá los tres artículos de esta serie: mejorar un modelo no equivale necesariamente a transformarlo. Se puede aumentar una pensión sin modificar el principio sobre el que descansa el sistema previsional; aumentar la recaudación sin alterar sustancialmente la distribución del poder económico; corregir los efectos más injustos de un orden sin sustituir ese orden.
Boric dejó reformas, no una revolución, y quizá nadie “razonable” debería haberle exigido esta última. Pero una parte importante de quienes lo llevaron al poder sí esperaba una ruptura. Allí comienza el problema político: un gobierno puede presentar un balance respetable y, al mismo tiempo, decepcionar la esperanza histórica que lo hizo posible.
El Estado ausente dos veces
A esa frustración se añadió otra experiencia: la inseguridad. Chile conoció durante esos años una transformación de la violencia. Se hicieron familiares palabras y prácticas que hasta entonces parecían pertenecer a otras realidades latinoamericanas: secuestros, extorsiones, sicariato, crimen organizado transnacional.
Después, los homicidios comenzaron a disminuir. Pero las estadísticas y el miedo obedecen a calendarios diferentes: el delito puede disminuir antes que la sensación de inseguridad. Una cifra necesita meses para cambiar; el miedo puede necesitar años.
La inseguridad tampoco se distribuye democráticamente. Quien vive detrás de una reja, paga seguridad privada y se desplaza en automóvil, la experimenta de manera distinta que quien espera una micro de noche o atraviesa a pie una población para volver a su casa. Fue allí donde las dos historias comenzaron a encontrarse. Para una parte del Chile popular, el Estado podía parecer ausente dos veces: insuficiente frente a la pensión, el hospital, la vivienda y el salario; impotente en la calle.
Una parte de la izquierda cometió entonces un error que otras izquierdas habían cometido antes: sospechar de la seguridad porque la derecha hablaba de ella. Pero proteger a alguien de un salario miserable y protegerlo de una bala no son funciones políticas opuestas. Pertenecen a una misma promesa republicana: la protección.
Un pueblo que se desplazó
Hay otro dato que obliga a mirar con cuidado diciembre de 2025. Los chilenos no abandonaron las urnas. Con el voto obligatorio, la participación alcanzó niveles que el país no veía desde hacía décadas. No fue, por tanto, un pueblo que se retiró: fue un pueblo que se desplazó.
La izquierda conservó un espacio electoral considerable, pero una mayoría muy amplia del resto del electorado terminó reuniéndose detrás de Kast. Interpretar ese movimiento como una conversión ideológica de Chile al pinochetismo sería demasiado sencillo. Muchos electores de Kast probablemente no votaron por Pinochet. Votaron contra el gobierno, contra la inseguridad, contra la inmigración descontrolada, contra las élites políticas, contra las promesas incumplidas, contra la sensación de que el país había dejado de funcionar como antes.
Kast consiguió reunir rechazos de naturaleza diferente bajo una palabra que la izquierda había dejado peligrosamente disponible: orden.
El espejo francés
Francia ofrece aquí un espejo incómodo. En 1981, François Mitterrand llegó a la presidencia con un programa que prometía transformar profundamente la economía. Dos años después, ante las dificultades económicas y monetarias, su gobierno eligió la austeridad y la permanencia en el Sistema Monetario Europeo.
Aquello fue bastante más que un cambio de política económica. Inauguró una larga transformación de la relación de la izquierda francesa con sus propios electores. Durante décadas, la “izquierda de gobierno” fue aprendiendo a administrar una economía que había prometido cambiar; sus electores fueron aprendiendo, a su vez, a esperar cada vez menos de ella.
El resultado no apareció inmediatamente. Llegó por sedimentación. En 2002, Lionel Jospin ni siquiera consiguió llegar a la segunda vuelta presidencial. Veinte años después, la candidata socialista Anne Hidalgo obtuvo el 1,75 % de los votos, mientras Jean-Luc Mélenchon alcanzaba el 21,95 %.
Chile no es Francia, Boric no es Mitterrand, Kast no es Marine Le Pen y 2025 no es 1983. Pero la secuencia merece atención. Cuando una izquierda llega al poder prometiendo transformar un orden y termina administrándolo —aunque lo administre mejor, aunque lo haga más justo— corre un riesgo particular: no necesariamente que sus electores se vuelvan de derecha, sino que dejen de creer en ella.
Y cuando dejan de creer comienza un problema todavía más grave que perder una elección: decidir a quién atribuir la culpa.
Segundo artículo
El pueblo culpable
Cuando una izquierda pierde el poder puede interrogar lo que ofrecía. O puede interrogar a quienes dejaron de creer en ella. Después de la derrota chilena de 2025, esta segunda explicación resulta tentadora: el miedo, la desinformación, la inseguridad, el conservadurismo de los electores. El problema comienza cuando explicar el voto termina por eximir a la política.
El artículo anterior terminaba con una constatación: una fuerza de izquierda no pierde necesariamente a las clases populares porque éstas hayan dejado de querer que sus vidas cambien. Las pierde cuando dejan de creer que esa fuerza puede cambiarlas. Queda entonces una segunda pregunta, acaso más incómoda: ¿qué hace una izquierda cuando descubre que una parte del pueblo al que pretendía representar ya no la sigue?
Puede examinar la distancia entre lo que prometió y lo que hizo. Puede preguntarse por qué reformas que considera importantes no bastaron para reconstruir la confianza política. Puede interrogar su programa, su lenguaje, sus prioridades y, finalmente, su capacidad para representar una esperanza. O puede hacer algo bastante menos costoso: interrogar a los electores.
Desde diciembre de 2025, una parte de la explicación de la derrota de la izquierda chilena se organiza alrededor de unos pocos argumentos reconocibles: los electores tuvieron miedo; fueron desinformados; la inseguridad desplazó las cuestiones sociales; Chile resultó ser más conservador de lo que la izquierda suponía. Cada una de esas afirmaciones puede contener una parte de verdad. El problema comienza cuando, reunidas, sustituyen a todas las demás.
Ocurre entonces una paradoja que debería inquietar a cualquier fuerza progresista: una familia política nacida históricamente para representar al pueblo termina preguntándose qué le ocurrió al pueblo para que dejara de reconocerla.
El reproche
El mecanismo es más sutil que el desprecio explícito. Comienza casi siempre con una observación difícil de discutir. La inseguridad pesó sobre la elección. Circularon informaciones falsas. Una parte importante del electorado popular apoyó políticas migratorias y de seguridad considerablemente más duras que las defendidas por la izquierda. Nada obliga a negar esos hechos.
El desplazamiento se produce cuando dejan de ser elementos de una explicación y se convierten en la explicación entera. Si los electores votaron a Kast porque tuvieron miedo, la oferta política de la izquierda deja de ser el problema. Si fueron engañados por la desinformación, bastaría con comunicar mejor. Si Chile se volvió conservador, la derrota expresaría una evolución de la sociedad ante la cual los dirigentes derrotados tendrían escasa responsabilidad.
El resultado es siempre el mismo: la pregunta deja de ser «¿por qué dejaron de creer en nosotros?» y pasa a ser «¿qué les ocurrió para votar así?». La diferencia parece pequeña; políticamente es inmensa. En la primera pregunta, el representante se interroga a sí mismo. En la segunda, convierte al representado en objeto de explicación.
Una fuerza política que atribuye sus derrotas a las deficiencias de su electorado dispone, además, de una ventaja nada despreciable: ya no tiene ninguna razón para transformarse. El desprecio, en ese caso, no es un exabrupto ni una torpeza de lenguaje. Puede convertirse en el último programa disponible cuando ya no queda otro.
La cólera sin intérprete
No es necesario volver a enumerar las razones materiales examinadas en el primer artículo. Basta recordar su conclusión: las reformas de Boric fueron reales, algunas importantes, pero no produjeron la transformación que una parte de la sociedad había asociado al ciclo iniciado en octubre de 2019.
Lo que se agotó no fue necesariamente la demanda de cambio. Se agotó el crédito concedido a quienes afirmaban encarnarla. Esta distinción permite mirar de otro modo el resultado de diciembre de 2025. La hipótesis de una derechización supone que la sociedad cambió de aspiraciones. Pero existe otra posibilidad: que hayan cambiado los actores en los que deposita su esperanza y, sobre todo, el lenguaje mediante el cual expresa su descontento.
Una demanda social privada de intérprete no desaparece: busca otro. La precariedad puede expresarse como rechazo de las élites; el abandono territorial, como demanda de autoridad; la incertidumbre económica, como nostalgia de un orden perdido. Y la inseguridad puede reunir bajo una sola palabra —orden— frustraciones cuyo origen desborda ampliamente la delincuencia.
No todos los votos dicen exactamente lo mismo que el programa del candidato que los recibe. A veces un voto expresa adhesión; otras veces, castigo, cansancio o desplazamiento. Ésa es precisamente la razón por la que la pérdida de representación política puede resultar más profunda que una derrota electoral.
Un referente
Lo que Chile perdió en 2025 merece quizá un nombre más preciso que una elección. Llamemos referente al lugar político —un partido, una coalición, un movimiento o una figura— donde una experiencia individual se convierte en interpretación colectiva y, después, en propuesta de poder.
Una pensión insuficiente es un problema privado hasta que alguien demuestra que pertenece a un sistema. Recibir agua mediante un camión aljibe puede parecer una desgracia local hasta que una fuerza política lo relaciona con una determinada concepción de la propiedad y de los bienes comunes. Tener miedo al volver a casa es una experiencia individual hasta que alguien consigue integrarla en una política general de protección.
Ésa es la función de un referente: unir aquello que la vida cotidiana presenta separado. Octubre de 2019 lo hizo durante unas semanas de manera casi espontánea. Pensiones, agua, salud, salarios, territorio, dignidad: demandas distintas encontraron un lenguaje común. La elección de Boric en 2021 pareció ofrecer a esa energía una traducción institucional.
Cuatro años después, esa función parece vacante. Chile conserva partidos, parlamentarios, sindicatos, movimientos sociales y organizaciones ciudadanas. Lo que no aparece con la misma claridad es una fuerza capaz de reunir en un proyecto creíble las demandas de transformación social, ecológica, democrática y de seguridad que atraviesan a la sociedad.
La candidatura de Jeannette Jara condensó esa dificultad. Ministra del Trabajo y figura central de la negociación de la reforma previsional, terminó representando electoralmente a una izquierda cuya principal conquista social consistía en haber mejorado un sistema que una parte de esa misma izquierda había prometido superar. No se trata de negar la importancia de la reforma, sino de observar la paradoja: la izquierda nacida de una promesa de transformación terminó presentándose ante el país como la administradora socialmente más justa de aquello que no había conseguido transformar.
Dos izquierdas
Francia permite observar una situación diferente. No porque haya resuelto el problema ni porque constituya un modelo que Chile deba imitar. Su izquierda de gobierno recorrió mucho antes el camino descrito en el artículo anterior: la transformación progresiva de un proyecto de cambio en una cultura política dedicada a administrar las restricciones.
Pero aquella evolución dejó un resto. Una parte de la izquierda francesa nunca se integró completamente en esa conversión gestionaria. Durante años fue minoritaria, fragmentada y electoralmente débil. Se expresó en el «no» de izquierda al Tratado Constitucional Europeo de 2005, después en la creación del Parti de gauche en 2008 y, finalmente, desde 2016, en La France insoumise.
La particularidad francesa no consiste en haber evitado la crisis de la izquierda. Consiste en que esa crisis produjo dos izquierdas. Una considera que el marco económico, europeo e institucional constituye el espacio dentro del cual debe desarrollarse una política progresista. La otra sostiene que ese marco forma parte, precisamente, de aquello que una política de transformación debe modificar. La diferencia no es de temperamento ni puede reducirse cómodamente a una oposición entre moderados y radicales. Es una divergencia sobre la naturaleza misma del poder: administrar lo posible o desplazar las fronteras de aquello que se presenta como posible.
Chile y Francia no se encuentran, pues, en el mismo punto de la crisis. En Chile, la función de referente parece vacante. En Francia, todavía está en disputa.
La objeción
Hay, sin embargo, una objeción que sería deshonesto eludir: la existencia de un polo de ruptura no garantiza ni la victoria electoral ni la capacidad de gobernar. Una fuerza política no tiene razón por el mero hecho de mantenerse fiel a una promesa de transformación, y la radicalidad no constituye por sí misma una estrategia.
La objeción es seria porque impide confundir la existencia de un referente con la existencia de una mayoría. Una fuerza puede expresar una demanda histórica y seguir siendo minoritaria. Puede ocupar un espacio ideológico sin convencer a suficientes ciudadanos para gobernar. Puede incluso mantener viva la idea de transformación y fracasar en la construcción de las alianzas sociales necesarias para hacerla posible.
Pero la objeción no elimina la distinción. Ganar una elección, administrar correctamente una institución y transformar la organización económica y social de un país son ejercicios diferentes. La pregunta planteada aquí es otra: ¿qué ocurre en una sociedad cuando ninguna fuerza políticamente creíble pretende ya transformar aquello que produce su descontento?
Dos momentos de una misma crisis
Es aquí donde Santiago y París dejan de ser ejemplos yuxtapuestos y pasan a representar dos momentos de una misma historia. Chile muestra lo que puede ocurrir cuando la demanda de cambio sobrevive a la fuerza política que debía encarnarla. El descontento no desaparece: queda disponible. Otra fuerza puede traducirlo a un vocabulario distinto, ya no el de la igualdad, los derechos sociales o los bienes comunes, sino el del orden, la autoridad, las fronteras y la seguridad.
Francia se encuentra, por ahora, en una etapa diferente. La izquierda que acepta el marco existente conserva una fuerza considerable, pero otra izquierda continúa sosteniendo que ese marco debe ser transformado. Esa coexistencia produce conflictos, divisiones y derrotas. Conserva, sin embargo, algo que Chile parece haber perdido: un lugar político donde la ruptura con el orden existente todavía puede formularse como propuesta de gobierno y no solamente como cólera.
Eso no demuestra que esa propuesta sea correcta ni que pueda ganar. Pero obliga a formular de otra manera el problema. Después de una derrota, la pregunta no debería ser por qué el pueblo se equivocó, sino quién sigue siendo capaz de ofrecerle una transformación de aquello que lo había llevado a rebelarse.
Y allí comienza la tercera parte de esta historia.
Tercer artículo
La esperanza es una construcción
Una derrota no demuestra que la transformación sea imposible. Demuestra, a veces, que ya no existe una fuerza capaz de hacerla imaginable. Chile ha perdido ese referente. Francia todavía conserva uno. No porque Jean-Luc Mélenchon tenga asegurada la victoria, sino porque sigue formulando aquello que buena parte de la izquierda europea dejó de formular hace décadas: la posibilidad de cambiar las reglas y no solamente de gobernar dentro de ellas.
Los dos artículos anteriores partían de una derrota. El primero intentaba comprender cómo el Chile de octubre de 2019 pudo convertirse, seis años después, en el Chile que eligió a José Antonio Kast. El segundo examinaba lo que ocurre cuando una izquierda, después de perder la confianza de una parte del pueblo, busca la explicación de su derrota en los defectos de los electores antes que en los límites de su propia propuesta.
Queda ahora la pregunta más difícil: ¿qué hacer? La respuesta más cómoda sería esperar el desgaste de Kast, sus contradicciones, las dificultades de gobernar y el desencanto inevitable de una parte de quienes lo eligieron. Las democracias ofrecen periódicamente este consuelo a los derrotados: confiar en que los errores del adversario hagan el trabajo que uno mismo ya no sabe hacer. Pero esperar que el adversario fracase no constituye una política y, mucho menos, una esperanza.
Una fuerza comienza a reconstruirse cuando vuelve a ser capaz de decir no sólo aquello que rechaza, sino también el mundo que pretende construir, quién puede construirlo y mediante qué conflicto con los intereses que se opondrán a él. Ése es hoy el problema de la izquierda chilena. Y es también, bajo formas diferentes, el de la izquierda francesa.
No basta con defender
Durante demasiado tiempo, una parte de la izquierda europea sustituyó el proyecto por la defensa: defender las pensiones, el hospital público, la escuela, los salarios, los servicios públicos, el medio ambiente, los derechos adquiridos. Todas esas luchas son necesarias, pero hay algo revelador en el verbo. Quien defiende acepta que otro lleva la iniciativa.
La izquierda que había nacido para conquistar nuevos derechos terminó especializándose en impedir que desaparecieran los antiguos. El horizonte dejó de ser lo que podía obtenerse mañana y pasó a ser aquello que todavía era posible salvar de ayer. El cambio no fue solamente programático: modificó la relación misma con el futuro.
Cuando una fuerza deja de prometer una sociedad diferente y se limita a asegurar que la existente será un poco menos injusta, entrega a sus adversarios un privilegio considerable: el monopolio de la ruptura. La extrema derecha comprendió perfectamente ese vacío. No se presenta como administradora prudente de lo existente. Promete fronteras, autoridad, soberanía, expulsiones, prioridad nacional, restauración del orden. Se pueden combatir esas propuestas, pero todas poseen algo que la izquierda gestionaria perdió: afirman que las cosas no tienen por qué seguir siendo como son.
Ésa es una de las paradojas de nuestro tiempo: la derecha radical aprendió a hablar el lenguaje de la ruptura mientras una parte de la izquierda aprendía el de la resignación.
El que todavía dice que se puede
Es en este punto donde aparece Jean-Luc Mélenchon. No porque posea una respuesta para todo, ni porque su estrategia esté exenta de errores, ni porque su personalidad, sus métodos o algunas de sus posiciones no susciten objeciones, incluso dentro de la izquierda. Mucho menos porque un hombre pueda sustituir a una fuerza social. Mélenchon importa por otra razón.
En la Francia de 2026 sigue siendo el dirigente de la izquierda de ruptura que ha obtenido el mayor respaldo en una elección presidencial: en 2022 reunió 7,7 millones de votos, el 21,95 % de los sufragios expresados, quedándose a poco más de un punto de Marine Le Pen y de la segunda vuelta.
Pero los números sólo cuentan una parte de la historia. Durante años, Mélenchon ha construido una propuesta que pretende abarcar simultáneamente las instituciones, la cuestión social, la planificación ecológica, la distribución de la riqueza, los servicios públicos, la soberanía popular y la relación de Francia con las reglas europeas. Se puede rechazar ese proyecto. Lo que resulta más difícil es negar que existe.
Mientras una parte de la izquierda francesa discute los márgenes dentro de los cuales sería posible gobernar, Mélenchon continúa discutiendo los márgenes mismos. La cuestión europea lo demuestra. Para la izquierda de gestión, las reglas presupuestarias, monetarias y económicas de la Unión Europea constituyen restricciones que un gobierno progresista debe integrar y, cuando pueda, negociar. Para Mélenchon y La France insoumise, una política elegida democráticamente debe estar dispuesta, llegado el caso, a entrar en conflicto con esas reglas.
La divergencia no es técnica. Remite a dos concepciones del poder: gobernar administrando las restricciones o intentar modificar las relaciones de fuerza que las producen. Mélenchon volvió a colocar esa vieja pregunta en el centro de la izquierda francesa.
El hombre y la función
Conviene evitar aquí un malentendido, sobre todo para un lector chileno. La cuestión no consiste en buscar un Mélenchon chileno. Las sociedades que esperan un salvador suelen terminar decepcionadas por él, y una izquierda que reduce su proyecto a la biografía de un dirigente prepara su propia fragilidad. Lo interesante no es el hombre: es la función política que ocupa.
Mélenchon ha conseguido mantener durante casi dos décadas un espacio en el que la transformación del orden existente puede todavía formularse como una propuesta de gobierno. Ha dado continuidad a una tradición que pudo haber desaparecido después del hundimiento electoral del Partido Comunista y de la conversión social-liberal del Partido Socialista. Eso explica también la intensidad de los conflictos que provoca: no se disputa solamente una candidatura, sino la definición misma de lo que significa ser de izquierda.
Para unos, gobernar significa mejorar las condiciones sociales dentro de las restricciones económicas e institucionales existentes. Para otros, una política de izquierda comienza precisamente cuando esas restricciones dejan de considerarse naturales. Mélenchon ocupa hoy este segundo espacio. Podrá dejar de ocuparlo mañana; otro dirigente, otra generación o incluso otra forma de organización podrán sustituirlo. Pero eso no ha ocurrido todavía.
Pretender superar a Mélenchon sin que exista aún una fuerza capaz de reemplazar la función que cumple sería confundir un deseo con una realidad. Se puede decretar el fin de un dirigente. No se decreta la aparición de aquello que debe sucederle.
Ganar no basta
La objeción es evidente: si esta propuesta existe, ¿por qué no ha ganado? La pregunta es legítima y obliga a abandonar cualquier romanticismo de la derrota. Una fuerza política no tiene razón porque pierde. La marginalidad no constituye una prueba de lucidez y la radicalidad verbal no sustituye la construcción de una mayoría.
En 2022, Mélenchon alcanzó el 21,95 % y quedó tercero, detrás de Emmanuel Macron y Marine Le Pen. Aquello confirmó simultáneamente la fuerza y el límite de su estrategia: podía reunir más de siete millones y medio de votos, pero todavía no construir la mayoría necesaria para disputar la presidencia en la segunda vuelta.
Ése sigue siendo el problema fundamental de una política de ruptura. Si sólo convence a quienes ya están convencidos, termina convirtiéndose en una identidad. Para transformar un país debe hacer exactamente lo contrario: ampliar su pueblo. Debe hablar al trabajador de una periferia urbana y al de una pequeña ciudad; al joven diplomado y al obrero; al empleado público y al pequeño empresario; al habitante de los barrios populares y al de los territorios rurales. Debe responder al salario y al clima, a la escuela y al hospital, pero también a la inseguridad, a la inmigración, a la producción, a la industria y a la soberanía.
Sobre todo, debe negarse a abandonar determinados problemas porque la derecha haya decidido apropiárselos. La lección chilena vuelve aquí con toda su fuerza: una izquierda que entrega la seguridad a la derecha no hace desaparecer la inseguridad; entrega a la derecha a quienes la padecen.
Otro orden es posible
La palabra orden merece, por eso, ser disputada. Durante demasiado tiempo se aceptó que pertenecía a la derecha, como si la única alternativa a un orden conservador fuera el desorden. Pero existe otro orden posible. Una sociedad en la que un trabajador puede vivir de su salario es más ordenada que una sociedad que lo obliga a endeudarse. Una ciudad donde una mujer puede regresar a casa sin miedo es más libre y también más ordenada. Un país que garantiza agua, salud, educación y pensiones establece un orden. Una economía en la que el dinero público no termina capturado por intereses privados también.
La cuestión nunca fue elegir entre orden y desorden, sino decidir qué orden y para quién. La derecha radical responde con claridad: orden en la frontera, en la calle y en la escuela; autoridad del Estado y protección de la propiedad. La izquierda debe ser capaz de responder con una concepción más amplia de la protección: seguridad física, por supuesto, pero también seguridad social, económica, ecológica y democrática.
No existe ninguna razón para elegir entre ellas. El Estado que debe impedir que una banda controle una calle es el mismo que debe impedir que la pobreza determine la esperanza de vida de quienes viven en ella. En esa unidad entre protección y transformación podría encontrarse una de las bases de una nueva mayoría popular.
Lo que Chile necesita reconstruir
Chile no necesita importar una experiencia francesa y mucho menos un dirigente francés. La historia latinoamericana debería bastar para desconfiar de quienes llegan desde Europa con modelos preparados para sociedades que conocen poco. Lo que la comparación permite identificar es otra cosa: Chile necesita reconstruir una función que quedó vacante.
Necesita una fuerza capaz de decir que la seguridad no pertenece a Kast, que la protección social no pertenece a los tecnócratas, que la ecología no puede convertirse en una moral impuesta a quienes menos tienen y que la economía no es una ciencia natural cuyas leyes deban obedecerse, sino una construcción política cuyas reglas pueden modificarse.
Esa fuerza no existe hoy de manera suficientemente creíble. Reconocerlo no es pesimismo, sino el punto de partida. Porque la peor consecuencia de una derrota no es perder una elección. Es comenzar a considerar imposible aquello por lo que se había entrado en política.
Construir un pueblo
Hay una expresión que la izquierda utiliza demasiado: recuperar a las clases populares. La fórmula revela involuntariamente el problema. Los pueblos no pertenecen a los partidos. No se pierden como se pierde un territorio y no se recuperan mediante una campaña de comunicación. Se construyen políticamente. Un trabajador preocupado por su pensión, una madre preocupada por la seguridad de sus hijos, un joven que no puede pagar una vivienda, un agricultor preocupado por el agua y una familia que teme perder su empleo no forman espontáneamente un mismo sujeto político. La tarea de la política consiste precisamente en mostrarles qué tienen en común.
La extrema derecha intenta hacerlo señalando enemigos y ofreciendo una interpretación del abandono: el inmigrante, el delincuente, las élites cosmopolitas, las instituciones que impedirían ejercer la soberanía. Una izquierda de transformación debe construir otra explicación y otra comunidad de intereses. No puede limitarse a denunciar como falsa la explicación de la extrema derecha. Tiene que ofrecer una interpretación más convincente de la experiencia real de quienes la escuchan.
Y eso exige algo más difícil que indignarse: exige convencer.
El pesimismo y la voluntad
Antonio Gramsci hizo célebre una fórmula que resume admirablemente el problema: pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Pocas épocas exigen tanto ambas cosas. El pesimismo de la inteligencia obliga a mirar lo ocurrido sin consuelos. Kast ganó. La izquierda chilena perdió su capacidad de representar una parte decisiva de la demanda de cambio nacida en 2019. La extrema derecha progresa en numerosas democracias. Las fuerzas que pretenden transformar el orden existente están divididas y no han demostrado todavía que puedan construir mayorías duraderas. Nada se gana negándolo.
Pero ninguna de esas constataciones demuestra que las sociedades se hayan resignado a la desigualdad, a la precariedad, al abandono territorial, al deterioro de los servicios públicos o a la impotencia democrática. Demuestran algo distinto: que la cólera puede existir antes que la fuerza capaz de organizarla. Ahí comienza el optimismo de la voluntad. No consiste en creer que la victoria llegará porque la historia esté de nuestro lado —la historia no está del lado de nadie—, ni en esperar que quienes votaron a Kast, a Le Pen o a cualquier derecha radical descubran algún día que se equivocaron. Consiste en volver a merecer su confianza.
En Chile, eso exige reconstruir un referente. En Francia, exige saber si el referente que todavía existe puede convertirse en mayoría. En ambos países exige abandonar la idea de que administrar mejor lo existente bastará para producir nuevamente esperanza.
Porque la esperanza política no se conserva, no se hereda y no se decreta. Se construye.
*Patricio Arenas, escritor y analista político.
El Maipo/Le Monde Diplomatique
Nota: El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial El Maipo.
