Diputados presentan proyecto para suspender por cinco años la Ley Karin

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La iniciativa fue impulsada por parlamentarios del Partido Nacional Libertario, el Partido Republicano y un independiente de la bancada de Renovación Nacional. La propuesta surge mientras el Gobierno prepara cambios al reglamento de la normativa.

Un grupo de diputados presentó un proyecto de ley que busca suspender durante cinco años la aplicación de la Ley Karin, en medio de la revisión que realiza el Gobierno a la normativa que regula las denuncias por acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo.

La propuesta fue ingresada por los diputados del Partido Nacional Libertario (PNL) Eric Grohs, Paulina Muñoz, Cristóbal Urruticoechea y Álvaro Jofré. También suscribieron el proyecto el diputado republicano Diego Vergara y el independiente Daniel Valenzuela, integrante de la bancada de Renovación Nacional (RN).

¿Qué propone el proyecto sobre la Ley Karin?

La iniciativa plantea suspender temporalmente los efectos de la Ley N.º 21.643. Durante ese período, volverían a aplicarse las normas que regían antes de la entrada en vigencia de la legislación.

El proyecto establece, además, que las denuncias e investigaciones que ya se encuentren en desarrollo deberán continuar. De esta manera, sus autores buscan evitar que la suspensión afecte los procesos que actualmente están en curso.

La Ley Karin establece mecanismos para prevenir, investigar y sancionar situaciones de acoso laboral, acoso sexual y violencia en los lugares de trabajo.

Gobierno prepara cambios al reglamento

La propuesta parlamentaria aparece mientras el Ejecutivo trabaja en modificaciones al reglamento de la Ley Karin.

El Ministerio del Trabajo presentó ante el Consejo Superior Laboral una serie de cambios destinados a resolver dificultades detectadas durante la implementación de la normativa.

Entre los problemas identificados aparece el aumento de la carga administrativa asociada a denuncias que no corresponden al ámbito de la ley. También se ha advertido sobre la ausencia de un filtro inicial para determinar la admisibilidad de los casos.

Otro punto corresponde a la extensión de los procesos de investigación.

Frente a este escenario, el Gobierno propone establecer requisitos mínimos para ingresar una denuncia. También busca ordenar su tramitación, permitir derivaciones con autorización del trabajador y reducir los tiempos destinados a las investigaciones.

Autores defienden una suspensión temporal

El diputado Eric Grohs (PNL), uno de los impulsores de la iniciativa, sostuvo que la suspensión permitiría revisar los problemas que presenta actualmente el sistema.

El parlamentario afirmó que el objetivo no es eliminar la protección de los trabajadores, sino abrir un período para revisar el funcionamiento de la normativa y entregar mayor certeza jurídica.

En la misma línea, el diputado Patricio Briones (PDG) manifestó su respaldo a la propuesta. A su juicio, se necesita un período de revisión que permita mejorar la capacitación de los fiscalizadores y ajustar los procedimientos utilizados para investigar las denuncias.

La diputada Paulina Muñoz (PNL) también cuestionó el funcionamiento actual de la legislación. La parlamentaria sostuvo que existen aspectos que deben ser corregidos tanto en el diseño de la norma como en su aplicación.

Por su parte, el diputado Javier Olivares (PDG) afirmó que apoyará el proyecto tras conocer situaciones que, según indicó, han afectado a pequeñas y medianas empresas. El parlamentario planteó que es necesario realizar modificaciones antes de continuar con la implementación de la normativa.

Diputados cuestionan número de denuncias

Los impulsores de la iniciativa utilizaron como uno de sus argumentos el número de denuncias registradas desde la entrada en vigencia de la Ley Karin.

Según los antecedentes citados por los parlamentarios, hasta diciembre de 2025 se habían presentado más de 66 mil denuncias relacionadas con la normativa.

A partir de esa cifra, los autores del proyecto sostienen que existe una sobrecarga para las instituciones encargadas de recibir e investigar los casos.

El proyecto deberá ahora iniciar su tramitación legislativa en el Congreso. Paralelamente, el Gobierno continuará con el proceso de revisión del reglamento, por lo que ambas discusiones podrían avanzar en paralelo durante las próximas semanas.

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