Un domingo 24 de julio de 2016, hace exactamente diez años, cientos de miles de chilenos y chilenas salieron a las calles a vitorear “NO+AFP“. Era la voz de la ciudadanía que se expresaba con rabia frente a un sistema que, en ese entonces, con 35 años de existencia, se mostraba fracasado e incapaz de pagar pensiones suficientes a millones de personas.
Cuando se impuso el sistema de capitalización individual a través del D.L. 3.500, promulgado en plena dictadura el 4 de noviembre de 1980, fue imposible alzar la voz para alertar sobre las consecuencias de acabar con la seguridad social. El antiguo sistema de reparto, que operaba a través de las cajas de previsión, requería cirugías importantes, pero ninguna de la magnitud de la reforma de 1980, que eliminó la solidaridad e impuso la capitalización individual.
La campaña publicitaria de quienes expropiaron las cajas se sustentó en sofismas: que las pensiones representarían para la mayoría “tasas de reemplazo” superiores al 70% e, incluso, que quienes cotizaran por más de 35 años alcanzarían el 100% de su sueldo activo. El argumento más recurrente de sus promotores era que el Estado ya no tendría que destinar recursos públicos a un sistema que calificaban como obsoleto. Sostenían que el nuevo modelo sería financieramente sustentable, liberando cuantiosos fondos estatales para el desarrollo de otras áreas de la economía.
Nunca se dijo que uno de los objetivos centrales de esa transformación sería capturar el salario de los trabajadores para impulsar el mercado de capitales. Por esa vía se otorgó financiamiento barato a los incipientes grupos económicos que, al cabo de un tiempo, convertirían a Chile en un país con una brutal concentración de los ingresos.
Las primeras dos décadas de implementación no mostraron falencias graves. Por una parte, quienes se jubilaban contaban con el “Bono de Reconocimiento” -monto reajustado en UF que reconocía las cotizaciones previas a 1981-, lo que compensaba significativamente el valor de los pagos. A esto se sumaba que, en los primeros años, el sistema logró retornos de dos dígitos. Esto permitió a los trabajadores de esa época autofinanciar pensiones que hoy resultan inalcanzables para la mayoría.
Al cabo de 45 años de la implementación del modelo y a una década de la primera gran movilización social, los resultados son demoledores y ninguna proyección se cumplió. El Estado hoy financia más del 88% del total de las pensiones (a través del bono por hijo, bonos de reconocimiento, la PGU para cerca de 2 millones de personas; el IPS para 500 mil personas y las FF.AA. para 170 mil personas) Con esto, el gasto público en previsión, lejos de disminuir, aumentó considerablemente.
Sin embargo, el fondo total de pensiones alcanza los US$254 mil millones; recursos acumulados que están disponibles para el gran capital y que, en consecuencia, se desvían del fin primordial de la seguridad social: pagar pensiones dignas.
Un estudio reciente de la Fundación Sol reveló que, a diciembre de 2025, el 50% de los jubilados que recibieron una pensión de vejez obtuvo menos de $353 mil pesos, cifra que ya incluye subsidios estatales como la PGU y el Aporte Previsional Solidario (APS). Al quitar estos beneficios, la pensión autofinanciada mediana llega solo a $170 mil pesos; es decir, menos de un tercio del salario mínimo.
La propuesta aprobada bajo el gobierno de Gabriel Boric a comienzos de 2025 -aplaudida por José Piñera, uno de los creadores de las AFP-, consolidó el modelo de capitalización individual, sin reportar un mejoramiento sustantivo para los pensionados. La PGU, aprobada inicialmente bajo el gobierno de Piñera, sigue siendo el respirador artificial financiado con recursos públicos que mantiene vivo al sistema.
A diez años de las multitudinarias marchas, la batalla por un sistema de seguridad social solidario sigue siendo una tarea inconclusa. Ningún gobierno, por encima de sus promesas, ha intentado terminar con él; por el contrario, han capitulado ante las presiones del sector financiero. Así, se mantienen cautivos los salarios de los trabajadores al servicio de un modelo que no guarda relación alguna con la verdadera previsión social.
Luis Mesina Marín: Profesor de Historia y Geografía, activista chileno vocero de la Coordinadora No Más AFP. Magíster en Educación y diplomado en Economía de la Universidad de Chile.
El Maipo/Le Monde Diplomatique
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