Empecemos por el número, porque el dato dice más que cualquier discurso: trece mil sesenta y dos millones de pesos para Las Condes. Tres millones para San Ramón. Cuatro mil trescientas cincuenta y cuatro veces. No es una metáfora, es una división que cualquiera puede hacer con una calculadora de bolsillo, y sin embargo produce un vértigo que ningún adjetivo alcanza a nombrar.
Seis comunas —Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, Providencia, La Reina, Ñuñoa— se llevan treinta y siete mil ciento cincuenta y nueve millones, el ochenta y seis por ciento de todo el beneficio del Gran Santiago, repartido en el diecisiete por ciento de sus comunas. El resto del país —el ochenta y ocho por ciento de los municipios de Chile— va a sentir esto como quien siente pasar una brisa: menos del uno por ciento de sus ingresos. Esto no es una política pública. Es un mapa del cuerpo social hecho con dinero, y el mapa dice, sin vergüenza, dónde está la vida que importa y dónde está la vida que sobra. Parecía inevitable que el número ganara, que veintisiete bajara a veintitrés para siempre, que la aritmética de los ricos se impusiera como si fuera clima y no decisión. Pero un número, cuando se lo mira de frente el tiempo suficiente, empieza a temblar. Ahí, en ese temblor, es donde metemos la cuña de lo imprevisible.
Y hay que decirlo con toda la crudeza que la cifra exige: el gobierno que administra estos números ya no es un gobierno, es un verdugo con corbata. Se pasaron la semana discutiendo si el impuesto corporativo debía quedar en veintitrés o en veintidós, como si un punto porcentual fuera una conquista histórica y no una limosna negociada puertas adentro con el mismo ministro que diseñó la fiesta para Las Condes. Se pelean por el segundo decimal de una tasa mientras el propio arquitecto de la reforma admite, sin que le tiemble la voz, que la medida “afectará a doce comunas, las doce comunas más ricas del país” —como si nombrar el privilegio fuera suficiente para neutralizarlo. Doscientos millones de dólares menos de recaudación para todo el país. Doscientos veinte millones de dólares que pierde el Fondo Común Municipal, ciento cincuenta y dos solo en la Región Metropolitana, y la respuesta de la vieja política —de cualquier color— fue un cheque de reposición: primero ciento treinta millones, después “compensación total”, como si el problema fuera un agujero de caja y no un diseño que decidió, línea por línea, quién merece plata y quién merece migajas. Esa política no discute el mapa. Solo pide que el mapa venga acompañado de un seguro. Está agotada, y su agotamiento se mide también en números: en la distancia entre el punto que negocia y el abismo que administra.
Frente a una aritmética así, cualquier programa razonable es una rendición disfrazada de sensatez, así que no vamos a proponer uno razonable. Proponemos invertir el mapa entero: que los trece mil sesenta y dos millones que hoy caen en Las Condes caigan en San Ramón, en La Pintana, en Cerro Navia, en Lo Espejo, en cada comuna que hoy recibe cuatro, tres, cinco millones como quien recibe una limosna de Estado. Proponemos un reajuste salarial parejo, en pesos y no en porcentajes, porque el porcentaje es precisamente el lenguaje con el que se disfraza la desigualdad —el mismo lenguaje que convierte un punto de IVA o un punto de impuesto corporativo en una discusión técnica cuando en realidad es una guerra territorial. Proponemos que cada peso que hoy financia gasto militar con la Ley Reservada del Cobre se traslade, íntegro, a las comunas que hoy reciben tres, cuatro, cinco, doce millones. Proponemos regularización migratoria sin condiciones y sanción real a quienes envenenan Puchuncaví mientras el Estado calcula, comuna por comuna, cuánto vale un adulto mayor según su domicilio. Nos van a decir que es inviable. Y tienen razón: es tan inviable como un país donde el ochenta y seis por ciento de un beneficio cabe en seis comunas. Si esa cifra es viable, la nuestra también.
Pero un número, incluso invertido, sigue siendo frío, y contra el frío no basta con otra tabla. Contra la aritmética sádica de Las Condes y sus trece mil millones oponemos el mito caliente de las comunas que hoy reciben tres: no la resignación, sino el placer como derecho, la fiesta como infraestructura, la mezcla como programa. Que San Ramón no pida disculpas por sus tres millones. Que los levante como bandera. La derecha mide el valor de un cuerpo en avalúo fiscal; nosotros medimos el valor de un cuerpo en su capacidad de gozar, de cantar, de mezclarse sin pedir permiso. Ellos tienen la calculadora. Nosotros tenemos la fiesta, y la fiesta, cuando se vuelve política, es más peligrosa que cualquier planilla de Excel.
Así que ahí queda la cifra, para quien todavía crea que los números son neutros: cuatro mil trescientas cincuenta y cuatro veces. Esa es la distancia exacta, medida en pesos, entre la vida que este país protege y la vida que este país abandona. No hay reforma tibia que cierre esa brecha, y no vamos a fingir que la hay. O el número se invierte, o el número nos entierra. Elegimos invertirlo, aunque nos digan que es una locura. Ya la cordura, medida en millones por comuna, demostró de qué lado está.
Para El Maipo Álvaro Ramis Olivo, colaborador de El Maipo. Presidente del Centro de Estudios Territorio y Comunidad.
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