Rocío Alorda Zelada advirtió que el proyecto que se discute en el Senado podría afectar gravemente el periodismo de investigación al sancionar la difusión de antecedentes de causas penales. A su juicio, la iniciativa no combate el origen de las filtraciones y, en cambio, amenaza la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a estar informada.
La discusión del proyecto conocido como “Ley Mordaza 2.0” abrió un intenso debate sobre los límites entre la reserva de las investigaciones penales y el derecho de la ciudadanía a acceder a información de interés público. Mientras la iniciativa continúa su tramitación legislativa, el Colegio de Periodistas de Chile encendió las alertas y llamó al Senado a rechazar las disposiciones que, a su juicio, podrían afectar el ejercicio del periodismo de investigación.
En conversación con elmaipo.cl, la presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, Rocío Alorda Zelada, sostuvo que la principal preocupación del gremio es la creación de una nueva figura penal que sancionaría la difusión de antecedentes provenientes de carpetas investigativas.
“A nuestro juicio eso es muy grave, porque muchos ámbitos de interés público son hoy información que la ciudadanía conoce gracias a que esa información fue puesta en circulación a través del periodismo mientras se estaba investigando“, afirmó.
Para la dirigenta, el problema de las filtraciones no se resuelve castigando a quienes informan, sino abordando las fallas existentes dentro del propio sistema de investigación penal.
“Eso es un problema que está dentro de la Fiscalía y que también involucra a los abogados que participan en los procesos. No nos parece correcto crear nuevas figuras penales que luego puedan sancionar directamente a periodistas”, explicó.
En ese contexto, Alorda advirtió que la modificación del artículo 161-C del Código Penal representa el aspecto más delicado del proyecto, ya que establece una sanción para quien difunda antecedentes de una investigación, incluso cuando estos tengan un evidente interés público.
La presidenta del Colegio de Periodistas sostuvo que una norma de estas características podría haber impedido que la ciudadanía conociera oportunamente algunos de los casos de mayor impacto nacional.
“Si este proyecto hubiera estado vigente hace cinco o diez años, habría sido muy difícil que la ciudadanía se enterara en tiempo real de casos tan importantes como el Caso Hermosilla, el MOP-Gate y muchos otros que afectaron a instituciones relevantes del país”, señaló.
A juicio del gremio, uno de los efectos más preocupantes sería la generación de autocensura en el ejercicio del periodismo. La posibilidad de enfrentar sanciones penales podría desincentivar investigaciones sobre hechos de interés público, especialmente en medios independientes que cuentan con recursos limitados para enfrentar procesos judiciales.
“Si un periodista sabe que investigar determinado tema puede implicar riesgos penales, es muy probable que decida no seguir investigando. Para muchos medios independientes, enfrentar un proceso judicial significa asumir altos costos económicos y legales”, advirtió.
La dirigenta agregó que el periodismo de investigación en Chile ya enfrenta importantes dificultades debido a la falta de recursos y al escaso espacio que muchos medios destinan a este tipo de trabajos.
“El periodismo de investigación se ha ido restringiendo cada vez más. Una norma como esta podría transformarse en una forma de cerrar definitivamente a muchos medios de comunicación que cumplen una labor fundamental para informar a la ciudadanía”, sostuvo.
Finalmente, Rocío Alorda Zelada hizo un llamado a los senadores a no aprobar el proyecto mientras mantenga la modificación del artículo 161-C del Código Penal, argumentando que restringir la difusión de información de interés público no fortalece la justicia, sino que debilita la transparencia, la libertad de prensa y el control democrático que la ciudadanía ejerce sobre las instituciones.
El Maipo
