El anuncio del presidente José Kast de impulsar una reforma a la Ley Indígena 19.253 cayó como un balde de agua fría en las comunidades originarias. No por la idea de revisar una legislación que ya tiene más de treinta años —algo perfectamente legítimo en democracia— sino por la forma, el ritmo y el trasfondo político que acompañan esta iniciativa. Cuando un gobierno anuncia cambios profundos sin diálogo previo, la sospecha no tarda en instalarse: ¿Se busca perfeccionar la ley o debilitar los derechos conquistados?
Desde 1990, los pueblos indígenas han avanzado en reconocimiento, participación y protección territorial. No ha sido un camino fácil. Por eso sorprende que sectores conservadores insistan en presentar estos derechos como un obstáculo para el desarrollo, como si el crecimiento económico dependiera exclusivamente de explotar recursos naturales ubicados en territorios indígenas. Esa mirada, heredera de una relación históricamente asimétrica, desconoce que antes de 1990 muchos de esos territorios fueron objeto de despojo sistemático.
Las comunidades indígenas no rechazan la posibilidad de revisar la ley. Lo que rechazan —y con razón— es que se pretenda hacerlo sin una participación real y sin reconocer que cualquier reforma debe partir por un diálogo profundo con las autoridades ancestrales. No es un capricho: es un estándar internacional, consagrado en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Los intentos anteriores de modificar la Ley Indígena han fracasado precisamente por ignorar este principio. La consulta nacional del gobierno anterior fue rechazada masivamente por las comunidades mapuches. El intento del segundo gobierno de Sebastián Piñera corrió la misma suerte. ¿La razón? Ninguno de esos procesos fue percibido como un diálogo real, sino como ejercicios verticales destinados a legitimar decisiones ya tomadas.
Reformar la Ley Indígena no es un trámite administrativo. Es un proceso político, social y cultural que exige tiempo, voluntad y respeto. Primero se debe dialogar con las autoridades indígenas; luego construir acuerdos mínimos con el Congreso; y finalmente convocar a una efectiva Consulta Nacional indígena tal como lo exige la legislación vigente. Pretender resolver todo en unas semanas o meses es desconocer la profundidad del desafío.
El mundo conservador extremo podría contribuir si abandonase su paternalismo y reconociera que para los pueblos indígenas —y especialmente para el pueblo mapuche— la tierra no es un bien transable, sino un elemento ancestral y espiritual. Resulta llamativo que quienes critican las tierras indígenas como “baldías” guarden silencio ante reformas que benefician a los sectores más ricos del país, mientras las familias de clase media y popular continúan pagando, haciéndose cargo de regalos tributarios a los sectores pudientes de la sociedad.
Se acusa a los indígenas de ser “privilegiados” por recibir tierras que les fueron arrebatadas. Pero como recordó el Papa Francisco en Temuco: “Ustedes son una reserva de la humanidad, pues cuidan la tierra y sus recursos”. Difícil encontrar una voz más autorizada.
Paradójicamente, el anuncio presidencial podría tener un efecto inesperado: unificar a los pueblos originarios en defensa de la Ley Indígena tal como ocurrió en la dictadura para defender las tierras que comenzaron a ser despojadas por el Decreto 2.568 de Pinochet que estableció, precisamente, un criterio mercantil para las tierras ancestrales. En el caso del pueblo mapuche, cualquier intento de reforma apresurada será rechazado si no se construye mediante un diálogo fecundo y respetuoso. No es un detalle menor el que debemos tener a la vista: el Estado chileno tiene apenas 208 años de historia; el pueblo mapuche habita este territorio desde hace más de 6.000 años.
Si el gobierno realmente quiere avanzar en una idea, debe comprender que la relación con los pueblos indígenas requiere otra forma de hacer política: una que escuche, respete y reconozca la interculturalidad como un valor democrático, no como un obstáculo.
*Domingo Namuncura, Ex Director Nacional de Conadi, Primer Embajador mapuche de Chile en Guatemala (2014-2018), Trabajador Social y Docente Universitario. colaborador de elmaipo.cl
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