La investigación de la denominada “Operación Tokyo”, que permitió desarticular una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua y que habría movilizado cerca de US$80 millones en Chile, volvió a instalar el debate sobre el secreto bancario y las herramientas disponibles para combatir el crimen organizado.
En este contexto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que el Gobierno trabaja en una propuesta legislativa propia para abordar la materia, poniendo el foco en la persecución de actividades ilícitas y en el impacto que estas generan sobre la economía formal.
El caso tomó relevancia luego de que la investigación del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público apuntara a un ejecutivo bancario que habría facilitado operaciones destinadas a incorporar recursos obtenidos mediante extorsiones al sistema financiero formal entre 2022 y 2025.
Tras participar en la Comisión de Hacienda del Senado, Quiroz adelantó que la futura iniciativa mantendrá como principio central la intervención del Poder Judicial en cualquier proceso relacionado con el acceso a información bancaria.
“En esta materia hemos sido enfáticos en que la investigación o apertura de cuentas debe depender siempre del Poder Judicial y no de una decisión administrativa”, sostuvo el secretario de Estado.
El titular de Hacienda agregó que el proyecto se encuentra en una etapa inicial de elaboración y que deberá ser coordinado con otras carteras antes de ser presentado formalmente.
“He iniciado un trabajo que partimos hace poco y van a ir conociendo detalles más adelante, posiblemente de una iniciativa que lancemos y preparemos desde Hacienda, que debo ir conversando con los demás ministerios”, señaló.
Si bien el ministro evitó entregar mayores detalles sobre el contenido de la propuesta, confirmó que el Ejecutivo busca fortalecer los mecanismos de investigación financiera sin renunciar a las garantías judiciales actualmente existentes.
Con este anuncio, el Ministerio de Hacienda se suma a una discusión que en los últimos meses ha sido impulsada principalmente por el Ministerio Público y el Congreso, en medio de los esfuerzos por reforzar las herramientas del Estado frente al avance del crimen organizado y el lavado de activos en el país.
El Maipo
