Existen medidas que, más allá de sus cifras, dicen algo sobre el tipo de país que queremos ser. La repatriación de capitales incluida en la Ley de Reconstrucción Nacional es una de ellas. Y lo que dice no es bueno.
El gobierno del Presidente Kast ha incorporado en su megarreforma una ventana de 12 meses para que quienes tienen capitales no declarados en el extranjero —es decir, quienes en su momento evadieron impuestos— puedan regularizar su situación pagando una tasa preferencial del 10%, reducible al 7% si mantienen los recursos invertidos en Chile por al menos ocho años. El nombre técnico es “sistema voluntario y extraordinario de declaración de bienes o rentas en el extranjero”. El nombre real es amnistía tributaria.
Una historia que se repite, con rendimientos decrecientes
Chile ya ha transitado por este camino antes, y el patrón es revelador. En 2015, bajo la reforma tributaria de Michelle Bachelet, se abrió la primera ventana de repatriación con una tasa del 8%. El resultado fue sorprendente: se recaudaron US$1.500 millones, diecisiete veces más de lo proyectado, a través de más de 7.800 declaraciones. El éxito se explicó en parte por un contexto global: la banca internacional presionaba a sus clientes para entregar información, el escándalo de la lista Falciani sembraba nerviosismo entre los evasores, y el universo de capitales no declarados era vasto e intacto.
En 2024, el gobierno de Boric intentó algo similar en su ley de cumplimiento tributario, esta vez con una tasa del 12%. Los resultados fueron un balde de agua fría: se recaudaron apenas US$94 millones, el 15,6% de la meta proyectada. La explicación es simple: quien tenía bienes que regularizar, en su mayoría ya lo hizo en 2015. El pozo estaba en buena parte vacío.
Ahora, en 2026, el gobierno intenta una tercera ronda, con una tasa del 10%, esperando recaudar US$338 millones. Es decir, más del triple de lo obtenido en 2024, con un universo de contribuyentes que, razonablemente, es aún más reducido. La lógica recaudatoria es optimista en el mejor de los casos, e irresponsable en el peor.
El problema fiscal: una ilusión de financiamiento
El Consejo Fiscal Autónomo, organismo técnico e independiente, no dejó espacio para ambigüedades en su análisis de la megarreforma. Identificó la repatriación de capitales como uno de los nueve riesgos fiscales directos del proyecto, advirtiendo que “la reiteración de medidas transitorias de regularización puede debilitar el cumplimiento tributario y afectar la sostenibilidad de los ingresos fiscales en el mediano plazo”. En términos más amplios, el CFA determinó que el proyecto genera déficits fiscales al menos hasta 2031, incluso incorporando los optimistas supuestos de crecimiento del Ejecutivo, y que para alcanzar la neutralidad fiscal “se requerirán fuentes de financiamiento adicionales de magnitud relevante, no contenidas en el proyecto”.
Dicho de otro modo: la repatriación no solo no resuelve el problema de financiamiento de la megarreforma, sino que lo enmascara. Utiliza una recaudación incierta, no recurrente y de efectividad decreciente para pretender financiar rebajas tributarias permanentes que costarán más de US$14.000 millones entre 2026 y 2031 según estimaciones del exministro Mario Marcel. Es el equivalente fiscal de vender los muebles de la casa para pagar la hipoteca: resuelve el mes, pero agrava el problema estructural.
La señal política: la impunidad tiene precio y es bajo
Pero el problema más grave no es contable. Es ético y político.
El exministro de Hacienda Ignacio Briones —economista de centroderecha, nada sospechoso de populismo— lo dijo con precisión quirúrgica: la repatriación “es un premio para quienes hicieron trampa”. Y tiene razón. Porque lo que este mecanismo le dice a un contribuyente honesto, que declaró sus rentas, pagó sus impuestos y mantuvo sus capitales en el país, es esto: los que no lo hicieron pueden regularizarse ahora, a una tasa preferencial, sin consecuencias penales, sin estigma, con una palmadita en la espalda.
La contradicción se vuelve insostenible cuando se la pone en contexto. El mismo gobierno que ofrece esta amnistía tributaria a los grandes evasores es el que ha mantenido una postura dura frente a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE): jóvenes, en su mayoría de clase media, que tomaron una deuda para estudiar y que el Estado persigue activamente para cobrar. La pregunta que queda flotando es incómoda pero necesaria: ¿por qué la deuda del estudiante es intocable y la deuda tributaria del gran contribuyente se negocia con descuento?
El incentivo perverso que se instala para siempre
Más allá de la injusticia del momento presente, el daño más duradero de las amnistías tributarias repetidas es el que producen en la cultura fiscal de largo plazo. Cuando un contribuyente sabe que el sistema ha perdonado a los evasores en 2015, en 2024 y ahora en 2026, el cálculo racional cambia. Evadir hoy y esperar el próximo “perdonazo” se convierte en una estrategia financieramente razonable. La probabilidad subjetiva de que habrá una nueva ventana sube con cada ventana que se abre. El cumplimiento tributario voluntario —que es el pilar sobre el que descansa cualquier sistema impositivo moderno— se erosiona silenciosamente.
Esto no es especulación ideológica: es la lógica del riesgo moral, un concepto básico de economía. Y es exactamente lo que el CFA alertó cuando advirtió sobre el daño a “la credibilidad del marco fiscal”.
Lo que Chile necesita es lo contrario
Un país que quiere crecer de manera sostenida, reducir su desigualdad y financiar servicios públicos de calidad necesita, ante todo, un sistema tributario en el que todos paguen lo que corresponde. Eso requiere fortalecer la fiscalización, no debilitarla con amnistías. Requiere que evadir impuestos tenga consecuencias reales, no que tenga una ventanilla de salida con descuento. Requiere que el Estado trate con igual severidad la deuda del estudiante y la deuda del gran contribuyente.
La repatriación de capitales propuesta en la Ley de Reconstrucción Nacional hace exactamente lo contrario. Es una medida que recauda poco, financia menos, y destruye algo que cuesta décadas construir: la confianza de los ciudadanos en que las reglas del juego se aplican a todos por igual.
En el Chile que queremos construir, la impunidad tributaria no debería tener precio. Y si lo tiene, no debería ser tan barato.
Para El Maipo Álvaro Ramis Olivo, colaborador de El Maipo. Presidente del Centro de Estudios Territorio y Comunidad.
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