Las tarifas de electricidad sufrirán en Chile un fuerte aumento en julio, justo en la etapa más rigurosa del invierno austral, debido entre otras causas al cese del subsidio estatal que reciben hoy los hogares más pobres.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles había planificado los reajustes de precio para abril, pero finalmente decidió postergarlos para lograr una implementación adecuada del proceso.
Entre las razones técnicas de este incremento figura una deuda con las empresas generadoras por el congelamiento de tarifas decretado tras el estallido social de octubre de 2019, cargo que, a la postre, deben pagar los consumidores y no el fisco.
Para amortiguar el golpe, el gobierno del expresidente Gabriel Boric estableció un subsidio para el sector más pobre del país, calculado en dos millones de hogares.
Sin embargo, el nuevo Ejecutivo, presidido por José Antonio Kast, argumentó que ese beneficio siempre tuvo carácter temporal y no lo ampliará.
La ministra de Energía, Ximena Rincón, afirmó que no existen recursos disponibles en el presupuesto nacional para continuar ese subsidio.
Con el supuesto propósito de equilibrar las cuentas públicas, la administración de Kast eliminó el tres por ciento de los gastos asignados a cada ministerio.
No obstante, en su proyecto de Reconstrucción Nacional, presentado la noche del miércoles en cadena nacional, insistió en rebajar del 27 al 23 por ciento el impuesto corporativo, así como otorgar otras ventajas tributarias al gran empresariado.
El final del subsidio provocará que las familias más desprotegidas enfrenten aumentos de entre el 20 y 30 por ciento en sus facturas mensuales de energía eléctrica.
Por regiones, las más afectadas serán las del sur del país y, en general, las zonas rurales donde al haber menos población, el prorrateo por carga y distribución del fluido resulta más elevado.
El Maipo/Prensa Latina
