Vivimos tiempos difíciles
La Estrategia de Seguridad de Trump 2025, siguiendo la doctrina Monroe, sostiene que América es para los EE. UU. Trump nos acosa y cuestiona nuestra libertad para instalar un cable de comunicaciones submarino con destino a China. La soberanía de Chile está en peligro.
Ese mismo comportamiento lo utilizaron Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, para obligar al gobierno de Panamá a expulsar a una empresa china que prestaba servicios en el Canal. Y lo consiguieron.
No contentos con ello, el Departamento de Estado retiró las visas estadounidenses a dos parlamentarios del Partido Liberación Nacional de Costa Rica, por su aposición a la exigencia de Rubio de excluir empresas chinas de la competencia en la tecnología 5G. A ello se agregó la sorprendente revocación de visa al expresidente costarricense y premio de la paz, Oscar Arias, por sus críticas a la política exterior de Trump.
Y en medio de este accionar imperial se produjo la invasión a Venezuela, el secuestro de Maduro y su esposa, para luego proceder a la administración colonial de este país.
Así las cosas, varios países de América Latina se han alineado con Trump, aceptando sus arbitrariedades: imposición de aranceles a las exportaciones, la declarada intención de controlar monopólicamente el petróleo, cobre, litio y tierras raras y la complacencia ante su accionar belicista en el mundo. No se sabe si es el miedo o el síndrome de Estocolmo; o, quizás, una combinación de ambos.
No obstante, en medio de las amenazas de Trump todavía resisten los países más grandes: de nuestra región: Brasil, México y Colombia, acompañados con la dignidad siempre presente de Uruguay.
Tiempos difíciles también para Chile
Sí, porque el pueblo chileno tendrá que cargar durante cuatro años con un presidente de origen pinochetista, fundamentalista religioso, protector del gran empresariado y enemigo de las políticas sociales.
Kast ya ha mostrado sus cartas, y con rapidez. Ha retirado de la Contraloría los 43 decretos medioambientales que había enviado el presidente Boric. En lo social, decidió terminar con las becas de posgrado en el extranjero (se dice por un año) y no otorgar financiamiento a mayores de 30 años, que deseen estudiar en las universidades; a ello se agrega la reducción del 3% del presupuesto público, incluido los gastos de seguridad. Y, en política exterior, Kast decidió no apoyar la candidatura de la expresidenta Bachelet a la secretaría general de Naciones Unidas.
Pero lo más grave, por su impacto inflacionario, ha sido la decisión de elevar radicalmente los precios de la bencina y diésel, en 30% y 6o% respectivamente.
El alza de precios de los combustibles constituye un ataque directo a los transportistas y a esa clase media que se moviliza en automóviles; pero, sobre todo preocupa su efecto inflacionario en la canasta familiar, que impacta especialmente en los sectores de menores ingresos.
El alza del combustible es poco inteligente. Le hubiese bastado al gobierno endeudarse en menos de un 1% del PIB para defender los precios actuales del diésel y la gasolina, como lo hizo el gobierno de Boric cuando se inició la guerra entre Rusia y Ucrania. Los datos son elocuentes, porque la actual deuda de Chile es relativamente baja: un 42% del PIB, menos de la mitad de los países de la OCDE.
Entretanto, lo que resulta contradictorio con la escandalera del “país quebrado” y las políticas de restricción del gasto público, es la anunciada agenda la reducción de impuestos al gran empresariado desde el 27% al 23%., cuyo propósito es mejorar el crecimiento. No obstante, según varios especialistas, no hay evidencias internacionales que muestren que la reducción de impuestos favorezca la recuperación de la actividad económica.
En consecuencia, así como el alza de los combustibles no resulta razonable, tampoco lo es la disminución de los impuestos a las grandes empresas, sobre todo cuando el discurso gubernamental reitera su preocupación por la estabilidad fiscal.
Por tanto, la verdadera explicación sobre las recientes decisiones de Kast y el ministro de Hacienda tiene que ver con la protección de los intereses de clase dominante, de los más ricos del país.
En efecto, porque el mundo popular y las capas medias de nuestro país son los que tendrán que cargar con los costos del impacto de la guerra de Trump en Irán, sin que el Estado las favorezca con compensación alguna. Por otra parte, se están conculcando derechos sociales a los sectores más vulnerables de la sociedad, mientras se favorece al 1% más rico de la población con una reducción de impuestos.
Vivimos tiempos difíciles, que obligarán a mayor firmeza de la sociedad en la defensa de la soberanía nacional y, en particular, para asegurar la protección de los recursos naturales, frente al proyecto colonizador de Trump. Al mismo tiempo, la oposición política, junto a las organizaciones sociales, sindicales y territoriales deberán coordinarse estrechamente para defender derechos sociales y medioambientales, los que anuncian peligros con las medidas de Kast.
Roberto Pizarro Hofer, Economista, ex decano de la Facultad de Economía Política de la U. de Chile, ex Ministro de Desarrollo Social y Familia, colaborador permanente de elmaipo.cl
El Maipo/Le Monde Diplomatique
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