Hoy, una inspectora, mamá, hermana, hija, hermana, no llegó a casa. Eso, antes que cualquier análisis. Tenía un nombre. Tenía una familia que la esperaba. Tenía compañeros con quienes compartía el día a día de un establecimiento educacional, ese espacio que debería ser, por definición, un lugar seguro. Y, sin embargo, no llegó a casa.
Esa es la verdad más concreta, más irreductible, más dolorosa de lo ocurrido en Calama. Todo lo demás – el análisis, el debate, las propuestas – sólo tiene sentido si parte desde ahí, desde ese hecho que no admite eufemismos ni abstracciones.
El ataque ocurrido en ese liceo – donde un estudiante apuñaló a compañeros y arrebató la vida de una funcionaria – no puede ser reducido a un hecho delictual aislado, ni clasificado como un simple problema de convivencia escolar. Hacerlo sería más cómodo, pero también sería profundamente injusto: con las víctimas, con la realidad y con nosotros mismos como sociedad.
Lo que este caso expone es algo más perturbador: que los espacios donde nuestros hijos e hijas aprenden a leer, a sumar y a relacionarse con el mundo, se han convertido también en el lugar donde estallan dolores que nadie supo – o pudo – contener a tiempo. Y esa transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Fue silenciosa, gradual, y en gran medida, ignorada.
La violencia escolar en Chile ya no sorprende. Y eso, en sí mismo, debería alarmarnos profundamente. Conflictos que escalan en segundos, agresiones entre pares, amenazas a docentes, hechos que antes parecían excepcionales y hoy forman parte del paisaje cotidiano de muchos establecimientos. Nos hemos acostumbrado a leer estas noticias, a comentarlas por unos días y luego seguir adelante, hasta el próximo episodio. Esa normalización es, quizás, una de las formas más peligrosas de violencia: la que ya no nos sacude.
Pero este escenario no emerge del vacío ni es producto del azar.
Es el resultado de trayectorias: de niños, niñas y jóvenes que crecen atravesados por desigualdad, que habitan contextos donde las redes de apoyo son frágiles o inexistentes, donde el sufrimiento se acumula en silencio porque no hay dónde depositarlo, porque nadie pregunta o porque cuando alguien pregunta ya es demasiado tarde. Son niños, niñas y jóvenes que llegan a la escuela cargando historias que ningún libro de texto contempla: violencia intrafamiliar, pobreza, consumo de sustancias en el entorno cercano, pérdidas tempranas, ausencias que dejan huella.
La escuela recibe todo eso. Lo absorbe. Y muchas veces, lo enfrenta sola.
Hoy, además de educar, la escuela debe contener, intervenir y sostener situaciones que reflejan problemáticas sociales profundas que la exceden ampliamente. Lo hace con equipos sobre exigidos, recursos insuficientes, y sin la coordinación necesaria con los otros sistemas que también deberían estar presentes y activos. El resultado es una institución que carga con una responsabilidad desproporcionada, sin las herramientas para ejercerla plenamente.
Este es quizás el punto más incómodo del análisis, el que más resistencia genera: los hechos de esta naturaleza no ocurren de repente. No son explosiones que surgen de la nada. Son procesos. Tienen historia.
En una columna publicada en diciembre de 2025 en Le Monde Diplomatique https://www.lemondediplomatique.cl/trabajo-social-y-colegios-intervenir-antes-de-que-el-dano-estalle-por-maritza.html , planteé algo que hoy vuelve con más urgencia: antes de una sala de urgencia, antes de una residencia, antes de un expediente o una derivación, hubo una sala de clases. Hubo un escritorio. Hubo una profesora o un profesor que miró – o no pudo mirar – algo que no estaba bien. Lo que ocurrió en Calama no es la excepción a esa lógica. Es su expresión más brutal.
Antes del momento crítico, suelen existir señales – cambios conductuales, tensiones acumuladas, episodios previos de violencia menor, situaciones de riesgo en el hogar, en el entorno, amenazas por redes sociales, y que, por distintas razones, no logran activar respuestas oportunas ni suficientemente profundas. A veces porque no se ven. Otras veces porque se ven, pero el sistema no tiene cómo responder. Y en ocasiones, porque responder implica tocar fibras que incomodan: hablar de familias en crisis, de consumo problemático, de salud mental en un contexto donde esa conversación todavía carga con estigma.
No faltaron informes. No faltaron diagnósticos. Faltó cuidado sostenido. Esa frase, que escribí pensando en Emerson – el protagonista de El soldadito del narco – aplica con igual precisión a cada joven que llega al límite sin que nadie haya podido sostenerlo antes. Dos niños que crecen en el mismo territorio, con los mismos factores de riesgo, pueden recorrer trayectorias radicalmente distintas. No por azar, sino por la presencia – o ausencia – de un adulto significativo que miró a tiempo, acompañó y creyó.
¿Por qué no se actúa a tiempo? No siempre por negligencia o indiferencia. Muchas veces, porque el sistema no tiene la capacidad real de responder: porque el trabajador social a cargo lleva más casos de los que cualquier ser humano puede atender bien, porque la derivación al sistema de salud mental tarda meses, incluso años, porque el psicólogo del colegio atiende a cientos de estudiantes en jornadas que no alcanzan, cada 15 minutos a cada uno, porque nadie coordinó lo que educación, salud y desarrollo social debían haber hecho juntos desde mucho antes.
Cuando un joven llega al límite, no es porque la escuela falló sola. Es porque falló un entramado completo. Y ese entramado tiene nombres institucionales, tienen presupuestos asignados y tiene responsables que muchas veces permanecen invisibles en el debate público.
Frente a estos hechos, el debate público corre rápido hacia el control: más seguridad, mayores sanciones, endurecimiento de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, detectores de metales en los accesos, guardias armados en los pasillos. Esa respuesta es comprensible, especialmente cuando hay dolor y hay rabia legítima. El miedo necesita respuestas concretas, y las medidas de seguridad tienen esa apariencia reconfortante de hacer algo visible, tangible, inmediato.
Pero es insuficiente. Y en algunos casos, puede ser contraproducente.
La dimensión jurídica es necesaria. Nadie está cuestionando que existan consecuencias para quienes cometen actos de violencia, independientemente de su edad. Lo que sí merece cuestionarse – con rigor y sin comodidad – es creer que con eso basta. Que endurecer penas transforma contextos. Que una cámara de seguridad interrumpe una trayectoria de sufrimiento.
Reducir este fenómeno a una decisión individual – a “el joven que decidió hacer daño” – es cerrar los ojos ante todo lo que antecede: las condiciones de desarrollo, las experiencias acumuladas desde la infancia, los contextos familiares y comunitarios, las oportunidades de intervención que existieron en algún punto del camino y que, por razones que vale la pena investigar, no se activaron. La violencia no surge de la nada. Se construye, ladrillo a ladrillo, en medio de silencios institucionales y ausencias sostenidas. Y, por tanto, puede – y debe – ser interrumpida. Pero para eso hay que entender cómo se construye.
Chile mantiene brechas graves y persistentes en atención de salud mental para niños, niñas y adolescentes. No es una novedad, pero conviene repetirlo hasta que deje de ser aceptable: tiempos de espera que se miden en meses, a veces en más de un año. Escasa o nula integración entre el sistema de salud y el sistema educativo. Familias que buscan ayuda y encuentran puertas cerradas o listas de espera interminables.
En ese contexto, muchas situaciones de sufrimiento psíquico no reciben atención oportuna. Y el sufrimiento que no encuentra cauce, que no encuentra escucha ni contención, inevitablemente encuentra otras formas de expresarse. A veces hacia adentro. A veces hacia afuera.
La escuela es, muchas veces, el primer espacio institucional capaz de advertir que algo no está funcionando. Es el segundo gran agente de socialización, después de la familia. Cuando ese proceso falla, el problema no es únicamente pedagógico: se debilita el tejido social completo, se resiente la posibilidad de pertenencia y se instala una experiencia temprana de exclusión. Niños y jóvenes que no logran ser acogidos en el espacio escolar aprenden que lo social no cuida, y que el vínculo es frágil.
El Trabajo Social – especialmente a través de las duplas psicosociales en los establecimientos educacionales – cumple un rol insustituible en este escenario. No como solución a todo, sino como bisagra: entre la escuela y la familia, entre el estudiante y los servicios de salud, entre la señal de alerta y la respuesta concreta. Cuando esa coordinación funciona, puede interrumpir trayectorias de daño. Pero cuando falla – por sobrecarga, falta de respaldo, burocracia o desconfianza institucional – el daño se acumula en silencio.
Y entonces aparecen nombres que el país ya conoce. Nombres que solo se vuelven visibles cuando la historia ya ha explotado, cuando llegan los titulares y las preguntas tardías. No porque no hayan sido vistos antes, sino porque fueron vistos demasiado tarde. Casi siempre, primero por los medios y la policía, y no por los sistemas de cuidado.
Pero esas funciones se ejercen en condiciones que las debilitan sistemáticamente: alta carga de casos que impide la profundidad necesaria, tiempos acotados que no permiten el seguimiento sostenido, escaso reconocimiento del rol dentro de las propias instituciones. El resultado es predecible y trágico: se actúa sobre la crisis en lugar de prevenirla. Se apaga el incendio, pero no se retira el combustible. Y cuando el fuego vuelve – y vuelve – la sorpresa ya no tiene justificación.
Lo ocurrido en Calama obliga a una pregunta incómoda, pero absolutamente necesaria: ¿qué procesos previos no fueron abordados?
No para buscar culpables fáciles ni para señalar a personas que probablemente hicieron lo que podían con lo que tenían. Sino para entender, con honestidad y sin autocomplacencia, qué señales no fueron leídas como alertas, qué intervenciones no se activaron a tiempo, qué límites del sistema impidieron una respuesta más oportuna.
La falta de coordinación entre educación, salud, desarrollo social y justicia no es un problema técnico menor que se resuelve con una mesa intersectorial que se reúne cada tres meses. Es la grieta estructural por donde se cuelan las tragedias. Es el espacio donde los jóvenes en riesgo caen sin que nadie los sostenga, porque cada sistema asume que es responsabilidad del otro. Y mientras esa grieta no se cierre con decisión real y recursos concretos, seguiremos trasladando a la escuela la responsabilidad de enfrentar lo que una sociedad entera no ha sabido ni querido resolver.
No se trata de cargar sobre la escuela responsabilidades imposibles. Se trata de reconocer su lugar estratégico. De entender que fortalecer los colegios como espacios de cuidado no es un gesto simbólico, sino una política de prevención real. Porque cuando el colegio falla como espacio de protección, el Trabajo Social aparece después, intentando reparar lo que pudo haberse prevenido.
La escuela no puede ser el último dique de contención de todas las crisis sociales. Pero hoy, en Chile, en muchos casos, lo es.
Una inspectora no llegó a casa. Eso no se soluciona con más cámaras, ni con más rejas, ni con leyes más duras para adolescentes. No se soluciona con discursos de autoridad que duran lo que dura el ciclo noticioso. No se soluciona mirando hacia otro lado hasta que el próximo hecho nos obligue, por unos días, a volver a mirarnos.
Se soluciona – o al menos se previene – cuando decidimos, de verdad y no solo en el papel, que el bienestar de nuestros niños y jóvenes es una prioridad que no puede depender del próximo hecho crítico para volver a la agenda. Cuando invertimos en salud mental con la misma urgencia con que invertimos en infraestructura. Cuando los equipos psicosociales tienen las condiciones reales para hacer su trabajo. Cuando los sistemas dejan de funcionar en silos y empiezan a hablar entre sí con el mismo lenguaje: el del cuidado.
Antes de la urgencia, hubo una sala de clases. Antes de la residencia, hubo un recreo. Antes del expediente, hubo una profesora o un profesor que quizá dudó, quizá no tuvo respaldo, quizá no fue escuchado. Y mientras sigamos llegando tarde, seguiremos preguntándonos cómo pasó.
Lo ocurrido en Calama no es un hecho aislado. Es un reflejo. Y los reflejos no mienten.
Son el rostro de cómo una sociedad enfrenta – o no logra enfrentar – sus propias fracturas.
La pregunta ya no es si podíamos haberlo visto venir. La pregunta es si tenemos el coraje de actuar antes de que vuelva a ocurrir.
Todavía estamos a tiempo de no repetir esa historia.
*Maritza Ortega Palavecinos, Trabajadora Social y Administradora Publica.
El Maipo/Le Monde Diplomatique.
Nota: El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de sus autores, y no refleja necesariamente la línea editorial El Maipo.
