El proyecto minero-portuario Dominga sumó un nuevo capítulo en su extensa tramitación judicial luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogiera a trámite un recurso de casación presentado por el Sindicato de Pescadores de Totoralillo Norte, organización que respalda la iniciativa.
La decisión implica la suspensión de lo resuelto previamente por el Primer Tribunal Ambiental, lo que en la práctica vuelve a dar vigencia a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto. Además, el tribunal ordenó que el caso sea revisado por la Corte Suprema, instancia que deberá pronunciarse de manera definitiva sobre el conflicto.
Desde el sindicato impulsor del recurso valoraron el avance y manifestaron su molestia por la prolongada incertidumbre en torno al proyecto. Su presidente, Raúl Julio, afirmó que están “cansados de la incertidumbre y la espera. Los tribunales ya establecieron que el proyecto cumple con la normativa ambiental. ¡Basta ya de politizar un proceso que lleva más de 12 años!”.
En la misma línea, desde la empresa Andes Iron, titular de la iniciativa, destacaron que el fallo permite retomar el camino para su desarrollo. El gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible, Francisco Villalón, sostuvo que “a lo largo del extenso proceso de evaluación ambiental ha quedado demostrado una y otra vez que el proyecto cumple con la ley y con los más altos estándares ambientales. La sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta permite recuperar las autorizaciones ambientales del proyecto y con eso poder seguir avanzando en la construcción”.
No obstante, desde organizaciones ambientalistas advierten que el escenario aún está lejos de resolverse. Tania Rheinen, de Oceana, señaló que el proyecto “sigue sin poder construirse” y que el actual paso judicial es parte del proceso habitual. “Lo que se debe esperar es si la Suprema admite la casación. Si nos remitimos al actuar de la Corte Suprema en esta causa, lo más probable es que rechace estas casaciones y así vuelva a confirmarse el rechazo”, indicó.
De esta forma, el futuro de Dominga queda ahora en manos de la Corte Suprema, en un caso que se ha extendido por más de una década y que continúa generando debate entre desarrollo económico y protección ambiental en el norte del país.
El Maipo
